Amnistía Internacional se inquieta por eventual aprobación en Chile de llamada "Ley Antitomas"

Al resumir en una “carta abierta” la actuación del gobierno de Sebastián Piñera en sus primeros dos años en La Moneda, el organismo internacional que vela por el respeto a los DDHH en el mundo destacó algunos avances y manifestó sus preocupaciones y recomendaciones sobre la situación nacional.

Por Montserrat Martorell

Amnistía Internacional envió una carta abierta al presidente Sebastián Piñera en la que, junto con reconocer en sus primeros dos años “pasos positivos hacia el respeto y protección de los derechos humanos en Chile”, señala su “inquietud” ante la posibilidad de que se apruebe en el corto plazo la Ley que Fortalece el Resguardo del Orden Público, conocida como la “Ley Antitomas”.

Entre los avances, la entidad humanitaria destacó “la entrada en funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la publicación del informe de la Comisión Valech II. Sin embargo, Amnistía dice que “ve con mucha preocupación las violaciones a los derechos humanos que se han registrado en el último año en el contexto de las marchas y la protesta social. Las denuncias hechas por las personas manifestantes aducen al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía; uso inadecuado de gases lacrimógenos y cañones de agua; detenciones arbitrarias e informes de tortura y maltrato, incluyendo golpes y amenazas de violencia sexual.

Si bien reconoce el organismo internacional “el difícil contexto en que el cuerpo de carabineros debe actuar y que los estados están obligados a mantener el orden público”, señala que ello de be hacerse “de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos, las cuales regulan el uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

En este contexto, Amnistía Internacional manifiesta su particular inquietud ante la posibilidad de que se apruebe en el corto plazo la Ley que Fortalece el Resguardo del Orden Público, conocida como la “Ley Antitomas”. A juicio de la organización, este Proyecto de Ley en su actual redacción queda abierto a interpretaciones que podrían significar una vulneración a los derechos humanos, tales como la libertad de expresión, reunión, asociación y circulación.

“De especial preocupación, advierte AI, es la redacción del artículo 269 del Código Penal, pues no contempla una definición de “desórdenes”, lo cual implicaría que la misma pena resultaría aplicable a conductas muy disímiles. Por ejemplo, se aplicaría la misma sanción a quien mediante una marcha pacífica altera la libre circulación y a quien lo hace mediante el uso de la violencia o la fuerza. Si bien es cierto que podría argumentarse que el objetivo de este Proyecto de Ley es detener “desórdenes” de carácter violento, el texto es lo suficientemente amplio como para permitir también interpretar que se podría estar limitando la libertad de expresión, reunión, asociación y circulación”, señala la entidad.

Pueblo indígenas

Por otra parte, Amnistía Internacional reitera su inquietud por la situación de los pueblos indígenas, pues no se han percibido los avances esperados durante los dos primeros años de la administración del gobierno de Piñera.

A pesar de que reconoce como positiva la votación de Chile a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la ratificación del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio 169) de la Organización Internacional del Trabajo, asegura que el compromiso de Chile con los derechos de los pueblos indígenas “sólo cobrará efecto si se ve acompañado por acciones concretas para implementar a nivel nacional los principios contenidos en estos dos instrumentos internacionales.

AI destaca, asimismo, el anuncio de derogar el Decreto Supremo 124 que fue duramente criticado por violar las disposiciones del Convenio 169 en materia de consulta a los pueblos indígenas. “De esta manera, el gobierno debe dar consistentes pasos hacia adelante en este tema, dando señales claras de implementación de procedimientos de consultas, consentimiento libre, previo e informado por parte de los pueblos originarios”.

Otro punto que Amnistía Internacional han señalado como alarmante lo constituye las denuncias recibidas sobre una aparente aplicación discriminatoria de la “Ley Antiterrorista” para juzgar a personas mapuche; esto a pesar de la modificación que tuvo esta ley en el año 2010.  De especial preocupación es el aparente desconocimiento por parte de las autoridades de la modificación que excluía a los menores de 18 años. Es totalmente deplorable que al día de hoy cuatro menores estarían siendo procesados bajo esta ley.

Otro tema importante que Amnistía Internacional planteó al presidente Piñera tiene relación con un elemento clave que se requiere para fortalecer la institucionalidad de los derechos humanos en el país. Chile necesita una legislación integral que sancione conductas discriminatorias de la que son objeto algunas personas en razón de su origen étnico, nacionalidad, sexo, identidad sexual o creencias religiosas.

La organización valora la reacción del gobierno de dar urgencia al trámite legislativo de esta ley como consecuencia del grave ataque sufrido por Daniel Zamudio. Sin embargo, sigue preocupando la redacción de este proyecto, el cual ha sufrido diversas modificaciones, por lo que Amnistía Internacional reitera la importancia de que el texto incluya necesariamente categorías protegidas como el sexo, la orientación sexual y la identidad de género.

Finalmente, Amnistía Internacional queda expectante del debate parlamentario sobre el Proyecto de Ley que crea una Subsecretaría de Derechos Humanos bajo el alero del Ministerio de Justicia y que incluiría la creación de un Plan Nacional de Derechos Humanos. Se espera que esta normativa genere nuevas oportunidades para la promoción y protección de los derechos humanos en Chile y que se cuente con organizaciones de la sociedad civil en su diseño e implementación.

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