Tribunal de Defensa de la Libre Competencia investigará "favoritismo" en el avisaje estatal

La investigación es producto de una demanda que apunta a evitar la inclinación del Estado por El Mercurio y Copesa, a la hora de las asignación del avisaje publicitario.

Según datos del Observatorio de Medios Fucatel, la empresas El Mercurio y Copesa concentraron el 77 por ciento de la inversión publicitaria que el Estado chileno destina a los medios de comunicación escritos, cifra por sobre los 9 millones de dólares. Sólo un 15% de este presupuesto fue destinado a los diarios regionales, revistas y periódicos independientes.

Esto es lo que tras una batalla de años busca evitar la Revista Punto Final, mediante una demanda en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, guiada por el abogado Alberto Espinoza.

El principal alegato de esta demanda es que el favoritismo del Estado por los grandes medios, atañe a la libertad de expresión y al derecho a la información de todos los chilenos y por consiguiente, la cuestión de fondo tiene evidentes connotaciones filosóficas, políticas e ideológicas, pues la discriminación significa un apego abierto del Estado en beneficio de los diarios monopólicos.

Según el abogado “el tema de fondo no es exclusivamente el avisaje, sino el rol del Estado en la promoción del derecho a informarse, que también es un derecho humano reconocido por el estatuto jurídico del tratado de la Corte Interamericana de Justicia, suscrito también por Chile”.

Una batalla de años

La lucha de Punto Final y su director, Manuel Cabieses Donoso, por la democratización del gasto estatal en publicidad comenzó en 2002, con una carta de Cabieses al presidente de la época, Ricardo Lagos, pero tuvieron un hito importante el 13 de septiembre de 2006, cuando la revista recurrió al Fiscal Nacional Económico, Enrique Vergara Vial, contra el incumplimiento de los principios de la “libre competencia” por parte del Estado. El Fiscal Vergara se tomó más de un año para responder -el 26 de octubre de 2007- que a “la libre competencia” sólo la regula “la mano invisible del mercado”: “De hecho, en general, las entidades públicas contratan dicho avisaje en función de parámetros de mercado”, dijo.

Debieron pasar varios años desde la carta de Cabieses para que el Congreso tomara parte y aprobara una Comisión Especial Investigadora del Avisaje del estado, presidida por Marco Enríquez-Ominami.

En dicha instancia los diputados subrayaron que los medios distintos a las cadenas El Mercurio y Copesa-La Tercera pueden verse afectados “por las condiciones de contratación vigentes en Chile y atendiendo a que los criterios que se utilizan para la selección de medios son los datos de circulación y precio, que actualmente no miden a dichos medios”. En el informe alertaron que este situación “atenta contra el pluralismo y favorece la concentración” de la propiedad de los medios.

Una vez que se conozca el fallo del TDLC todavía queda una última instancia en Chile: la Corte Suprema de Justicia. Y si la sentencia resulta adversa para la revista Punto Final, el caso podrá elevarse a la Corte Interamericana de Justicia. Por lo tanto esta pelea jurídica por la libertad de expresión y el pluralismo informativo todavía podría continuar por varios años.

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