Pesquisa legislativa sobre desaparición de submarino argentino no descarta ataque externo

La comisión bicameral del Congreso argentino que indaga sobre lo sucedido con el submarino San Juan, perdido en el océano Atlántico seis meses atrás, analiza varias pruebas para determinar si el navío pudo ser objeto de un ataque externo, de acuerdo al análisis que brindaron dos de sus integrantes.

“No descartamos la hipótesis de un posible ataque externo”, afirmó la senadora Magdalena Odarda, del opositor Frente Progresista.

Para avanzar en este rumbo puede ser fundamental el testimonio que brindará este martes ante la comisión el exjefe de la Armada, Marcelo Srur, quien fue pasado a retiro por el presidente Mauricio Macri un mes después de que el submarino ARA (de la Armada de la República Argentina) San Juan desapareciera en el mar con sus 44 tripulantes.

Se espera que Srur “aporte información que ofreció en la causa judicial” que también se ocupa de la suerte del submarino.

Odarda manifestó su discrepancia con el Gobierno, que rechaza la conjetura de una agresión extranjera.

“Ellos (el Poder Ejecutivo) ya están abocados a cerrar la causa determinando que esto se trata de una implosión por un accidente fatal sin responsabilidad alguna de quienes hoy están conduciendo las Fuerzas Armadas, sobre todo el ministro de Defensa”, Oscar Aguad, sentenció Odarda.

Por eso la comparecencia del excomandante de la Armada puede ser relevante para determinar si el submarino, que zarpó el 13 de noviembre de 2017 desde Ushuaia, en el extremo austral del país, rumbo a Mar del Plata (sureste), donde tenía su apostadero habitual, incluía en su misión realizar tareas de espionaje.

“Queremos saber cuál era el cometido del submarino en este viaje y, sobre todo, conocer la opinión de Srur sobre la documentación que llegó a manos de la Cámara de Diputados, en la que se habla de que la misión de la nave eran labores de espionaje”, sostuvo Odarda.

ESPIONAJE EN ISLAS MALVINAS

E jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, envió el mismo esa información al Congreso, sin embargo, la negó luego alegando que se trataba de un error; “pero para nosotros no ha quedado nada claro”, enfatizó la senadora.

“Por ahora tenemos algunos informes de inteligencia filtrados a la prensa respecto de algunos mensajes relacionados con la orden de hacer inteligencia sobre distintos buques que estaban en el área de las Islas Malvinas (el austral archipiélago ocupado por Reino Unido y reclamado por Argentina desde 1833).

La comisión pidió asimismo que comparezca el embajador británico en Argentina, Mark Kent, quien se negó alegando cuestiones de protocolo que, según la legisladora, no lo obligan pero tampoco le impiden prestar declaración.

“Seguimos insistiendo en la pregunta de si realmente otros Estados, sobre todo Reino Unido, tenían conocimiento de la zona donde patrullaba el ARA San Juan, y si se envió a los jóvenes submarinistas a un sitio sumamente peligroso, como es la línea de exclusión de las Islas Malvinas”, dijo la senadora.

Si así fuera, “se habría mandado a los jóvenes a un lugar del cual no se sabía si podrían volver, sobre todo por el riesgo de la misión y violando convenios internacionales como el Tratado de Madrid de 1990”, dijo Odarda.

Ese documento, firmado por Reino Unido y Argentina ocho años después de la guerra de 1982 que los enfrentó por la soberanía del archipiélago, prohíbe cualquier “acción que pudiera ser interpretada como un acto hostil», en donde «las unidades navales de las partes maniobrarán en forma tal que demuestren claramente sus intenciones».

Otro de los indicios que tienen los legisladores sobre ese posible ataque externo, de acuerdo a informes de la propia Armada, es un informe de un viaje que realizó el buque en julio de 2017, “donde se reporta que hubo un submarino nuclear que persiguió al San Juan, lo que no ha sido investigado ni denunciado», reveló Odarda.

En añadido, “también se habla de un submarino pesquero chino que habría tenido inconvenientes con el San Juan, lo que se mantuvo secreto”, agregó.

De forma paralela, los miembros de la comisión analizan cómo progresa el proceso judicial que instruye la jueza federal Marta Yáñez sobre la desaparición del submarino.

Odarda dejó constancia de su preocupación por el hecho de que todavía no haya imputados en el expediente.

“Sabemos que la jueza está trabajando, pero deberíamos tener un avance más concreto por los testimonios que obran en la causa”, señaló la senadora por la provincia de Río Negro (sur).

Mientras tanto, los legisladores integrantes de la comisión buscan “elementos técnicos para determinar las responsabilidades políticas de los funcionarios”, indicó.

