Educación y ley SEP: Distinguir la paja del trigo
Los resultados educativos medidos por puntajes y niveles de logro en el SIMCE indican que, después de años de estancamiento se está produciendo un aumento importante en los últimos resultados impulsados fundamentalmente por los niveles socioeconómicos bajos y medios bajos en los cuales la ley SEP es donde más apoya, acortando la brecha y mejorando calidad y equidad.
Por Sebastián Miranda H., director Educación Arquimed*
En el año 2008 se promulgó la Ley de Subvención Escolar Preferencial, una iniciativa que busca brindar mayor equidad al sistema educacional subvencionado al dotar de mayores recursos a establecimientos en los cuales se educan alumnos de condiciones socioeconómicas disminuidas.
De acuerdo a la normativa un 70% de los llamados “alumnos prioritarios” estudian en Escuelas Municipales. El dinero, que le pertenece al estudiante prioritario, puede ser invertido por la escuela en un plan de mejoramiento educativo. Este incluye acciones concretas que focalizan la escuela en el desarrollo de aprendizajes claves en lenguaje inicialmente, luego en matemáticas y posteriormente en ciencias.
Esta Ley logró inyectar en 4 años a un sistema acostumbrado a “administrar pobreza”, una cifra estimada de USD$ 2.000 millones, lo que sin duda es una gran cantidad de dinero para un país como el nuestro aun cuando la cifra total de inversión en educación básica representa un tercio del promedio de los países de la OECD con quienes nos comparamos.
Los recursos estuvieron acompañados de planes de mejora, metas, acciones, indicadores y asistencia técnica logrando a grandes rasgos y con una dispersión muy grande explicada por las capacidades institucionales focalizar al sistema educacional subvencionado en el trabajo sobre pocos objetivos.
Aspectos claves de lecto-escritura, comprensión de lectura y resolución de problemas por nombrar algunos, hoy es común encontrar en las escuelas programas de plan lector, desarrollo de habilidades, enriquecimiento didáctico, algo que hace diez años era muy difícil de encontrar.
Desde este punto de vista, la Ley SEP es uno de los más importantes si es que no el único mecanismo con los que hoy cuentan las escuelas públicas en Chile para mejorar sus procesos de enseñanza y aprendizaje.
Hace pocas semanas y a partir de la divulgación del resumen de la auditoría realizada por la Contraloría a poco más de 70 Municipios, se detectó que aproximadamente USD$ 50 millones no han sido correctamente rendidos o han sido gastados en ítems diferentes que los que la ley acepta, aun cuando puedan haber sido ítems de educación. Esto ha extendido un manto de duda respecto de la pertinencia de la ley y de su real beneficio: mejorar la educación de los niños más vulnerables.
En este contexto resulta urgente evaluar si el mecanismo es el adecuado, en definitiva ¿Sirve la LEY SEP? Mi respuesta es Si.
Los resultados educativos medidos por puntajes y niveles de logro en el SIMCE indican que, después de años de estancamiento se está produciendo un aumento importante en los últimos resultados impulsados fundamentalmente por los niveles socioeconómicos bajos y medios bajos en los cuales la ley SEP es donde más apoya, acortando la brecha y mejorando calidad y equidad.
Por otra parte, una encuesta realizada por el equipo de evaluación de Arquimed-Educación en más de 550 directores y docentes da cuenta que sobre el 65% de los entrevistados opinan que su escuela ha mejorado en los últimos años y otro factor, que aunque es más cualitativo no es menos relevante: hoy el nivel de asesoría que exigen los directores, jefes técnicos y docentes es de mejor calidad, más específico y centrado en dotar de mayores capacidades institucionales y de enseñanza para los estudiantes.
La SEP ha cambiado para mejor nuestro sistema educativo pidiendo más a las escuelas, sostenedores y asesores, pero también dando un marco regulatorio y de financiamiento para este fin.
El uso de los fondos SEP en partidas que no corresponden no es algo para validar ni avalar, de ninguna manera, aquellos sostenedores que hayan malversado fondos deben ser investigados y sancionados pero si es prudente hacer un análisis respecto del fondo del asunto y de cierta forma, separar la paja del trigo.
Por una parte, la crisis en el financiamiento municipal de la educación es un asunto que se arrastra por décadas y que se ha acrecentado con la migración de estudiantes a los Colegios Particular Subvencionados y el pago de esta por matricula que asiste lo que implica que en general, los municipios deben hacer mes a mes cuantiosos traspasos de fondos a educación. Por otro lado, la SEP tuvo una puesta en marcha complicada en cuanto a su entendimiento, plataformas y también, información respecto del uso de los fondos y rendiciones, de hecho al comienzo no se exigía el tener una cuenta corriente independiente para su administración.
El tema de fondo es el desfinanciamiento y desorden del sistema, este último punto ha sido bastante corregido con las modificaciones a la ley. El análisis a partir de lo detectado por la Contraloría tiene varias caras y matices pero lo principal es que no todos los alcaldes han malversado fondos ni han incurrido en malas prácticas.
En cifras: no hay más de un 7% de todos los dineros entregados por la Ley SEP que haya sido destinado a un uso diferente al estipulado por la ley o bien, que aún no hayan sido rendido correctamente. Nadie puede defender que haya fondos públicos que se mal gasten pero si ponemos esto un contexto, se trata de una ley que ha cambiado la forma en la cual las escuelas abordan el proceso de enseñanza, les ha permitido concentrar esfuerzos, enriquecer prácticas y los resultados ya han comenzado a aflorar.
Una cosa es que alcaldes hayan recurrido a la ley SEP para ordenar su billetera y otra muy distinta es que el instrumento no de respuesta a lo que pretende: mejorar la educación de los sectores vulnerables.
*Ingeniero Civil Universidad de Chile