Corte Suprema rechaza recurso de Amparo de ex intendenta DC acusada de fraude al fisco

El máximo tribunal rechazó el escrito presentado en contra de la decisión del Juzgado de Garantía de Iquique que ordenó la prisión preventiva de Antonella Sciaraffia, imputada de falsificación de instrumento público en el denominado caso “Muebles”.

En fallo unánime (causa rol 2583-2012), los ministros de la Segunda Sala Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Juan Escobar (suplente), ratificaron el fallo de la Corte de Apelaciones de Iquique que rechazó la solicitud de modificar la medida cautelar.

El tribunal de alzada había determinado desestimar el recurso especial, por considerar que no se había vulnerado la libertad de la formalizada.

“Que, atento a la finalidad de esta acción constitucional establecida en el referido artículo 21 de la Carta Magna, debe considerarse que esta acción solamente puede ser acogida en la medida que la prisión preventiva decretada, lo haya sido con infracción a lo dispuesto en la Constitución o las leyes, con el objeto de observar y cumplir las formalidades legales, con la finalidad de que, si ello no se cumple, la Corte debe, de inmediato, decretar las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada, hipótesis que no es el caso de autos, toda vez que la prisión preventiva de la amparada Sra. Sciaraffia Estrada, fue decretada por un juez competente, dentro del ámbito de sus atribuciones, cumpliéndose con las formalidades legales y con un estudio acabado de los antecedentes que obran en la carpeta respectiva y que constituyen mérito suficiente para su procedencia”, dice el fallo del tribunal de alzada.

La ex intendenta, ex seremi y ex diputada DC se encuentra en prisión preventiva desde el 20 de marzo, luego que se presentara tras 50 días en que estuvo en calidad de prófuga de la Justicia.

El Ministerio Público imputa a la actual jueza de policía local, de los delitos de asociación ilícita, fraude al Fisco y falsificación de documento público en el denominado “Caso Muebles”, en que se iban a destinar más de mil 200 millones de pesos para la adquisición de mobiliario escolar y computadores para los establecimientos educacionales municipales de Arica e Iquique.

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