Crisis carcelaria: medidas integrales y no parciales

La tragedia de San Miguel instala en la agenda pública y política hechos que quienes trabajamos en el área penitenciaria conocemos hace ya tiempo. Hoy se abre una oportunidad para sacar abrir el diálogo hacia otros actores y enfrentar integralmente el problema.

Escribe Olga Espinoza Mávila*

Resulta evidente que la política criminal chilena ha estado dirigida hacia la mejora del procesamiento penal, pero han sido insuficientes las medidas dirigidas a la etapa siguiente a la condena: de ejecución de las sanciones impuestas.

En los últimos años la prioridad de la política penitenciaria ha estado destinada hacia la construcción de nuevos establecimientos penales, pero el crecimiento de la población encarcelada (aproximadamente en 8% anuales) no ha permitido que ello resuelva la alta tasa de hacinamiento (más del 50%) que ostenta Chile.

Estándares internacionales establecen que una celda compartida por dos reclusos debe poseer al menos 6 mts² y una celda individual debe contar con 4 mts². Estos valores deben considerar, según el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, el número de horas que un recluso pase encerrado en ese espacio. Los estándares internacionales también indican que una celda o dormitorio debe contar con luz natural o artificial que permita leer y trabajar a quienes la ocupen. Las ventanas deben permitir la entrada de aire fresco y las celdas deben ser limpiadas con regularidad, mudando la ropa de cama, ventilando y sanitizando los servicios higiénicos. Respecto del personal a cargo de la población penal, se sugiere que por cada 4 o 5 internos exista 1 gendarme a su cargo. El Centro Penitenciario de San Miguel, y la mayor parte de los establecimientos penales en Chile, están lejos de cumplir con los estándares descritos.

En abril de 2009, en la cárcel Colina II fallecieron 10 reclusos asfixiados, como consecuencia de otro incendio. Este suceso generó conmoción pública y llevó al gobierno de la época a convocar a una Comisión de expertos para plantear propuestas de solución a la crisis penitenciaria. El diagnóstico de esta Comisión puso en evidencia el aumento explosivo de la población encarcelada, las condiciones de hacinamiento y sobrepoblación, la insuficiente inversión en infraestructura, la estructura organizacional de Gendarmería enfocada principalmente en la seguridad,  la carencia de oferta adecuada en reinserción, la falta de una perspectiva intersectorial en la gestión del sistema penitenciario y el escaso control de la ejecución de la pena. Pero, además, planteó una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer la institucionalidad del sistema penitenciario, racionalizar el uso de pena privativa de libertad, mejorar el sistema de cumplimiento alternativo de penas, favorecer la reinserción social de las personas al interior de las cárceles y una vez que se encuentren en libertad, entre otros aspectos.

Todas estas recomendaciones siguen siendo plenamente vigentes luego de los sucesos del 8 de diciembre en la cárcel de San Miguel. Por lo tanto, se requiere un abordaje urgente que supere las medidas parciales y plantee el diseño integral de la política penitenciaria chilena, que sea coherente con los estándares internacionales de derechos humanos y responda, además de la infraestructura, a los otros ámbitos identificados como estratégicos para dar solución efectiva a la crisis carcelaria.

*Coordinadora del Área de Estudios Penitenciarios del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.
Comentarios (2)
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  • Andres Jose Vial

    Ojalá el tema abra un debate y no se repitan situaciones como las de San Miguel. Bien por la columnista!