Ministerio del Interior condenado a pagar costas al sobreseerse causas por Ley de Seguridad del Estado

Concluyó así el drama de 16 vecinos y pobladores de la región de Aysén acusados por el jefe de Gabinete de ser “personas extraordinariamente violentas, que no trepidan en ejecutar incendios, bombas molotov y apedreos a un avión”. Ya el 22 de marzo se habían sobreseído las otras 6 querellas, tramitadas en el juzgado de Puerto Cisnes, también por desestimiento del gobierno.

Una condena al ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter a pagar las costas del proceso en contra de 16 de los 22 querellados por la Ley de Seguridad del Estado, que de aceptarse el canon de la Defensoría Penal podría llegar a los $ 19 millones.  Las otras 6 causas ya habían sido sobreseídas en una audiencia realizada en Puerto Cisnes el 23 de abril.

A ello se suma una denuncia en contra del jefe de Gabinete de Piñera por “querella calumniosa”, producto de las graves imputaciones que incluía el libelo original.

Tales fueron los resultados concretos de la querella que interpuso el 16 de marzo Rodrigo Hinzpeter en contra de 22 vecinos de Puerto Aysén, Villa Mañihuales, Lago Verde y Puerto Cisnes, acusándolos públicamente en la ocasión de ser “personas extraordinariamente violentas, que no trepidan en ejecutar incendios, bombas molotov y apedreos a un avión”.

La audiencia realizada este miércoles duró aproximadamente una hora, participando en la defensa los abogados Rodrigo de los Reyes (que junto al jurista Marcelo Rodríguez y el asesor jurídico Patricio Aylwin patrocinó a 2 personas), Lorenzo Avilés (una), el abogado de la Municipalidad de Aysén Rodolfo Knöpke (una) y el defensor regional Fernando Acuña (doce).

Una vez finalizada la sesión, los ahora ex querellados se mostraron tranquilos con la decisión pero contrariados por todo lo vivido. “Bien, era algo que tenía que ser así, porque había mucho que discutir en el fondo.  Hay que esperar los pasos a seguir, yo por mi parte no voy a dejarlo aquí, y ahora empieza la carrera por el otro lado” señaló Jorge Atton.

Para Elizabeth Paillaleve fue “muy bueno el juicio, excelentes abogados, nos representaron muy bien.  Por fin salimos de esto, estamos súper tranquilos, más aliviados, y muy contenta por mis vecinos y compañeras, las que tenemos hartos hijos, que nos fue harto duro esto”.  Y ahondó en los efectos sociales que tuvo la querella presentada por el ministro del Interior: “A nivel de familia nos ha complicado bastante.  De hecho en la calle de repente la gente lo hace como broma y nos dice ‘terroristas, terroristas’.  Esto pasa a segundo plano por este término de causa.  Ya no soy terrorista”.

Al respecto, el abogado Rodrigo de los Reyes, explicó los alcances del sobreseimiento.  “Nos llena de alegría porque se hace justicia a una comunidad golpeada no sólo por temas estructurales que tiene Chacabuco y Puerto Aysén, y legítimas demandas que ha puesto la mesa social, sino que golpeada por el aparato punitivo del Estado a un conjunto de pobladores, gente trabajadora y honesta, y se declara judicialmente que el ministerio del Interior, independiente de que ellos se hayan desistido, nunca tuvo certeros y claros antecedentes de que esas personas participaron en hechos que alteraran el orden público”.

El profesional agregó que con la denuncia presentada en contra de Rodrigo Hinzpeter por “querella calumniosa” se abre una arista para determinar “quién dio los nombres de estos vecinos, quién redactó la querella, en virtud de qué antecedente se les denunció y se les querelló por una ley tan severa y de tan alto gravamen como la Ley de Seguridad del Estado”.

En este sentido, comienza la discusión respecto de quién debe pagar las costas del frustrado juicio: el Estado de Chile o Rodrigo Hinzpeter en términos personales, ya que fue su decisión y,  de pagar el ministerio, se daría la paradoja que los propios querellados pagarían, a través de sus impuestos, las costas del juicio en su contra.

Los ex querellados

Con esta resolución fueron liberados de toda responsabilidad Hugo Jaramillo Caro, David Barrientos Quiñones, Lucía Pérez Venegas, Elisa CGIL Llaiquel, Juan Almonacid Chiguay, Juan Luis Atton Valenzuela, Ramón Navarro Arancibia, Jorge Navarro Arancibia, Erico Gatica Zenteno, Fernando Quintallana Vera, Erika Hernández Vásquez, Elizabeth Paillaleve Alvarez, Guillermina Cayún Poblete, Sandra Barría Vargas, Jorge Corvalán Clavero y Honorino Angulo Mancilla.

Se suman así a sus compañeros de “querella” cuya causa también terminó por desestimiento del ministerio del Interior: Gabriela Barrientos Araneda, Erwin Sandoval Carrasco, Ingrid Becker Cordano, Pedro Vargas Díaz, quienes fueron apoyados por el defensor regional Fernando Acuña.  En el caso de Félix Rivera Oyarzo y Jacqueline Carrasco Arias, su defensor fue el abogado de la municipalidad de Lago Verde Waldo Barraza.

En dicha ocasión el ministro del Interior también fue condenado a las costas.

En la actualidad el canon de la Defensoría Penal de poco más de un millón 179 mil pesos por la defensa de cada imputado.

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