Gobierno sigue negándose a conformar una mesa de diálogo

MapucheEl gobierno insiste en la modificación de la ley antiterrorista en forma urgente y que, mientras tanto, no habrá mesa de diálogo. Los legisladores reunidos en la comisión de Constitución, continuarán sesionando todo el  fin de semana. El ministro Bulnes, refiriéndose a la huelga de hambre de los comuneros mapuches, dijo que “no nos vamos a dejar arrastrar por presiones”. Cuatro nuevos comuneros y familiares de los huelguistas se suman al ayuno.

Cuatro nuevos comuneros se suman desde ayer, en La Florida, Santiago, a la huelga de hambre iniciada hace ya más de 62 días por presos políticos mapuche en la IX Región. Mientras, el gobierno insiste en su visión de criminalizar la problemática mapuche y piensa que la modificación de la ley antiterrorista es la única forma de avanzar en la solución del conflicto. Mientras tanto, se niega a sentarse en cualquier mesa de diálogo que varias fuerzas vivas de la sociedad sugieren con urgencia, entre ellas, la de la Iglesia Católica, a través de los obispos Goic y Ezzati.

El senador Andrés Chadwick (UDI) declaró que, refiriéndose a la hipotética mesa de diálogo, “encontramos que no es necesaria”. Su par de RN, Alberto Espina, señaló que “no podemos debilitar la legislación chilena”

La oposición no se encuentra optimista en cuanto a la solución inmediata del conflicto planteado por los comuneros en huelga de hambre. Intentar discutir un “ladrillo jurídico, imposible de estudiar y tramitar con la premura requerida” es improcedente hoy, según el senador Alejandro Navarro.

José Antonio Gómez (PRSD señaló que la propuesta “modifica la Ley (Antiterrorista) en general y no se hace cargo de la huelga”. Insistió en la necesidad de que el gobierno convoque lo antes posible a una mesa de diálogo que termine con la huelga. Porque el proyecto del Ejecutivo, a su juicio, no asume la emergencia.

La  Ley Antiterrorista (Ley N° 18.314 ) creada durante la dictadura  militar de Augusto Pinochet endurece las penas correspondientes a delitos comunes,  ha sido condenada por las Naciones Unidas. Esta legislación prevé la aplicación preventiva por hasta dos años de un sospechoso, así como impide a los abogados de defensa acceder a la investigación o interrogar a testigos cuya identidad es mantenida en secreto. La Ley Antiterrorista también fue aplicada en contra de la comunidad mapuche por varios de los gobiernos de la concertación.

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