Mauricio Daza: En contra de la Corrupción! (en la medida de lo posible…)

La corrupción se debe enfrentar no sólo a través de iniciativas legales, sino también con un escrutinio ciudadano activo que revele y exponga las actuaciones de quienes estando obligados a colocar el interés general por sobre el particular, sencillamente no lo hacen.

Por Mauricio Daza Carrasco*

Durante las últimas semanas han quedado al descubierto los intereses de diversos grupos y las posturas de varias fuerzas políticas ante el fenómeno de la corrupción, lo que habla de cual es el estado real y proyección de la lucha en contra de ese fenómeno en nuestro país.

El cierre del caso Penta demostró que la autonomía del Ministerio Público está lejos de garantizar que el interés general va a prevalecer en las decisiones que se adopten en esa institución, especialmente en casos graves de corrupción. Lo anterior quedó de manifiesto con especial evidencia en el juicio abreviado de los acusados Délano, Lavín y Wagner. Después que se les formalizó en marzo de 2015 por delitos reiterados de soborno y cohecho, afirmando pagos ilícitos y gestiones a cambio de los mismos, se desarrolló una completa investigación a cargo de los fiscales Gajardo y Norambuena. Una vez reunidos centenares de antecedentes, la fiscalía decidió cerrar la investigación y acusar, solicitando penas efectivas de hasta 10 años de cárcel.

Finalmente, sin mediar ningún nuevo antecedente, el fiscal Manuel Guerra decidió no ir a juicio, señalando que no habría delitos de cohecho, en contra de lo que se afirmó en la acusación original. Además informó que a partir de una negociación con las defensas se terminaría el caso con un procedimiento abreviado bajo penas pactadas y remitidas, incluidas “clases de ética” para los dueños de grupo Penta. Todo esto, en contra de la opinión de la unidad de anticorrupción de la Fiscalía y del CDE.

Pero Guerra llegó incluso más lejos. Sin que fuera necesario para ejecutar el abreviado, le pidió al tribunal eliminar de la causa todo lo relativo a las gestiones hechas por Wagner a cambio de los pagos recibidos de Penta. A partir de esto, sostuvo que ni el CDE ni los demás querellantes podían hacer mención de esas contraprestaciones ni a los antecedentes que las acreditaban. Entonces se llegó al absurdo de rechazar las imputaciones de cohecho sostenidas por los acusadores, ya que sólo “existían jurídicamente” los pagos, pero no contraprestaciones. Un burdo artificio.

Frente a las críticas, Guerra sostuvo que tenía la convicción que con los antecedentes de la investigación no lograría acreditar el cohecho en juicio oral, lo que no sólo es contradictorio con la acusación que él mismo firmó junto a los renunciados fiscales Gajardo y Norambuena hace algunos meses, sino que tampoco es consistente con su conducta en la audiencia de juicio abreviado. ¿Si era realmente cierto que la totalidad de hechos imputados y antecedentes reunidos en la causa no alcanzarían para condenar en juicio oral por cohecho, cuál era la necesidad de eliminar gran parte de ellos para viabilizar el acuerdo?

Por otra parte, un grupo de parlamentarios de diversas bancadas presentaron una petición de destitución en contra del fiscal nacional Jorge Abbott por reiterados actos vinculados a casos de corrupción y abusos laborales, constitutivos de la causal de “negligencia manifiesta”. No obstante que se trata de una petición clara, fundada en antecedentes de hecho y argumentos jurídicos manifiestamente plausibles y consistentes, su presentación generó controversia en sectores que han levantado una opción política bajo las banderas de la lucha contra la corrupción y los abusos de poder.

El sector dominante de Revolución Democrática sostuvo que no apoyaría esta presentación, afirmando que estaría formulada de manera inconsistente, por lo que ni siquiera pasaría la admisibilidad ante el pleno de la Corte Suprema. Además, esgrimieron la excusa de que ellos se enfocarían en mejorar la legislación relativa a la tipificación y sanción del cohecho, en vez de pedir la destitución de una determinada autoridad. Cabe señalar que en este contexto, han surgido múltiples versiones que dan cuenta que esos sectores además habrían llamado a varios diputados para que no suscribieran la petición de destitución, e incluso con posterioridad habrían filtrado a un medio nacional una “minuta interna” de autoría desconocida, donde se esbozaban algunos “argumentos” para rechazarla, a un día de que el pleno del máximo tribunal se reuniera para decidir sobre su admisibilidad.

Finalmente, los argumentos sobre la inconsistencia del escrito quedaron en nada frente a la decisión unánime para declararlo admisible, abriendo por primera vez un proceso donde el Fiscal Nacional deberá rendir cuenta a un órgano externo e independiente sobre sus actuaciones en el cargo, lo cual constituye un enorme éxito, más allá de la decisión que se adopte finalmente, y que podría llevar a su destitución. Por otra parte, la excusa absurda de que los diputados deben elegir entre fiscalizar y legislar, como si se trataran de actuaciones incompatibles, también se diluyó. La comisión mixta que está revisando el proyecto de ley sobre cohecho, en un principio desechó castigar los pagos ilícitos efectuados a un funcionario público en razón de su cargo, lo que era parte esencial de las reformas que se buscaban. Sin embargo, a partir de la actuación del diputado PS Soto y del senador DC Huenchumilla, se avanzó para conseguir una fórmula que tipifique como delito esa conducta, la cual incluso consiguió el apoyo del gobierno. En ese contexto, la actuación de la diputada de RD que forma parte de dicha comisión demostró ser intrascendente.

Si bien por lo general relacionamos corrupción con el pago de funcionarios públicos a cambio de ciertos favores, su marco es mucho más amplio, y en cierta medida también incluye la hipocresía de algunas autoridades y dirigentes políticos que sostienen una cosa, pero que actúan en un sentido contrario. En este contexto, la corrupción se debe enfrentar no sólo a través de iniciativas legales, sino también con un escrutinio ciudadano activo que revele y exponga las actuaciones de quienes estando obligados a colocar el interés general por sobre el particular, sencillamente no lo hacen.

*Abogado. Magister en Derecho Penal y Procesal Penal.

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