De acuerdo a cómo prosiga la investigación, se podrán aplicar “las máximas sanciones, como mínimo, a los responsables del área de Defensa de la Nación, porque estamos hablando de 44 jóvenes que estaban defendiendo la soberanía argentina y que fueron objeto de abandono de persona”, concluyó la senadora.

DOCUMENTACIÓN SECRETA

Los seis diputados y seis senadores que integran la comisión bicameral constituida a principios de año analizarán durante el transcurso de este año en qué estado se encontraba la embarcación antes de zarpar, y la documentación relativa a todas las irregularidades, anomalías y desperfectos que tenía el submarino, según certifican varios documentos, entre ellos, una auditoría general de la Armada realizada en 2016.

“Estamos recopilando información y testimonios”, corroboró a Sputnik el senador Alejandro Grandinetti, del partido opositor Frente Renovador.

Varios integrantes de la comisión conversaron 10 días atrás con la jueza Yáñez sobre el estado de la causa, y accedieron al expediente judicial que se tramita en el juzgado federal de Caleta Olivia, en la sureña provincia de Santa Cruz.

Los legisladores pudieron leer la declaración judicial escrita que presentó el ministro de Defensa, Oscar Aguad, ante la cual “expresamos nuestras dudas e intentamos confrontar sus declaraciones con los documentos que tenemos sobre las características de la misión y sobre cómo estaba el submarino”, relató el legislador.

Consultado sobre la posibilidad de que el San Juan estuviera realizando tareas de espionaje, Grandinetti destacó que el submarino “es un arma principalmente de inteligencia por su configuración, un arma de inteligencia militar”.

La embarcación también estaba habilitada para custodiar los intereses argentinos de actividades de pesca furtiva o ilegal, y vigilar los movimientos militares en la zona de influencia y de pertenencia argentina, señaló el senador.

“Hay diversas informaciones, tenemos que evaluar su veracidad”, comentó.

De momento, la comisión no ha tomado contacto “con aquellos que programaron la actividad del submarino, así que no tengo respuesta desde lo oficial”, añadió.

El legislador sostuvo que los miembros de la comisión están obligados a respetar ciertas condiciones, como la confidencialidad de la información de inteligencia o de interés nacional que manejan.

Parte de las sospechas sobre lo sucedido con el San Juan salió a la luz cuando fue interpelado el ministro de Defensa por legisladores de la comisión bilateral y por familiares de la tripulación el pasado 16 de abril.

“Claramente había problemas de funcionamiento en el submarino que fueron dejados por escrito desde diciembre de 2016 (en un informe secreto de la Armada presentado a Srur como exjefe del Estado Mayor)”, reconoció Grandinetti.

En ese documento se constataba que el navío no disponía «de suficientes equipos de comunicaciones para cubrir las necesidades básicas de seguridad náutica y seguridad en el terreno y (así) posibilitar la conducción de una emergencia real», dice el documento.

Entre las deficiencias del equipo operativo, se detectó la utilización de «materiales no adecuados durante la reparación de media vida» y «limitaciones con la vida útil de sus baterías», señala el documento.

Esta información fue ratificada en otro sumario interno de la Armada de julio de 2017, en la antesala de un viaje que realizó la San Juan entre el 1 y el 19 de ese mes, y en la última auditoría que llevó a cabo la Armada, en la que se advertía «el estado de innavegabilidad» de la nave, que tenía «salvavidas y bengalas vencidos» pese a que llevaba 39 meses de navegación ininterrumpida.

Tres meses después, el comandante del submarino que desapareció junto a sus 43 compañeros, el capitán de fragata Pedro Fernández, valoró la navegabilidad del buque en 4,25 puntos sobre un total de cinco en un informe fechado el 5 de septiembre de 2017.

En ese estudio, en el que el comandante desaparecido examinaba al detalle la operatividad del San Juan, “se hablaba de dificultades que eran compatibles con la última información que se tuvo del submarino”, observó Grandinetti.

En su último contacto con tierra, el submarino dio a conocer a las 08:52 del 15 de noviembre, cuando navegaba por el Golfo de San Jorge a 240 millas náuticas (432 kilómetros) de la costa argentina, que había ingresado agua de mar por el sistema de ventilación, lo que había provocado un principio de incendio.

Tres horas después de esa última comunicación de la nave, se registró una explosión a 48 kilómetros de su última posición, en coincidencia con el trayecto que cursaba hacia Mar del Plata.

Ese lugar se encuentra en el límite de la plataforma continental argentina, donde el fondo marino se inclina de manera muy pronunciada, en lo que se conoce como talud, hasta alcanzar una profundidad de más de 3.000 metros. (Sputnik)

 zzz/yyy/adp/dcl

Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.