Indulto y Democracia

“Lo deseable y exigible a un gobierno de centroderecha de raigambre liberal, en pleno siglo XXI, es que sea capaz de sostener un proceso orientado a incorporar las otras variables que permiten no solo el fortalecimiento democrático sino que la integración de nuevos cimientos políticos que marquen una diferencia y abran espacios de convergencia para avanzar hacia otros niveles del desarrollo político del país”

Escribe Guillermo Holzmann / Cientista político

El año del bicentenario gozará de su esplendor durante el segundo semestre, donde temas históricos, simbólicos, sociales, económicos y políticos tendrán una atención preferente por parte de las autoridades de nuestro país.

Cada actor, dando cuenta de sus individuales intereses, expresará lo que para ellos resulta ser relevante a resaltar en esta ocasión. Quizás lo más notable es el hecho de que todo se focaliza en cómo se celebra esta especial fecha dejando de lado cómo se diseñan y construyen los próximos cien años.

Al efecto, respecto al pasado enfrentamos un proceso de apropiación de los factores sustantivos que marcan la evolución histórica, mientras que en la mirada a futuro predomina una forma lineal y, por tanto, tendencial, a sabiendas que ello no se cumplirá en virtud de las múltiples variables que inciden en dicha proyección. Así, por ejemplo, afirmaciones del tipo que “al 2020 seremos un país desarrollado”, supone que la demanda por recursos naturales y el comercio internacional se mantienen sin variaciones y sin cambios.

El propio gobierno aparece desaprovechando la instancia de ser el que celebra el bicentenario pero también inaugura el camino del tricentenario, desperdiciando la instalación de una agenda más ambiciosa y estratégica en la identificación y definición de los ejes centrales que incidirán en la construcción de nuestra sociedad en los próximos 100 años. Este punto de inflexión histórico y prospectivo corre el riesgo de transformarse en una fiesta de conmemoración y no en un punto de partida motivador para la sociedad.

Por lo pronto, el debate se centra en el indulto presidencial como un factor de unión societal que expresa una voluntad política de integración social y tolerancia, donde la agenda es definida de una manera poco usual en la medida que el indulto terminará siendo una propuesta de consenso político –incluso religioso– antes de ser una instancia que recoja los desafíos futuros.

En efecto, el indulto, en tanto expresión de una voluntad política asociada a las atribuciones presidenciales o la búsqueda de iniciativas legislativas de más amplio espectro, no supone per se una forma habitual de conmemoración de un aniversario patrio de tanta significación como el que nos ocupa este año. Menos aún cuando ello implica, necesariamente, confrontar visiones históricas francamente dicotómicas que son sentidas y asumidas desde trincheras diferentes por distintos actores. Mezclar el indulto con el bicentenario constituye un despropósito en términos de instalar un tema que responde a otras lógicas que no se condicen con el contenido de mostrar un hito convergente con el sentido de la fecha.

Un indulto general, por ejemplo, es una herramienta política orientada a superar situaciones de impacto social que inciden en la forma de implementar políticas públicas más eficientes o que respondan a las capacidades que el Estado tiene para asegurar la rehabilitación, entre otros factores a considerar. Para ello, es innecesario esperar el cumpleaños del país.

El indulto asociado a las violaciones de derechos humanos, tiene el imperativo ético de requerir de un proceso previo que supera por mucho la sola voluntad presidencial y que resulta ser atemporal en términos de su pertinencia y propuesta. No resulta sustentable suponer que indultos de esta naturaleza tengan alguna relación con el bicentenario como fecha emblemática para abrir otra etapa de nuestra vida republicana. Si la decisión es transformar la conmemoración en un punto de reconciliación o reparación o simplemente avance en la integración histórica de nuestra sociedad, no es difícil percibir que ello no se logrará, básicamente por que las condiciones en las cuales el poder hoy en día se legitima dista de los cánones tradicionales sobre los cuales se ejercía en antaño.

No cabe duda respecto a la complejidad del tema y sus implicancias. Por lo mismo, el esfuerzo político –especialmente del gobierno– debiera estar orientado a que una solución de esta naturaleza fuese un producto del período y no de sus inicios, toda vez que sería el resultado de un proceso político, bajo condiciones y exigencias democráticas, capaz de superar y dar cuenta de una etapa evolutiva distinta a las plasmadas por la Concertación (Comisiones Rettig, Valech, Mesa de Diálogo entre otras).

En esta línea argumental, el triunfo de la Alianza confrontada al Bicentenario en una mirada política al pasado y una propuesta económica hacia el futuro resulta ser incompleta para orientar el quehacer de la sociedad para los próximos años. Si a ello sumamos, la oferta de planes e iniciativas con horizontes de cuatro u ocho años, el sentido simbólico y prospectivo queda subsumido en una mirada limitada que no logra destacar el sentido de una democracia que retoma la senda del pluralismo y el dialogo político. No resulta ser menor el hecho de que la Concertación ha tenido el espacio y la legitimidad política y social para imponer su versión e interpretación de la democracia y los DDHH en virtud de un proceso que logra establecer una suerte de espiral del silencio en la historia de Chile. Frente a ello, lo deseable y exigible a un gobierno de centroderecha de raigambre liberal, en pleno siglo XXI, es que sea capaz de sostener un proceso orientado a incorporar las otras variables que permiten no solo el fortalecimiento democrático sino que la integración de nuevos cimientos políticos que marquen una diferencia y abran espacios de convergencia para avanzar hacia otros niveles del desarrollo político del país. Sin embargo, ello no se logra por el expediente de la aplicación de la autoridad presidencial como único factor legitimador.

Uno de los ejes de mayor importancia en este bicentenario está en el contenido de nuestra democracia para enfrentar los próximos cien años. Claramente, nuestros líderes insisten en plantear como centro el pasado antes de asumir una visión de futuro que se construya con las decisiones del presente. En esta perspectiva el indulto pierde su sentido al no tener el referente prospectivo necesario para sustentarlo. Lo esperable es una hoja de ruta sustentable política y socialmente.