El cuestionado documento que enjuicia a Chile

El informe sobre DDHH elaborado por la UDP fue categórico en señalar que, a veinte años de la dictadura, el Estado continúa violando los derechos humanos. Evidenció, además, la situación del primer caso de “desaparición forzada” en democracia, generando una ácida reacción de las autoridades. A continuación, una revisión completa a estos y otros temas contenidos en el polémico informe.

Por Francisco Aravena

Mientras que en La Moneda y en el oficialismo respondieron con molestia por las conclusiones, el informe reveló los antecedentes de la desaparición del menor José Huenante, quien en septiembre de 2005 se perdió sin dejar rastro, luego de ser detenido por Carabineros.

El caso provocó que tres de los uniformados involucrados fueran dados de baja, por el delito de sustracción de menor. Sin embargo, hasta la fecha, de José nada se sabe y ya se habla del primer caso de “desaparición forzada” en democracia. El documento, elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la mencionada casa de estudios, da cuenta además de la ineficiencia del Estado chileno en materias tan sensibles como el derecho al trabajo para personas con discapacidades, la falta de libertades en las protestas sociales, la violencia contra los pueblos indígenas, los derechos de los niños y el incumplimiento de los compromisos de Chile ante organismos internacionales de Derechos Humanos.

A continuación, El Periodista preparó un resumen especial con estos y otros temas contenidos en el Informe de la UDP.

VIOLACIONES HISTÓRICAS

Según el documento, los hechos ocurridos durante el último año en materia de violaciones históricas de DDHH en Chile dan cuenta de un progreso en la recuperación de la memoria nacional.

El proyecto del Instituto de Derechos Humanos y el Museo de la Memoria son parte de ello. En contraposición, el informe muestra que también persiste la negación del pasado y graves problemas de reparación y acceso a la verdad.

El revuelo por los falsos detenidos desaparecidos, el nombramiento del ministro Alfredo Pfeiffer en la Corte Suprema, la nominación de Marcelo Venegas como presidente del Tribunal Constitucional y la escasa atención a las víctimas de tortura del régimen militar, son ejemplos de ello.

La impunidad se ha manifestado en procesos infructuosos y escasas condenas efectivas para los autores de crímenes contra la humanidad. En general, la Corte Suprema las ha reducido bajo el argumento de considerar insensata una pena alta por crímenes ocurridos largo tiempo atrás. “Con esto la mayoría de los responsables ha podido beneficiarse de la libertad condicional, lesionando con ello el deber que pesa sobre el Estado de combatir la impunidad”, señala el texto.

Según el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, de los 260 agentes condenados, solo 51 cumplen pena efectiva, dejando a Chile en una situación de inobservancia de sus compromisos internacionales.

Sobre esto último, el Informe entrega una visión general del cumplimiento de las obligaciones que ha asumido Chile con el sistema mundial de derechos humanos. Los hitos del período (2008-2009) estudiado por la UDP, se relacionan con la entrega de informes oficiales, elaborados por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Comité contra la Tortura (CAT), el Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) y el informe presentado a la primera revisión del Examen Periódico Universal (EPU). En todas las ocasiones la sociedad civil elaboró información alternativa o “informes sombra”.

El estudio de la UDP realizó un análisis cualitativo de toda esta información, basado en los antecedentes oficiales y alternativos, así como en información periodística, constatando que “las autoridades estatales, a pesar de sostener un discurso que promueve la participación de la sociedad civil, desatiende sus recomendaciones y omite información crítica que es de interés para los órganos de tratados”. Más aun, observa “una falta de cumplimiento de los compromisos que los órganos responsables han adquirido en materia de seguimiento de dichas recomendaciones, lo que pone en cuestión la capacidad del Estado de liderar estos procesos a nivel internacional”.

Por otro lado, revela la omisión por parte del gobierno de datos importantes sobre Derechos Humanos ante los organismos internacionales. Como antecedente, el informe asegura que el Estado promovió una agenda de activa participación de la sociedad civil, lo que llevó a organizar reuniones bilaterales. En una de ellas, el Centro de DDHH de la UDP, le hace ver al gobierno la necesidad de que incorpore un informe de la Contraloría muy crítico sobre temas penitenciarios. El gobierno, a pesar de decir que considerará las opiniones, lo omite injustificadamente en su escrito final. “Ello importa una visión incompleta –indica el informe– ante la comunidad internacional y una falta del compromiso con la sociedad civil”. Del mismo modo, el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, aseguró que habría un cronograma de trabajo conjunto con organizaciones, pero nada de eso ha ocurrido hasta la fecha.

DESAPARICIÓN FORZADA

En el capítulo referido a los derechos de los niños, el Informe evidencia que durante el último año el sistema de protección hacia los menores víctimas de violencia, malos tratos y abusos, volvió a fallar, esta vez con un resultado fatal.