Honduras: Un conflicto en punto muerto

Sin embargo, los tres Poderes del Estado, el Legislativo, la Corte Suprema (15 magistrados) y el Ejecutivo (el gobernante de facto y su gabinete) tienen un discurso similar: no restituir al depuesto presidente pero sí juzgarlo por supuestos actos de traición a la patria al intentar reformar la Constitución por medio de una encuesta que la Justicia declaró ilegal y que presumen daría paso a una Constituyente para reformar algunos artículos pétreos que impiden la reelección del Presidente. Esta posición cuenta con el respaldo total de la cúpula empresarial liderada por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), de la Cúpula Militar compuesta por el Consejo Superior de la Fuerzas Armadas y por la casi totalidad de los medios de comunicación.

Por otro lado, la comunidad internacional después de haber aislado al gobierno de facto, parece reordenar filas y en lugar de que sea la diplomacia brasileña la que lidere con tono fuerte la propuesta de reinstalación de Zelaya, ahora es la diplomacia estadounidense la que parece haber tomado las riendas en esta azarosa carrera por el poder.

En su primera declaración oficial después del Coup de Etat, el embajador de EEUU, Hugo Llorens, dijo que la política de su país “ha sido muy clara y no muy complicada, es bastante simple… apoyamos más que nada que se restaure la democracia en Honduras, que se restaure el gobierno legitimo”.

Michelle Bachelet recibió a  Manuel ZelayaY esto es precisamente lo que pone el dedo en la llaga, puesto que la crisis ha dejado de manifiesto una clara fractura en la sociedad hondureña: por un lado una buena parte de la sociedad civil, incluyendo sindicatos, gremios de docentes y partidos de izquierda que quieren la restitución del derrocado Zelaya, con el respaldo casi unánime de la comunidad internacional, que abogan además por una Constituyente. Por el otro, otra buena parte de la sociedad civil y grandes empresarios, entre ellos los partidos políticos tradicionales y conservadores como el Nacional y el Liberal que se oponen de manera clara a la restitución del depuesto presidente, que apuestan para que sea juzgado pero que de forma tibia simpatizan con una “modernización” de la Constitución vigente desde 1982.

Las cartas están sobre la mesa. Una comunidad internacional que prácticamente coincidió en aislar al gobierno de facto, pero que no ha tenido el mismo ímpetu para lograr un acuerdo para desconocer las elecciones que se realizarán en noviembre próximo y que ahora, para lograr su cometido, apuesta a la capacidad del Embajador norteamericano. Es en esta línea que Llorens ha convocado reuniones incluso en la base militar estadounidense en Palmerola, a uno 100 kilómetros de Tegucigalpa.

Una Resistencia que ha presionado incluso hasta llegar al punto de realizar masivas y violentas protestas a favor de Zelaya, pero que ha fallado en reponerlo en la Casa Presidencial y que ahora, con el Estado de Excepción impuesto, aparece como diluida, débil y prácticamente sitiada.

Un Roberto Micheletti que, pese a sus reculones y decisiones propias de dictadores, ha mantenido su firmeza en no devolver el poder, ganando tiempo para consolidarse pese al aislamiento internacional y usando las próximas elecciones como estandarte para buscar una salida honrosa, si cabe, al unánimemente condenado Golpe de Estado perpetrado el pasado 28 de junio.

Una embajada de Estados Unidos, que, pese a involucrarse tras bambalinas, tardó casi 100 días en dejar clara su posición frente al derrocamiento de Zelaya, algo que para muchos solamente ha contribuido al alargamiento de la crisis.

Y, finalmente, un ex presidente Zelaya, confinado y prácticamente incomunicado en la legación diplomática brasileña y a expensas de lo que decidan los demás actores.

En este momento la pelota está en el campo de la embajada de EEUU pero como Llorens dijo que la solución tiene que ser “centroamericana no una norteamericana o suramericana impuesta”, en alusión al Plan Arias que incluye la restitución del derrocado presidente, entonces el conflicto político yace en un punto muerto dado que el Gobierno de Facto acepta dicho plan pero sin la restitución de Manuel Zelaya.

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