Acerca del Observatorio Judicial

El artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano dice expresamente: “Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución”.

Por Matías Silva Alliende, abogado

El premonitorio contenido del artículo referido allá por 1789 se adelantaba al grave problema que más de dos siglos después amenaza a nuestras democracias, a saber: la necesaria independencia del Poder Judicial como garantía efectiva de la existencia de un verdadero Estado de Derecho, con las connotaciones de toda índole que ello conlleva para los ciudadanos, a los que desde la positivización de sus derechos como derechos fundamentales se les hizo actores principales del mismo.

Ligado al anterior aspecto de las garantías, en el disfrute de los derechos fundamentales aparece otro punto que no ha sido abordado en profundidad, cual es procurar la separación entre los poderes del Estado, posibilitando, por ejemplo, un funcionamiento del poder judicial, totalmente libre de injerencias de los otros poderes del Estado. Dicho esto, ahora lo que procede es para evitar errores conceptuales, determinar en qué consiste la tan necesaria como anhelada independencia del Poder Judicial.

Como punto de partida podemos establecer que la misma no puede suponer en modo alguno la creación de un Poder del Estado que sea autónomo del mismo y sobre el que ningún control se pueda ejercer. No podemos pensar en una clase, la judicial, intocable que se organice y funcione al solo dictado y control de sus normas y miembros, sin que el Estado del que forma parte y le da sentido, pueda intervenir en modo alguno en ninguno de sus aspectos.

La soberanía popular es ejercida por el pueblo y en un sistema de democracia representativa recae principalmente en el Congreso. No parece muy acertado pensar que la exigencia de independencia judicial nos haya de llevar a la existencia de compartimentos estancos, es precisamente a través del ejercicio competencial de cada uno de los Poderes donde se alcanza esa necesaria relación.

Ahora bien, la pregunta que surge es como lograr una correcta y respetuosa convivencia. Debería ser suficiente con que cada uno cumpliera con su cometido competencial, el Congreso legislando y estableciendo el marco legal en el que el Poder Judicial va a desarrollar sus funciones y éste último ejerciendo las mismas sin injerencias, pero parece que se funden y confunden más veces de las deseadas estas cuestiones. Más durante este gobierno, donde la Corte Suprema debe salir en forma bastante reiterada a recordarle al Poder Ejecutivo y Legislativo el viejo principio de la separación de los poderes.

Es una cuestión recurrente del ser humano y en todas las actividades y facetas, también en política -más en este gobierno-, tratar de mantener el control sobre todo lo que le rodea, extendiendo directa o indirectamente su imperium sobre todo lo que pueda o le permitan. Por tanto, es un problema tan grave como común en nuestra democracia moderna, que lejos de ir avanzando en este aspecto hemos retrocedido claramente desde los postulados de los primeros constitucionalistas, siendo ahora cuando parece que surgen movimientos sociales denominados de distintas formas pero que tienen como base común el hartazgo del funcionamiento de nuestras instituciones y poderes, entre ellas la justicia.

Al respecto, se hace imprescindible abordar de forma seria y rigurosa este tema, los proyectos fáciles de último minuto poco y nada ayudan a reforzar la independencia del poder judicial. Si importante es el reconocimiento de los derechos fundamentales del ciudadano en cualquier texto constitucional, nada vale ello si no existe en el mismo un verdadero sistema de garantías para el efectivo cumplimiento de los mismos, perdiendo su sentido último todo ello si el poder judicial no es independiente en el ejercicio de sus funciones del poder ejecutivo y legislativo de turno.

La democracia no se entiende sino facilita a todos los ciudadanos los medios para una justicia real y efectiva. La administración oportuna de ésta forma parte del conjunto de creencias del régimen de libertades, que sustenta nuestra convivencia nacional. Por lógica y razón, es innegable que toda comunidad civilizada debe tener un Poder Judicial, autónomo e independiente, sometido exclusivamente al orden jurídico inspirado en la justicia.

La función judicial consagra la voluntad de la sociedad de organizar una estructura en base al Derecho y al concepto axiológico inmanente denominado Justicia. Si bien es cierto que la naturaleza humana hace que por esencia todos, de alguna manera, apreciemos el valor de la Justicia, es absolutamente necesaria la conformación de órganos que en el análisis particular, administren ese valor fundados en la ley, con el auxilio de las demás fuentes del Derecho y con plena independencia de los otros poderes del Estado, sin esto es difícil hablar de Estado de Derecho.