El arrepentimiento no siempre es suficiente

El arrepentimiento de haber sido parte de una dictadura debiera redimirse con acciones concretas, por ejemplo sumándose a la necesidad de crear una base de legitimidad distinta a la actual, terminando con los principios, las instituciones y las prácticas del antiguo régimen, diseñando una nueva Constitución, rescatando y estableciendo que toda soberanía reside esencialmente en el pueblo.

 Escribe Enrique Villanueva M, vicepresidente Centro de estudios Exonerados Fuera Aérea 1973

En el lenguaje de quienes son católicos y en la Biblia, el verdadero arrepentimiento lleva consigo un cambio de conducta (Lucas 3:8-14), por tanto la definición bíblica de él es cambiar de mentalidad, lo que resulta en un cambio de actitud.

De no ser entendido así el arrepentimiento podría optar por la misma forma, peculiar por cierto, de “la liberación de los pecados”, en la que una vez al año en tiempo de pascua en algunas culturas, los pecadores transportaban simbólicamente sus pecados a los corderos, mataban a estos animales “pecadores”, como una “ofrenda a Dios”, y después de eso, comían sus cuerpos muertos.

En cuanto a la acción de pedir perdón, en la iglesia católica y en la iglesia ortodoxa rusa insisten en que uno puede arrepentirse solamente delante de un sacerdote. Y sólo por medio de él uno puede conseguir una “absolución de los pecados”. En tiempos pasados y no muy lejanos, la iglesia católica ofrecía la “absolución de los pecados” a cambio de unas monedas de oro o vendía la salvación y un lugar en el “paraíso”.

Dicho esto, la verdad es que en la vida real no hay ninguna “absolución de pecados” por tanto el caso del arrepentimiento, que es una acción personal, tiene que ser considerado más en serio, cómo por ejemplo reconocer aquello que condujo a la persona a cometer las acciones por las cuales se arrepiente. Por consiguiente, el mecanismo de arrepentimiento está necesariamente ligado al cambio de actitud, el que se refleja en hechos en la vida terrenal y no solo en la reflexión griega de la perfección de la mente.

Esto significa que para alguien vinculado a la política, la cual tiene relación con el ejercicio del poder y cuyo objetivo es (o debiera) conllevar el bien común de las personas, en este caso el solo arrepentimiento declarativo no es suficiente. En el mejor de los casos se puede entender como una válvula de escape en el más intimo de los momentos de reflexión, porque lo determinante en este caso es la cuestión ética y la moral, su práctica o la falta de ambas, que es lo que verdaderamente guía o debiera guiar la acción del política.

Por eso entonces cabe la pregunta, de qué debieran arrepentirse quienes promovieron el golpe de Estado, hasta ahora todo indica que algunos lo hicieron movidos por contradicciones con su propia historia. Como están las cosas es factible pensar que se trate de políticos con intenciones de convertirse en estadistas, haciendo un acto de contrición cristiano pensando en proteger su historia ante las próximas generaciones o bien solo pensando en las próximas elecciones.

Pero todo indica que en el caso de los políticos de la UDI, han sido tocados en su fibra interna, lo que no exime la idea de que piensen en la proximidad de las elecciones y en su futuro político, sobre todo al verse señalados como participantes pasivos o activos de las violaciones a los derechos humanos, es decir del asesinato y la tortura, que durante 17 años se institucionalizó como terrorismo de Estado. En todo caso es un acto que no deja de ser valorable, pero que al no estar acompañado de acciones concretas que señalen un cambio de actitud, este sigue estando en el plano de la reflexión personal e intima, aunque se manifieste de manera publica.

Lo importante de un acto de arrepentimiento entonces sería reconocer que las violaciones a los derechos humanos son hechos reales y que fueron la consecuencia del golpe y no la causa, que la CNI y la DINA fueron instrumentos represivos de las fuerzas armadas de Chile, que implementaron una política de terrorismo de estado y que fueron creados para facilitar un fin superior, la refundación del país y la implantación del sistema político, económico y social, que reformas mas o reformas menos aun nos rige.

Por lo tanto ese acto de arrepentimiento de los partidarios del golpe de estado debiera incluir, que conspiraron sabiendo que el tema principal no era la ruptura institucional sino que la transformación de la relación social esencial, que existe en el sistema capitalista entre la fuerza de trabajo y los medios de producción. En otras palabras sabían que el destino de la gran conspiración era impedir la posibilidad del socialismo en Chile, por el cual una parte de los chilenos habíamos optado al elegir a Salvador Allende.

