Colapsos de edificios e inmobiliarias

“Si existiese RSE, la asociación gremial que reúne a las constructoras ejerciendo las sanas prácticas de la autorregulación del mercado, ya habría expulsado con publicidad a todos sus socios que ocasionaron perjuicios a sus clientes”

Escribe Patricio Herman // Presidente Agrupación Defendamos la Ciudad

Chile es un país sísmico y por ello la normativa de los cálculos estructurales es exigente. Pero el problema es que el Estado no los fiscaliza ni tampoco los estudios de mecánica de suelos, ni menos constata que los materiales que se utilizan sean los idóneos para las cargas de los edificios.

En general la industria de la construcción salió bien con el último terremoto, pero ciertos empresarios inmobiliarios, ansiosos en reducir los costos para así mejorar las rentabilidades de sus negocios, levantaron innumerables edificios que colapsaron dejando en la calle a sus moradores.

En El Periodista y otros medios hemos sido obstinados críticos del sistema imperante en este sector de la economía, pero los poderes fácticos ligados a tal actividad productiva han sido más fructíferos en sus mensajes dirigidos a quienes toman las decisiones y por ello los servicios públicos están ausentes, permitiéndoles a los privados que hagan lo que deseen. En distintas ocasiones grupos ciudadanos se dirigieron por escrito a la presidenta Bachelet, haciéndole notar la ausencia del Estado en esta materia, pero nunca contestó ni se preocupó de la denuncia, posiblemente porque no quería incomodar a tan circunspectos empresarios.

Es preocupante que las inmobiliarias, conocidos los colapsos de sus edificios, no hayan asumido desde el primer momento sus responsabilidades por los perjuicios ocasionados a sus clientes. Paz Corp y el holding Penta, con ocasión de sus edificios “Emerald” y “Regina Oriente”, respectivamente, ambos en Ñuñoa, dieron señales en orden a que iban a devolver el dinero pagado por los compradores, pero a través de los días, este ofrecimiento se ha estado diluyendo. El resto de las inmobiliarias brilla por su ausencia y la Cámara de la Construcción, con penosos argumentos, defiende a sus desfachatados asociados, uno de los cuales en Concepción, preparándose para la demanda judicial, ya transfirió sus bienes a terceros.

Como el Estado se mantiene mudo, más aún, inerte, los engañados compradores tendrán que rascarse con sus uñas ejerciendo acciones judiciales en contra de aquellos irresponsables comerciantes, quienes seguramente alegarán que sus edificios fueron evacuados por fuerza mayor o caso fortuito y que ellos levantaron sus obras con permisos y recepciones finales de cada municipio. Sabemos que esos razonamientos no sirven de nada porque las construcciones ruinosas con el movimiento sísmico no se enmarcaron en las reglas del juego.

Si en el sistema económico chileno existiese lo que se llama Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la asociación gremial respectiva ejerciendo las sanas prácticas de la autorregulación del mercado, ya habría expulsado con publicidad a todos sus socios que ocasionaron perjuicios a sus clientes. Pero como sabemos que la Cámara de la Construcción es un ente corporativo cuya única misión es resguardar los intereses de sus asociados, sólo explicará a la opinión pública que “se están haciendo estudios para determinar los errores” (sic) y así quedará conforme.

Pero como creemos en los milagros, pudiera ser posible que Piñera, importante ex actor inmobiliario, imparta instrucciones al sector para que éste se comporte a la altura de las circunstancias, pagando todas las compensaciones a quienes fueron sus víctimas.