Diputados responden molestos por "presiones" de cibernautas para rechazo de Ley de Propiedad Intelectual

Los diputados Maximiano Errázuriz y Ximena Vidal acusaron «presiones» por los miles de email enviados a sus correos para rechazar la ley que se discute hoy. Los cibernautas aseguran que  la aprobación de la nueva norma podría generar mayores abusos por parte de los proveedores de servicios de Internet, abriendo la posibilidad de cortar las conexiones y bloquear el acceso libre a determinados sitios web.

Mientras se decide en el Congreso la aprobación o el rechazo a las modificaciones presentadas para la Ley de Propiedad Intelectual, los foros y los cibernautas  incrementaron desde los últimos días el llamado por la defensa de sus derechos como usuarios, mediante comentarios en diferentes páginas web. Mientras, durante el día de ayer, algunos parlamentarios, entre ellos Maximiano Errázuriz y Ximena Vidal, respondían molestos por los correos enviados masivamente por parte de los usuarios.

Pero ¿en qué afecta a los usuarios esta nueva Ley? Para algunos la preocupación está en la libertad para navegar. Según el diputado UDI Gonzalo Arenas, la norma “establece la posibilidad de cortar las conexiones a Internet, desde bloquear sitios o páginas web porque en forma aparente o presunta podrían vulnerar los derechos de autor”. Sin embargo, actos como descargar música o diferentes archivos de la red no serán sancionados. Así lo explica el presidente subrogante de la Sociedad Chilena de Derecho de Autor, Alejandro Guarello. “Quien baja un contenido de Internet no comete ningún delito en el sentido de esta ley que se estaría aprobando, es aquel sitio que ofrece o que pone a disposición algo que no es suyo”, subraya.

Es decir, la descarga de música, películas u otros archivos sujetos a la propiedad intelectual seguirá siendo ilegal con la aprobación de la ley. Sin embargo, el usuario que realice las descargas no debería sufrir cortes en sus conexiones. Lo que cambia es que – mediante una orden judicial – los proveedores de Internet podrán bloquear el acceso a los sitios que permitan estas descargas.

Para Arenas “es gravísimo, en la práctica todo nuestro tráfico estará fiscalizado por las propias empresas proveedoras de Internet, las cuales van a poder bloquear nuestras conexiones, impedir que entremos a ciertas páginas o ciertamente inhabilitar ciertos contenidos a ciertas páginas, porque ellos creen que presumiblemente pueden contravenir las normas de derecho de autor (…) Además, las exime de responsabilidad si introducen un daño por bajar o impedir esos contenidos”.

Internacionalmente este tipo de normas han sido aprobadas bajo el argumento de ser la única forma de detener la piratería en Internet. Para el abogado de la ONG Derechos Digitales, Claudio Ruiz, la norma chilena esta lejos de ser similar, por ejemplo, a la ley francesa, la que establece cortes a cuentas de Internet para quienes descarguen contenidos. “Eso no es así, no está en discusión y probablemente no se va a discutir nunca”, aclara.

Diputados vs Cibernautas

Entre las iniciativas que han tomado los diferentes usuarios de foros y sitios web, una de las que más comentadas ha sido el envío de correos masivos a los diputados solicitando el rechazo. A raíz de estos mensajes, el diputado Maximiano Errázuriz envío una insólita respuesta en la que aseguaraba votar a favor por “la falta de respeto”. Por su parte, la diputada PPD Ximena Vidal, mediante un comunicado, rechazó las presiones, asegurando que “invaden los correos, supuestos defensores de la Internet, solicitando nuestro voto en contra del proyecto de ley de propiedad intelectual, pero esta no es la manera de disentir y no lo permitiremos, estamos estudiando la forma legal de protegernos de mejor forma de estos inescrupulosos cibernautas”.

Donde existe consenso es en los problemas de redacción del artículo 85T, y los posibles abusos por parte de los proveedores que estos podría significar. Además esta nueva ley otorgaría ciertos usos razonables de obras intelectuales, como el caso de las bibliotecas y de copias para bibliotecas de sordos y ciegos, prácticas que hasta hoy, son ilegales.