Públicos pero no deliberantes

Ernesto Behnke

Médico

Mis excusas a los lectores de esta columna por ser nuevamente autorreferente, como en la primera de ellas donde hablé de mi viaje a Cuba invitado por S.E. la Presidenta de la República. Esta vez quiero referirme a mi condición de funcionario público, la cual es compartida por miles de chilenos que día a día se levantan entre las seis y siete de la mañana para cumplir 44 horas semanales en modestas o complejas actividades y relevantes funciones.

Son aquellos que intentan dar cuerpo, insertos en las distintas estructuras donde trabajan, al Estado de Chile, materializando las tan demandadas Políticas Publicas, con las cuales muchos hacen gárgaras de conocimientos, vaciados en Cursos, Diplomas y Magíster.

Insertos en la Administración asumen derechos, obligaciones y responsabilidades, que se encuentran reguladas por el Estatuto Administrativo, originadas a su vez en la Ley de Bases de la Administración del Estado.

Estos funcionarios públicos son profesionales de todo tipo, técnicos en diferentes materias, gestores administrativos, administrativos, secretarias y modestos auxiliares. Ellos son los ejecutores de las leyes que son propuestas por el Ejecutivo al parlamento, obligados a cumplirlas… aun cuando en algunos casos estén en desacuerdo con ellas.

Tienen familias, esposos, hijos, madres. Se les exige ser responsables, tener buen trato al público y estar permanentemente vestidos de manera adecuada. En su gran mayoría pertenecen a la vapuleada clase media y se diferencian de los autodenominados Servidores Públicos, por los distintos niveles de sus ingresos o remuneraciones.

Sus actividades pasan desde las grandes decisiones, hasta las modestas acciones como ser responsables de las informaciones, el aseo o -en ocasiones- la seguridad de los sitios de trabajo.

La mayoría se desenvuelve en una repartición pública durante toda su vida y se identifica con ella, sintiéndose parte de la misma, como si fuera su gran familia.

Estos funcionarios públicos son periódicamente denostados por ser burócratas, por ser ineficientes, por ser ignorantes, por ser corruptos y últimamente por hacer política.

¿Acaso la política es una actividad ajena a nuestras vidas? ¿Acaso no hicieron política aquellos que perteneciendo al Reino de España crearon la Primera Junta Nacional de Gobierno? ¿No la hicieron aquellos que reivindicaron sus derechos laborales? ¿O aquellos que nos opusimos al Gobierno Militar? ¿No la hicieron aquellos nombrados por el Gobierno de la época, con absoluta inmunidad para sus opiniones y desde esos cargos en que adquirieron notoriedad publica, les fue posible acceder en algunos casos a cargo de representación popular, con la recuperación de la Democracia?

Así es, los funcionarios públicos, al igual que cualquier ciudadano, siempre han tenido opinión política y salvo en periodos de dictaduras han ejercido el derecho a manifestarla o pertenecer a cualquier partido político, credo religioso o equipo de futbol.

Es por eso que sorprende esta corriente de prohibiciones, que originadas en hechos repudiables como son el uso de recursos fiscales para fines partidistas, terminen en la censura de lo que legítimamente tenemos derecho como ciudadanos libres: la opinión política o si lo quieren en otras palabras, el derecho a deliberar.

Los tiempos de censura y de vetos, gloriosos para algunos, ya pasaron y es interesante identificar aquellos que intentan en forma no muy velada, volver a ponerlos en escena.

Recordemos que en algún momento de la historia de nuestro país, los políticos empujaron a deliberar, a quienes constitucionalmente sí estaban impedidos de hacerlo.

Se parecen mucho a aquellos que hoy en día, bajo el pretexto de intervención electoral, pretenden imponer a los funcionarios públicos la categoría de personas no deliberantes.

¿Habrá un minuto de reflexión, para analizar adonde nos quieren conducir?

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