Forenses argentinos desmienten a Peña Nieto sobre desaparecidos de Ayotzinapa en México

La versión del presidente de México, Enrique Peña Nieto, que indica que los cuerpos de 43 estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa, desaparecidos desde 2014, fueron quemados, fue desmentida el jueves por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

“En 18 meses de recolección y examen multidisciplinario de la evidencia física proveniente del Basurero de Cocula no se encontraron elementos científicos objetivos que sustenten la incineración de 43 cuerpos en la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014 en ese lugar”, dijeron los forenses en un mensaje al mandatario.

La semana pasada, en una entrevista televisiva, Peña Nieto reafirmó la llamada “verdad histórica” de que los 43 estudiantes fueron secuestrados en 2014 por policías en la ciudad de Iguala, 220 kilómetros al sur de la capital, que los entregaron a narcotraficantes que los asesinaron e incineraron sus cuerpos en el basurero municipal a cielo abierto en una quebrada de Cocula (centro-oeste).

Los forenses argentinos colaboraron con la fiscalía federal y con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI de la CIDH), a pedido de las familias de las víctimas de desaparición forzada.

El EAAF reitera que la teoría de la gigantesca pira para calcinar los 43 cuerpos no se soporta en evidencias.

“Estas conclusiones constan en nuestro dictamen entregado a la respectiva Averiguación Previa (de la fiscalía federal) y que fue presentado en conferencia de prensa en febrero del 2016”, recuerdan los expertos.

Con motivo de Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el EAAF dijo que está “a favor de que la investigación sobre los 43 normalistas desaparecidos se amplíe para que se les pueda dar a los padres de los estudiantes una respuesta certera sobre lo ocurrido con sus hijos” de la Escuela Normal de Ayotzinapa, localizada en las montañas del sureño estado de Guerrero.

El EAAF fue creado hace 34 años para investigar evidencias de las graves violaciones a los derechos humanos, ocurridos en contextos de dictaduras y guerras civiles.

La noche del 26 de septiembre de 2014, patrullas de policías de varios municipios atacaron a balazos a cinco autobuses con alrededor de un centenar de estudiantes en distintos puntos de Iguala, en donde murieron siete personas, 25 resultaron heridas y 43 jóvenes fueron detenidos y entregados por los policías a la organización narcotraficante Guerreros Unidos, según confesiones.

En noviembre de 2014, el entonces fiscal Jesús Murillo, quien fue removido del cargo en agosto de 2015 entre múltiples críticas por la investigación, dijo que los estudiantes habían sido quemados en el basurero de Cocula y que sus restos fueron lanzados al pequeño río San Juan, que cruza la localidad rural.

Tras las confesiones de los presuntos criminales, restos calcinados fueron recuperados del río y analizados en el laboratorio forense de la Universidad de Innsbruck, Austria, pero los estudios genéticos solo lograron identificar a uno de los 43 muchachos desaparecidos.

Un peritaje del GIEI también descartó esa versión por la imposibilidad de una pira suficiente para calcinar a 43 personas. (Sputnik)

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