Justicia ordena exhumación de restos de ejecutado político en Coyhaique
El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de la undécima región del país, Luis Daniel Sepúlveda Coronado, ordenó la exhumación de los restos de ejecutado político Juan Bautista Vera Cárcamo.
La diligencia se realizará en el cementerio vecinal del sector El Claro de Coyhaique, y en ella participarán peritos del Servicio Médico Legal de Santiago y funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile.
Vera Cárcamo, funcionario de la Corporación de la Reforma Agraria (CORA) y de sólo 23 años, fue muerto por la acción de agentes del Estado, el 10 de octubre de 1973 en Valle Simpson.
Simpatizante del Partido Socialista, según el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, tras el 11 de septiembre de 1973 se fue a trabajar a un predio de su propiedad. El 10 de octubre llegó hasta ese lugar una patrulla formada por militares y civiles, dándole muerte. La familia se enteró por la radio y encontró su cadáver en la morgue de Coyhaique. El cuerpo presentaba huellas de varios impactos de bala y el acta de defunción respectiva indica como causa de la misma, “impartida por la autoridad militar, herida a bala”. Figura como requirente de la inscripción, un oficial de Ejército y como médico que certifica, un profesional de la misma Institución.
La versión oficial, aparecida en el diario El Llanquihue del 20 de octubre, señala que “el detenido Vera, en el trayecto de su habitación al vehículo que debía trasladarlo a Coyhaique, tomó un hacha intentando agredir a los integrantes de la patrulla, la cual procedió al empleo de sus armas, falleciendo en forma instantánea”.
“Es convicción de la Comisión que en la muerte de Juan Vera se cometió una grave violación de sus derechos fundamentales, constituyendo una ejecución al margen de todo juicio, en razón a que resulta inverosímil que el afectado, ya arrestado por sus captores, haya podido tomar un hacha para atacarlos, toda vez que la práctica habitual de los funcionarios policiales y militares en las detenciones siempre fue asegurar, incluso con violencia, la eficacia de la aprehensión; y que aún en el evento improbable que se hubiese producido la agresión alegada, estos funcionarios están por lo común en condiciones de impedir actos de tal naturaleza con medios adecuados, sin necesidad de llegar a dar muerte a sus detenidos”, señaló el mencionado informe Rettig.
El ministro Sepúlveda Coronado es el magistrado asignado para investigar los procesos por violaciones a los derechos humanos en la jurisdicción.