Honduras: Un conflicto en punto muerto

Qué le espera al nuevo gobierno

De acuerdo con el analista hondureño Luis Cervantes, el proyecto político-fáctico de instaurar por medio de una “sustitución gubernamental”, ejecutado por los empresarios, la supuesta democracia pérdida durante los primeros tres años de la Administración Zelaya ha pasado a una nueva fase, que podría ser más peligrosa, porque la economía, paralizada, sufrirá más perjuicios que agudizarán la pobreza y el descontento social.

El nuevo gobierno que asuma en enero próximo, no tiene más que dos opciones: hacer mejoras superficiales, y provocar otra frustración general, o convocar a la nación para enmendar errores, reorientar la política, abrir espacios participativos para las mayorías, restablecer a la clase media, reformas que debieran ser consagradas en la Constitución.

Un gran pacto social, una reforma integral de la Constitución que, sin modificar los artículos pétreos, induzca cambios concertados, es en este mismo momento una acción impostergable.

A nadie convencerá el nuevo gobierno si no convoca de inmediato, sin exclusiones, prejuicios ni condiciones, a los liderazgos políticos, sociales, empresariales y gremiales.

Y también deberían estar en la mesa los sectores sociales marginados, cuyas necesidades e intereses han sido ignorados por la democracia política; cuyas carencias y penurias han querido ser disimuladas por las dádivas de los programas de asistencia social.

Es interesante que, en una situación tan crítica, los candidatos presidenciales, especialmente Elvin Santos por el Partido Liberal y Porfirio Lobo por el Partido Nacional, desempeñen un papel deslucido, casi oculto, como si esperasen a que la sociedad resuelva el problema y a ellos no les toque más molestia que esperar el conteo de votos en noviembre.

Forzar los momentos de cambio, más allá de sus posibilidades históricas, termina por malograr los esfuerzos ya realizados, por perder lo ya conquistado y por provocar la reacción de los sectores más conservadores y atrasados de la sociedad. Sin embargo, aplastar los intentos de reforma provocaría mayores confrontaciones. El que algunos hayan extraviado el sentido, el propósito y el camino de la democracia, no debiera tentar a emprender la ruta contraria. Al final, la inclusión social, guiada por la prudencia y la sensatez, debiera inspirar la transformación de Honduras. Concertar sin excluir, con valor y compromiso, es la tarea histórica del momento.

La razones del Golpe

El principal argumento utilizado que dio origen a lo que el nuevo gobierno llama “sucesión” es que el Presidente Constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, “iba”, a violar las leyes del país, con la realización de una encuesta para preguntarle al pueblo si en las elecciones de noviembre se incluía una cuarta urna en la que los ciudadanos opinarían si se convoca a una Constituyente para reformar algunos artículos pétreos que impiden la reelección. Esa acción “nunca” se realizó.

Cervantes apunta que las familias más poderosas de Honduras (Kaffati, Ferrari, Flores, Facusse, Larach, Maduro, Nassar, Callejas, Bendeck, Átala, Canahuati) son las que planificaron la destitución de Zelaya. “En una oscura cámara se fraguó el golpe de Estado” dijo la diputada por el Partido Demócrata Cristiano, Marleny, Paz al afirmar que “en el Congreso Nacional se gestó el derrocamiento y los responsables son los grupos de poder, algunos congresistas y las Fuerzas Armadas”.

Pero, en realidad la no realizada encuesta solamente fue la gota que derramó la paciencia del sector empresarial. Antes de eso y durante su gestión de tres años el derrocado Zelaya aprobó un incremento general al salario mínimo de casi un 100%, rompió el monopolio de los empresarios del petróleo que impedía rebajar el precio de los combustibles y decidió hacer efectivo el pago del Estatuto del Docente.

Desde el punto de vista de la cúpula empresarial, estas acciones eran lesivas para la economía nacional.

Dado el divorcio con el sector privado y las dificultades para financiar su presupuesto, Zelaya se lanzó a la aventura con el Gobierno de Chávez y firmó la alianza con la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba) para conseguir aquellos recursos que le hicieran falta al alejarse del FMI.

Para el columnista Roger Marín Neda, sin embargo, cualquiera hubiese sido el desenlace del conflicto que angustiaba a Honduras, la crisis no se resolvía ni con la destitución de Zelaya, como en efecto no lo ha sido, ni con el triunfo de la encuesta que buscaba.

“Las ideas de que se trataba de un problema interno del Partido Liberal, o de la ambición continuista de Mel, o de una conspiración de Chávez, eran elementos del problema. Pero tales ideas confunden las partes con el todo”.

Según este analista, en la crisis desembocaron esos y otros problemas, dos de los cuales vienen gestándose desde antes del período democrático. Uno es la pobreza generalizada, que ha coincidido con el deterioro económico y social de la clase media, acelerado desde las reformas económicas de 1990. El otro es la pérdida de liderazgo y legitimidad de los partidos y sus dirigentes que tiene al sistema al borde del colapso. Si ambos fenómenos confluyeron en 1990, y se retroalimentaron desde entonces, es porque las reformas neoliberales trasladaron el costo de los ajustes a la clase media y volvió irrelevantes los auxilios sociales para los más pobres.

Los gobiernos, los políticos y los empresarios beneficiados con aquellas reformas, dieron escasa atención a las consecuencias empobrecedoras de las medidas, que demandaban responsabilidad política y social empresarial.

Durante casi 20 años, mientras surgía la extrema riqueza, mientras los pobres eran orillados a la miseria y la clase media descendía a la pobreza, el sistema político demostró crecientes grados de incompetencia y corrupción.

En ese ambiente podría haber ocurrido cualquier cosa, y debemos al temperamento sereno y moderado de nuestra sociedad que no haya habido confrontaciones callejeras ni violencia social, señala el analista. Y agrega: “Si Mel hubiese dedicado el tiempo y los recursos que derrochó en su cuarta urna, para promover desde su gobierno las reformas que pregonaba, la opinión pública y las masas le habrían respondido, y le habrían apoyado contra toda resistencia, sin necesidad de violar la ley”.