Esta verdad histórica deja en evidencia que un arrepentimiento sin la comprensión explicita de lo que se hizo, no permite superar la causa de las violaciones a la vida y a los derechos mas elementales de las personas cometidas durante la dictadura, que fue la actitud de odio construida hacia los que señalaron como enemigos “terroristas o extremistas”, para justificar el golpe y las políticas de exterminio y violaciones a los derechos humanos.

Para quienes fueron los autores de esta ideología, entre ellos un fanático como Hermógenes Pérez de Arce, el extremista, es decir el opositor no era una persona, había licencia para torturarlo o asesinarlo porque era el enemigo que impedía la realización del fin ultimo, que era refundar la nación. 

Así entonces el arrepentimiento debiera ir de la mano en reconocer algo que los actores del 73 saben bien, que para derrocar a Allende se urdió un plan, con mucho dinero a su disposición. Se crearon las condiciones para boicotear la economía, crear desabastecimiento y especulación, ejemplo el paro de los camioneros. Se inventó la existencia de un Plan Z, el que según quienes lo descubrieron, preparaba la insurrección armada, el ingreso masivo de armamento y el autogolpe por parte del gobierno de Salvador Allende, el asesinato masivo de militares y políticos de la oposición y sus familias.

Sin embargo este plan nunca existió, en los archivos desclasificados de la CIA del año 1999 se demuestra que jamás hubo un Plan Zeta y que este fue parte de una operación de guerra psicológica, específicamente de la Armada de Chile, para justificar la represión llevada a cabo. Incluso uno de los principales funcionarios del gobierno de Pinochet, Federico Willoughby, (secretario de prensa y vocero de la Junta Militar) descartó con posterioridad dicho plan denunciándolo como una falsedad.

Los partidarios del golpe de 1973 también saben que con ese plan Z satanizaron a los seguidores y militantes de los partidos de la Unidad Popular, posteriormente se repitió el esquema con todos los que nos opusimos a la dictadura, generando toda una campaña de desinformaciones, escritos y montajes, para aislarlos y luego golpearlos y aniquilarlos.

Lo que sí está comprobado por una infinidad de estudios y documentos, incluyendo los mencionados desclasificados de la CIA abiertos al público desde 1999, es el papel de la derecha, de la dirigencia democratacristiana de la época (particularmente Claudio Orrego, Patricio Aylwin y Andrés Zaldívar), de los mandos de las Fuerzas Armadas, de empresarios poderosos y de El Mercurio en la conspiración para derrocar a Salvador Allende.

Estos utilizaron el boicot económico, la financiación de grupos armados, la inyección económica a las publicaciones de la extrema derecha y el fomento de las huelgas, Un proceso en el cual el gobierno norteamericano de Nixon lo intentó todo y no escatimó en gastos para deshacerse de la “experiencia socialista por la vía constitucional” instaurada por Allende.

Solo para ejemplarizar el nivel de participación del gobierno de Estados Unidos en la conspiración, en los archivos desclasificados de la CIA aparece entre muchos otros, el registro de una reunión en septiembre de 1970, del presidente Nixon con el Ministro de Justicia John Mitchell, Henry Kissinger y Richard Helms: “Hay 10 millones de dólares disponibles, y más si es necesario. Trabajo tiempo completo, los mejores hombres que tengamos, hacer caer la economía (otras versiones señalan que el concepto preciso fue “hacer aullar la economía”), 48 horas para un plan de acción’”.

Por su parte los políticos nacionales de la derecha y la Democracia Cristiana opositores a Salvador Allende, sabían que el propio avance del gobierno popular lo llevaría a un estancamiento, tarde o temprano éste se encontraría atrapado en la misma legalidad que le había permitido llegar a la Presidencia de la República. Por lo tanto, mientras más lejos llegase en la aplicación de su programa de reformas, más abandonado quedaría por el peso de la ley.

Así desgastaron al gobierno de Allende, mediante el bloqueo institucional y la resistencia de la institucionalidad política y jurídica, acorralándolo hasta que le pusieron fuera de la ley. En estas acciones de la cual son responsables políticos, jueces y El Mercurio, se fundamentó y justificó la intervención de las Fuerzas Armadas, desplegada en medio de una situación de polarización de la población y de odio de clases.

