Progresistas de MEO rechazan venta de fármacos en supermercados

El ex candidato presidencial sostuvo que “los medicamentos son la llave de acceso a la salud que el Estado debe asegurar” y que es “una obligación constitucional” garantizar el correcto expendio de medicinas a la población.

Los progresistas reaccionaron enérgicamente ante la indiscutible distorsión tarifaria que afecta al mercado farmacéutico nacional, esta  situación afirmaron, redunda en una sobre valoración artificiosa en los precios de los medicamentos, lo que limita el acceso a la salud y perjudica la calidad de vida de millones de chilenos; condenaron la iniciativa legal propuesta por el Ejecutivo, que pretende liberalizar la venta de fármacos en expendios distintos a los que establece la ordenanza sanitaria.

El doctor Rodrigo Martínez Peric, Coordinador Programático de Salud de la Fundación Progresa, consideró repulsiva la medida anunciada, “es de carácter puramente economicista, dudosamente podrá controlar el sobre precio que los chilenos debemos pagar por las medicinas, encerrando un riesgo sanitario cierto”. El especialista agregó además, “la medida anunciada tampoco enfrenta las verdaderas causas de la distorsión existente en el mercado farmacéutico nacional, que exhibe una completa desregulación sanitaria y una concentración económica inaceptable. Dueto que ha favorecido la colusión, la concertación de precios y la configuración de carteles comerciales entre laboratorios y farmacias mayoristas”.

El líder de los progresistas, Marco Enríquez-Ominami, aseguró desde Isla de Pascua, donde realiza un conjunto de actividades, que el estado debe asumir el rol que le corresponde, “en el mundo desarrollado, el que otorga derechos a las personas, los medicamentos no son considerados bienes ordinarios de consumo, pues representan la llave de acceso a la salud. Por tanto, normalmente es una obligación constitucional del Estado, asegurar el correcto expendio de medicinas a la población”.

Los progresistas propusieron una serie de medidas para mejorar el acceso a los medicamentos, desde “diversificar los puntos de expendio de medicamentos fraccionando el oligopolio existente, eso sí, manteniendo un formato estrictamente sanitario a cargo de un químico farmacéutico profesional”, hasta la “reincorporación de la farmacia a la cadena de salud, restituyendo el poder regulador que otrora ejercía la Autoridad Sanitaria, hoy en manos de la Autoridad Económica”. También manifestaron que “el Estado debe transformarse en el gran regulador del sector farmacéutico, pues constitucionalmente está obligado a garantizar el acceso a la salud de la población”.

Los dirigentes progresistas sostuvieron además que es necesario e imperativo, crear un Código Orgánico que regule la actividad farmacéutica desde una perspectiva integradora, humana y técnica. Certificar la calidad de todos los medicamentos que se expenden en el país y ello en concordancia con la normativa que definirá el Código Orgánico y además crear el Formulario Popular de Medicamentos Garantizados, un listado de medicamentos genéricos bio equivalentes a precios asequibles. Para estos proponen utilizar el gran poder comprador de la Cenabast, entidad que distribuirá las medicinas en una amplia red de expendio, en la que recobrarán protagonismo las farmacias independientes, y los puntos de abasto de la red pública de salud.

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