Las razones del fracaso de Conadi y la política indígena en la Araucanía

 “Casos Especiales”

Cuando se estableció la Ley Indígena, la entrega de subsidios –según el Artículo 20 A– señaló que los criterios para esta asignación iban a estar determinados por “el ahorro previo, situación socio-económica y grupo familiar”, cuya suma de variables otorga un puntaje. Puntaje que los “Casos Especiales” se saltan. Y es esta la situación que Manuel Namuncura ha denunciado a Contraloría, la cual el 2008 objetó estos casos. Año en que por este ítem se habían destinado montos por más de mil millones de pesos y donde de los 54 subsidios individuales para los favorecidos, 35 de ellos pertenecían al distrito del diputado Eugenio Tuma. Dicha cifra corresponde al 64 por ciento de la totalidad de los dineros mencionados.

El surgimiento de esta figura –que no se encuentra en la Ley– partió de forma masiva en los años 2007-2008, pero proviene de 1999. Los “Casos Especiales” son justamente eso: especiales. Y aparecen normados como tales en las “Bases Reglamentarias del Concurso

Público Undécimo Subsidio para la Adquisición de Tierras para Indígenas 2008” según indica el Artículo 7, el cual se basa en Artículos de la Ley Indígena números 1, 7 y 39, para “personas indígenas que se encuentren con orden de desalojo, sean ocupantes o mero tenedores de terrenos, por situaciones socioculturales orientadas a promover las  tradiciones propias de los Pueblos Indígenas; es el caso, de los agentes promotores de la medicina tradicional o Machi y Cacicados presentes”, cita el referido Art. Nº 7. No obstante, la relación con la Ley Indígena se presta para confusiones en su interpretación. Entonces, “esta figura  –argumenta el abogado conciliador de Conadi, Lohengri Ascencio– consiste en que el Consejo Nacional junto al Comité de Selección ocupen una figura excepcional para la entrega del Subsidio de Tierras en base a una norma que se establecía en las bases del concurso, pero esa norma era muy ambigua, de manera que el Comité y el director de la Conadi podían interpretarlo, dando mucho espacio para al arbitrariedad. Y esto no encajaba con lo que dice la ley en el Artículo 20 A ni el reglamento del Fondo de Tierras”.

Tal situación ha generado críticas tanto desde el interior de Conadi como desde fuera, atravesando transversalmente distintos sectores políticos y actores sociales allegados al tema. Uno de ellos es el ex alcalde de Temuco y candidato a senador por La Araucanía, Francisco Huenchumilla, quien explica que “en la Ley se establecieron requisitos objetivos para garantizar la imparcialidad y la igualdad de oportunidades (…) cuando tramitamos la ley (y yo fui presidente de la comisión) ésta no contempló esos denominados casos especiales en materia de postulación al subsidio de tierras”. Pero sostiene que pese a no conocer la situación concreta de Conadi, “cuando las decisiones se apartan de la ley se cometen arbitrariedades”. Para él, estas arbitrariedades no son sinónimo de permeabilidad a las irregularidades. “A más de 15 años de publicada la Ley y nacida la Conadi, esta estructura fue quedándose chica frente a los requerimientos y a los problemas que pasaron de ser productivos a ser problemas políticos y la estructura de la entidad no da para solucionarlos, y aparte, se han cometido algunas irregularidades, pero vuelvo a decir, que es un servicio público, pero eso no altera para nada el problema y el conflicto que tenemos”, puntualiza.

Sobre la arbitrariedad en que operarían los “Casos Especiales”, von Baer coincide con Huenchumilla. “En este momento es absolutamente arbitraria la entrega de tierras porque se usa el 20 B y, además, el 20 A podría no haber sido arbitrario, pero se desvirtuó en el camino, por tanto, ambas fórmulas de entrega de tierras son discrecionales, y qué tenemos: una política pública mal enfocada, porque solamente está centrada en la tierra” (…) “Cuando tú tienes una política pública con una decisión discrecional, automáticamente abres la puerta para que haya grupos de presión; esas personas o grupos que toman decisiones discrecionales responden a esa presión y se compra la tierra a comunidades que son violentas”.

En el foco de anomalías denominados “Casos Especiales”, existirían además los operadores políticos que beneficiarían a comunidades y particulares ligados a los Consejeros Nacionales de la entidad indígena. Se trataría de Hilario Huirilef (PPD), Richard Mancilla y José Santos Millao (PS). Hernando Silva abogado y Coordinador del equipo jurídico del la ONG Observatorio Ciudadano –pero a título personal– señala que los dos primeros, junto al diputado Eugenio Tuma formarían una suerte de “triunvirato”. “Cuando la gente solicita el 20 B (compra de tierras), sabe que debe ir a hablar con Huirilef o con Millao para que les hagan el lobby dentro del Consejo de Conadi y les aprueben la compra”, explica. De acuerdo al profesional, en la Corporación se ha consolidado un cierto grado de corruptela dentro de su funcionamiento. “Conadi trabaja para ciertas comunidades que son el público electoral al cual aspira Tuma, entonces justo esas comunidades son las que están reivindicando tierras. Es como un círculo vicioso y por eso es tan difícil sacar a los funcionarios, porque hay una especie de protección jurídica dentro de Conadi, cuya forma de pago es en votos. Entonces, ahí puedes ver cómo ha habido sumarios en contra de Andrés Quiroz (fiscal de Conadi), en contra de Richard Mancilla (encargado de tierras) y estos no se han podido aplicar porque el encargado de aplicar las sanciones –el director de Conadi– los absolvió. Entonces ahí cuando ya habían pruebas suficientes, si nosotros hubiésemos tenido acceso al sumario elaborado por el fiscal Juan Campos de Mideplan, donde hay pruebas plausibles y concretas, pero Álvaro Marifil los absolvió y la gente de Conadi legitima esta solución. Hace una semana estuve con un abogado de esta institución y decía que los sumarios estaban mal hechos, que la gente  no era responsable y bla, bla bla. Entonces hay toda una cosa de tirar tierra encima de la caca para taparla”, remata.