En este contexto la represión que se desató después del golpe de estado de 1973 la simboliza el brutal y cobarde bombardeo de La Moneda y las palabras del general Gustavo Leigh, jefe de la Fuerza Aérea, «el marxismo será extirpado hasta las últimas consecuencias». El Jefe de la Fach sabía lo que decía, se refería a una guerra (unilateral y declarada en contra del pueblo de Chile) que en cifras significó un numero igual o mayor a 125.000 personas que pasaron por el Estadio Nacional, por el Estadio Chile y diversos centros del Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea en los tres meses siguientes al golpe militar convertidos en campos de tortura. Un número de muertos y desaparecidos que según cifras moderadas alcanzó a 4.000 mas un millón aproximado de exiliados.

Entonces para avanzar y mirar hacia adelante como suelen decir, no basta con declaraciones  de arrepentimiento, aunque sean de buena fe, lo que se requiere es tener siempre presente aquella parte de nuestra historia en que un dictador nos sumió en la barbarie, en el cual la vida de quienes pensamos distinto no valía nada.

En el Chile posterior a la dictadura se han hecho esfuerzos en este sentido, se creó un Museo de la Memoria, también funcionaron las comisiones Rettig y Valech para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura, pero la gran deuda está en la aplicación de justicia.

Hoy se puede constatar que los violadores de DDHH han recibido todo tipo  de beneficios, algunos de ellos gozan de la ley de amnistía de 1978, otros de total impunidad, los que han sido sancionados se acogen a la reducción de penas, conmutación por libertad vigilada y beneficios carcelarios.

Están recluidos en cárceles con beneficios especiales, niegan información del destino de los detenidos y detenidas desaparecidas, sometiendo a la comunidad a la reedición del trauma de la pérdida de sus seres queridos. Los responsables de estos crímenes siguen actuando por medio del ocultamiento de la información.

Por eso estamos prisioneros de nuestras indecisiones y de nuestra historia, es hora de avanzar en estos temas y la mejor manera de hacerlo es que los gobiernos enfrenten el problema de verdad, que el reclamo de justicia se haga parte de la movilización social, reclamando que los chilenos (as) nos expresemos en un plebiscito para zanjar el tema de los derechos humanos.

La constitución que nos rige lesiona el poder constituyente del pueblo de Chile, toda vez que el plebiscito que ella contempla, por una parte, no permite votar una nueva carta constitucional y, por la otra, supone que exista un conflicto previo entre ejecutivo y legislativo para ser convocado. El referéndum en nuestro país está orgánicamente vinculado a una confrontación de poderes institucionales y, por lo tanto, esto hace que no sea un medio legítimo de recabar la voluntad ciudadana en asuntos clave para nuestra convivencia y desarrollo.

Pero el referéndum es un modo democrático de decidir por parte de la ciudadanía, sobre todo en una materia que es fundamental, optando como país por mantener la ley de amnistía y la impunidad, conviviendo con un pasado traumático sin resolver, o, si estamos de acuerdo o no en una política pública que sancione y excluya las ideologías como el pinochetismo así como el juzgamiento de todos los violadores de los derechos humanos en dictadura.

Para quienes comparan a Chile con otros países en Europa, allí hay buenos ejemplos sobre esta materia, en Inglaterra se organizó un plebiscito para reformar el sistema electoral (mayo, 2011); en Italia se usó este mecanismo para evitar la privatización de los servicios de agua potable (junio, 2011), en Alemania, que consultó a sus ciudadanos respecto de la instalación de reactores nucleares en su territorio (mayo, 2011).

Así entonces el arrepentimiento de haber sido parte de un régimen dictatorial debiera redimirse con acciones concretas, por ejemplo sumándose a la necesidad de crear una base de legitimidad distinta a la actual, acabando con los principios, las instituciones y las prácticas del antiguo régimen dictatorial pinochetista, diseñando una nueva Constitución, rescatando y estableciendo que toda soberanía reside esencialmente en el pueblo.

En ese camino sí que podemos encontrarnos todos los que en realidad queremos un Chile más justo y más humano, en el cual la persona vuelva a ser el centro y la base del desarrollo de nuestra sociedad futura.

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