Justicia argentina fija primer juicio oral contra expresidenta Fernández para 2019

El primer juicio oral contra la senadora y expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) será el 26 de febrero, anunció el lunes el Tribunal Oral Federal 2, dijeron medios de prensa locales.

El juicio se referirá a la causa que investigó el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del Grupo Austral, según el diario Clarín.

El juicio no sólo sería contra la expresidenta, sino que también contra el empresario Lázaro Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros.

“Debe destacarse la trascendencia de que la causa sea elevada inmediatamente a juicio, no sólo porque esa es la etapa en la que las partes discutirán con plenitud, (…) sino también porque desde el 22 de diciembre del pasado año se encuentra detenido a disposición de este juzgado el imputado Carlos Santiago Kirchner respecto del cual se dictó prisión preventiva”, expresó el juez Julián Ercolini cuando elevó la causa a juicio oral.

Según Clarín, se trata del expediente “más importante” de las causas por corrupción en las que está acusada Fernández, ya que las maniobras investigadas consisten en un delito precedente que permitió expandir “la matriz de corrupción”.

El juez acusó a la actual senadora de ser “jefa de una asociación ilícita” y de haber defraudado al Estado para favorecer a Báez en 52 contratos de obra pública vial por 46.000 millones de pesos.

Mientras tanto, la expresidenta afirmó este lunes que la investigación judicial en su contra por supuestas coimas millonarias en obras públicas durante su gestión está llena de “gravísimas irregularidades”, y señaló que los argumentos esgrimidos en su contra “carecen de todo contenido jurídico”.

Fernández estaba citada el lunes por la Justicia a otra causa por presunta corrupción, donde el juez Claudio Bonadío investiga a Fernández por presuntamente encabezar una asociación ilícita que se dedicó durante su gestión a la recaudación de fondos ilegales a cambio de la concesión de obra pública. (Sputnik)

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