El Consejero Regional y también Consejero Indígena, Hilario Huirilef se defiende de las acusaciones que lo ligan a clientelismo y beneficios político-electorales, argumentando que ellos (los Consejeros Indígenas) sólo proponen los “Casos Especiales”, pero en última instancia, quien resuelve y en quien recae la responsabilidad administrativa, es en el director de Conadi, Álvaro Marifil. Además, defiende la legalidad de éstos, apoyándose en el dictamen de la Corte de Apelaciones de Temuco que en septiembre de este año por unanimidad aprobó el recurso de protección a favor de los beneficiados objetados por Contraloría por los denominados “Casos Especiales”. Aun así, Marifil reconoce que éstos no se encuentran contenidos en la Ley Indígena, sin embargo, dice que esta figura se usa en las regiones de Los Ríos, del Bío Bío y de La Araucanía. Y recuerda que el año 2005 fueron cuestionados 10 casos denominados “Casos Excepcionales”, por un monto total de 117 millones de pesos, los cuales eran para beneficiarios mapuche en el extranjero, de países tales como Francia, Argentina, Suecia, Bélgica, Inglaterra, Alemania y Canadá. Pasaron casi desapercibidos. Huirilef recalca finalmente que esta situación tiene al menos 10 años de antigüedad y añade que nadie ha cuestionado al “activista del señor Huenchumilla (Cayuqueo) cuando le dieron el subsidio siendo sostenedor de un colegio”.

Política pública y sobreprecios

Hoy la población mapuche total del país (604.349 según censo 2002) aparece en menor cantidad que en el año 1992. De estos 600 mil habitantes, sólo 227 mil viven en sectores rurales y el resto (377 mil) en la ciudad. Pese a que la población mapuche ha aumentado en áreas rurales, von Baer sostiene que no se justifica centrar una política pública indígena en la entrega de tierras. “Hoy la mayoría de los mapuche está viviendo en las ciudades y donde obviamente tenemos una pérdida cultural más fuerte es en ellas” (…) “si es que se liga solo a la tierra (el enfoque de la política pública), creo que estamos cometiendo un error, porque estamos enfocándonos en el 39 por ciento de la población (rural) y no en el 60 por ciento (urbana). Además, los propios mapuche, como lo dicen las encuestas del CEP, no ligan la permanencia de la cultura a la tierra específicamente, aunque sí hay una ligazón y eso también hay que reconocerlo”, dice.

De lo que habla von Baer es de las principales razones que los mapuche tienen para sentirse parte de su cultura y éstas son: la lengua (57%) y los apellidos (49%), (CEP, 2006). Otros datos reveladores que el centro de estudios ofrece, es que los tres principales problemas que los mapuche (entre población urbana y rural) en particular tienen y que el gobierno debiera solucionar es en “recuperación de tierras” (35%), “pobreza” (34%) y “educación” (30%). Ahora, también es importante señalar que el 61 por ciento de los mapuche cree que el país debe repararlos con tierras.     

Si bien es cierto que existen otras políticas para el desarrollo de los pueblos, von Baer critica el diseño institucional de Conadi y a los responsables de ello. “El problema no es de ella per se, ni de los funcionarios; es del diseño, que está mal hecho. Entonces, hoy lo que estoy viendo en política indígena, es que está Conadi, un nuevo ministerio, está Indap, está Orígenes, está una maraña institucional impresionante” (…) “cuando tú haces una política pública bien diseñada sabes quién es responsable del éxito y quién del fracaso. Si seguimos, hoy no sabes quién es responsable. No sabes si es Orígenes, Conadi, el Consejo Nacional Indígena o Mideplan. El fracaso para mí está en los diseñadores de la política pública”, asegura.

Toda esta “maraña” ha suscitado numerosos cuestionamientos que han llegado hasta tribunales con querellas “contra quienes resulten responsables”. Se trata de irregularidades que al menos en la prensa datan desde el año 2001. Las denuncias más actuales son las presentadas por el abogado Jaime Madariaga que asegura se defraudó al fisco en una transacción donde Conadi habría pagado cerca de 2 mil 600 millones de pesos por una propiedad de un valor comercial no superior a los 700 millones, y en la cual aparece involucrado el ex presidente de la Sofo, Manuel Riesco Jaramillo, recibiendo una comisión como operador por un monto de 600 millones de pesos. Al respecto, José Aylwin señala que “se ha priorizado la adquisición de tierras vía mercado, lo que resulta a la postre en una suerte de premio a los usurpadores de las tierras, porque lo que está pagando el Estado no es la tierra propiamente tal, sino el valor del conflicto y eso permite esos precios exorbitantes que son pagados”. El profesional sostiene sobre estos fraudes que “no hay duda que han sido un motivo importante de la situación de conflicto, pues la sospecha de la existencia de auto-atentados en algunos casos particulares cobra más credibilidad, pues con esos sobreprecios de cerca del 400 por ciento en predios que estaban ocupados o que sufrieron delitos de daño a la propiedad, es innegable que la causa del aumento ilegal del precio no sólo fue la actividad delictiva de los culpables de estos fraudes al fisco, sino también estas acciones ilegales contra la propiedad, que pueden haber sido cometidas por mapuches y no mapuches, por chilenos y no chilenos, e incluso como digo, en algún caso particular incentivada o cometida por la misma empresa forestal o de seguridad, o agricultor”, enfatiza.