¿Cuándo se quebró el Consejo de rectores?

rectores1La pugna entre los rectores de las denominadas universidades tradicionales dejó en evidencia la frágil convivencia al interior de este consejo que lleva más de 50 años guiando los destinos de la educación superior chilena.

La pelea que protagonizaron por estos días los mandamases de las principales universidades del país no es de origen reciente. Si bien, la petición de un nuevo trato que hizo en enero el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, fue la gota que rebasó el vaso, había antecedentes que demuestran que en el Consejo de Rectores se gestaba una pugna desde hace por lo menos un año.

En 2007 el Consejo de Rectores, integrado por 25 universidades –16 estatales y 9 particulares pero que reciben Aporte Fiscal Directo– cerró filas ante una amenaza en ciernes. El flamante Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad convocó al primer Concurso de Financiamiento Basal para Centros Científicos de Excelencia, destinado a crear centros de alta investigación. En las bases del concurso quedaba estipulado que los investigadores de las universidades interesados en participar podrían postular siempre y cuando no lo hicieran al alero de sus universidades. Tenían que constituirse jurídicamente en otra figura legal de modo que los recursos no ingresaran a las corporaciones.

El primer grito de guerra vino desde la Universidad de Chile. Le siguieron la Católica, la Usach y la Universidad de Concepción: resultaba inaceptable que el Gobierno tratara de arrebatar a los mejores científicos del país, formados y alojados durante varios años en las universidades para crear centros independientes de investigación aplicada.

Para los rectores era una forma de desmantelar sus equipos científicos. No era secreto que para algunos integrantes del CNIC, presidido entonces por Nicolás Eyzaguirre, las universidades no eran instituciones confiables ni idóneas para desarrollar investigación de alto nivel que pudiese tener un rápido impacto en la competitividad productiva del país. Prevalecía la idea que el anquilosamiento de las casas de estudios más tradicionales no les permitiría asumir este nuevo desafío en materia de innovación para el país.

La reacción de los rectores no se hizo esperar. Sucesivas reuniones tensaron el ambiente, dando pie incluso a la mediación de la entonces ministra de Educación, Yasna Provoste, quien puso paños fríos y respaldó a las universidades diciendo que la política nacional de innovación debía hacerse con las universidades.

Finalmente los rectores ganaron el “gallito” con el CNIC y las universidades pudieron concursar bajo sus condiciones. Con los meses el Consejo de Rectores, en 2008, hizo la presentación oficial de un documento con sus propuestas de Políticas de Innovación para el país, en un solemne acto en el ex Congreso Nacional.

rectores2Esa fue la última vez que se vio al Consejo de Rectores unido frente a una causa común, por lo menos públicamente. Paralelamente se tejían posiciones antagónicas en dos temas: la modificación en la forma de asignación del Aporte Fiscal Indirecto (AFI) –tema discutido en el Consejo Asesor Presidencial de Educación Superior en que participaron los rectores de la UC, Pedro Pablo Rosso; de la U. de Chile, Víctor Pérez y de la Usach, Juan Manuel Zolezzi– y el proyecto de incentivo al retiro para académicos y funcionarios de las universidades estatales. De paso generó algunos roces el anuncio presidencial sobre un plan de fortalecimiento de las humanidades, las artes y las ciencias sociales para las universidades estatales. Claramente, estos hechos no cayeron bien en las universidades privadas del Consejo de Rectores. Sobre cambiar la asignación del AFI levantó la voz disidente la UC, que se vería perjudicada puesto que capta a una gran parte de los mejores puntajes de la PSU, que reciben los dineros que finalmente van a dar a las universidades que eligen para estudiar.

En la vereda opuesta, el rector de la Usach, Juan Manuel Zolezzi, defendía la modificación que, bajo un criterio de equidad, permitiría a estudiantes con muy buen rendimiento en su colegio, pero que no obtenían buenos puntajes en la PSU, optar a este aporte fiscal que debe ser destinado a ayudas económicas. El proyecto de incentivo al retiro para académicos y funcionarios en condiciones de jubilar impulsado por el Consorcio de Universidades Estatales es uno de los puntos que mayor discordia generó en el Consejo de Rectores. De hecho, el presidente del Consorcio, Juan Manuel Zolezzi, pidió el respaldo de los miembros del Cruch para este proyecto, en una reunión regular del consejo en Concepción, ante lo cual los rectores de las universidades privadas condicionaron su apoyo a si la iniciativa los favorecería también a ellos.

La tensa calma terminó e hizo evidente el conflicto que se vivía al interior del Consejo de Rectores en enero de este año. En el marco de un seminario sobre educación superior pública organizado por la Universidad de Chile el rector Víctor Pérez dio a conocer el documento Nuevo Trato del Estado a sus Universidades. Solicitaba que éste se hiciera cargo de sus universidades y financiara sus presupuestos en al menos un 50%. Esta petición tuvo su origen en el deterioro que han tenido las casas de estudios fiscales desde 1981, cuando el régimen militar las intervino y las obligó a funcionar con recursos insuficientes. Hoy varias universidades estatales viven una situación crítica.

Nuevamente la UC alzó la voz. El 27 de enero en el diario La Segunda el prorrector del plantel, Carlos Williamson, advirtió que un trato preferente a las universidades estatales podría producir un quiebre en el Consejo de Rectores. Pasó el verano y las aguas, lejos de aquietarse, siguieron agitadas. A fines de marzo cinco universidades privadas pertenecientes al Cruch constituyeron la Red Cruz del Sur, agrupación que busca contrarrestar las acciones de las universidades estatales, las que, dijo el rector Rosso, tenían paralizado al Consejo. El fuego cruzado no ha parado. Lo último fue la elección de un nuevo vicepresidente ejecutivo del Cruch, cargo ocupado por el rector Pérez de la Universidad de Chile, quien fue reelegido.

Las universidades Cruz del Sur, en forma inédita, se marginaron de la última sesión del Consejo realizada en Antofagasta porque consideran que Pérez no las representa. Esta pugna está lejos de terminar. Los intereses de unos y otros parecen incompatibles. Queda ver cómo se dará la convivencia de los rectores en los próximos meses. Por ahora el Ministerio de Educación ya levantó una mesa de trabajo con las universidades estatales para analizar el nuevo trato, elemento que fue el detonante de la crisis.

Edición Nro 174 de El Periodista.

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