Se va desgranando el choclo

¿Qué ocurre cuando el interés de los asuntos públicos se encuentra con el interés de los negocios privados? En el caso chileno, ¿qué ocurre cuando dejamos que la política sea finaciada por aportes privados de tipo reservados?

Por Matías Silva Alliende, abogado

Me voy a tomar la libertad de ser literal, no es algo que me agrade, pero en función de lo que escribiré en los párrafos siguientes requiero serlo por un rato. Para ello voy a echar mano al instrumento más literal de todos, el Diccionario de la RAE. Al definir “política” dicho diccionario dice lo siguiente: “Actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos”. Entonces bien ¿Cuán contrario puede resultar para el sentido común la idea de que los asuntos públicos se acaben confundiendo con los privados? Todos sabemos que por definición lo público y lo privado son dos ámbitos claramente diferenciados.

Así en los asuntos públicos nunca se puede obrar movido por el afán de lucro o, lo que es lo mismo, con ánimo de enriquecerse. Justo cuando pasa esto todos lo entendemos como “corrupción” y eso es lo que trata de evitar nuestro sistema político democrático mediante la tipificación de una serie de delitos.

¿Qué ocurre cuando el interés de los asuntos públicos se encuentra con el interés de los negocios privados? En el caso chileno, ¿qué ocurre cuando dejamos que la política sea finaciada por aportes privados de tipo reservados?

La respuesta es la privatización de la política, es decir, para ser más claros, la institucionalización de la estrecha relación de dependencia entre la política y la defensa de los intereses corporativos es, en un modelo como el nuestro, un intento vano por esconder la evidencia de la imposibilidad de separar ambos ámbitos.

Curiosa contradicción esta última. ¿No habíamos empezado definiendo a la política como la actividad que rige los asuntos públicos según la RAE? ¿No habíamos diferenciado claramente ambos ámbitos, público y privado, para definir reglas de juego totalmente diferentes para cada uno? La verdad es que todo esto empieza a tornarse muy confuso.

El caso Penta describe el enorme poder del sector corporativo empresarial frente al legítimo poder democrático. Lo peor es que, con el correr del tiempo, va a terminar cuestionada toda la clase política y el propio sistema democrático, como parece ser que está sucediendo durante la gestión de la dura crisis que estamos padeciendo. Son los mismos políticos, que aceptando fondos reservados provenientes de corporaciones privadas hacen permanente apología del mercado cooptando el espacio de la política: ¿No les parece que estamos jugando con fuego y que nos vamos a quemar?

No les parece grave la privatización de lo público, o en palabras de Bobbio “la reivindicación de los intereses privados mediante la formación de los grandes grupos organizados que utilizan los aparatos públicos para alcanzar sus objetivos”. Esto implica un Estado que comienza a delegar y transformar las cuestiones de derecho público (que atañen a todos), en derecho privado (que atañen a los individuos). Desde esta perspectiva, habrá que entender al ciudadano, no como titular de derechos, sino como consumidor, como apropiador individual de mercancías.

Esta ideología contribuye a la legitimación de un doble proceso de acumulación y distribución, el mercado se encargará de que algunos acumulen información, a la vez que para otros distribuye ignorancia. Todo avalado por un discurso que propicia el fundamentalismo de mercado basado en el individualismo y la competitividad.

Como dice Maturana: “hemos confundido la democracia con la elección de presidentes, parlamentarios y administradores, muchos de los cuales apenas tiene respaldo mayoritario porcentual. La democracia es un proyecto común. Es muy difícil la convivencia democrática si uno no aprende a vivir en el respeto por el otro, si no aprende a colaborar. La colaboración solamente es posible entre iguales. No se apoya ni se funda en la mentira”.

La lógica de la política, es la de un espacio público donde pueda concurrir libremente todo tipo de actores sociales, sin exclusiones, para expresar su propio pensamiento e incidir realmente en las decisiones que les afectan y que puedan contribuir al bienestar o desarrollo de la sociedad en su conjunto. La lógica de la política chilena, que permite financiamiento reservados, es la lógica de un espacio restringido, o peor aún, excluyente, que por lo mismo no puede considerarse como un espacio público político, aun cuando se argumente que las decisiones se toman por el bien de la sociedad.

Esta lógica privatista de la política chilena inhibe y lo que es peor, coopta un espacio que es público. Y si es público se basa en una estructura de relaciones establecidas entre diferentes actores sociales, que reconocen la necesidad de decidir juntos sobre asuntos que nos afectan a todos. Las reglas del encuentro en un espacio público las han de proponer y/o aceptar los propios protagonistas de la participación. Por tanto, estos protagonistas acuden a expresar sus respectivas propuestas y visiones del mundo con el ánimo de confrontarlas, complementarlas o incluso desarticular la del adversario, pero con la disposición para llegar a algún tipo de acuerdo que les permita seguir conviviendo con respeto y dignidad.

En esta lógica, al parecer las cuatro paredes ya no son de gruesas piedras. Lo bueno de hoy, es que la sociedad posee más herramientas de información. Estas cuatro paredes parecen ser hoy más transparentes, donde se puede llegar aún más rápido a la información de las acciones que nos afectan. En este nuevo contexto de la política, lo reservado e incluso el silencio, es un atentado contra la democracia y de este modo ninguna sociedad progresa.