En Corte de Apelaciones: CUT y FTC interponen recurso de protección en contra de licitación del litio

En conjunto con parlamentarios de oposición, los dirigentes sindicales Bárbara Figueroa y Raimundo Espinoza presentaron la acción legal por considerar irregular e ilegal la entrega en concesión del recurso natural.

Los máximos dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Bárbara Figueroa y Raimundo Espinoza, respectivamente y los diputados Patricio Vallespin (DC), Marcelo Schilling y Manuel Monsalve (PS), interpusieron un recurso de protección en contra de la adjudicación de los Contratos Especiales de Operación del Litio (Ceol) que busca, en primer término, que se dicte orden de no innovar, paralizando el proceso de licitación y, en definitiva, sea acogido en todas sus partes declarándolo nulo.

Los recurrentes fundamentaron la acción de protección en varios argumentos, entre los que se encuentra que el Ministerio de Minería carece de facultades constitucionales y legales para licitar estos contratos en los términos en que fue hecha.

Además el recurso considera que el proceso en cuestión, carece de responsables al ser suscritos por un subrogante, el subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y que no se determina el ámbito espacial en que se entenderá hecha la concesión.

Asimismo apuntaron que en el proceso no se determina el ámbito espacial en que se entenderá hecha la Concesión y finalmente, que la licitación “infringe y obvia trámites ambientales que debieron realizarse con anticipación, tales como una Evaluación Ambiental Estratégica y la Consulta previa que impone el Convenio 169 de la OIT”.

El documento presentado en la Corte de Apelaciones de Santiago concluye que estas omisiones y acciones, tienen un carácter arbitrario e ilegal que afectan las garantías constitucionales de igualdad ante la ley; igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos; libertad de trabajo y su protección; derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, entre otras.

A la salida de tribunales, Raimundo Espinoza manifestó que “junto con la Presidenta de la CUT y los diputados presentes venimos a presentar un recurso de protección para salvaguardar nuestros recursos naturales e impedir la licitación del litio y en eso queremos ser bastante claros: nosotros ya habíamos presentado un recurso junto con algunos senadores y el error histórico que se ha cometido aquí no es -como dijo hace unos días el subsecretario de Minería que la nacionalización del cobre había sido un error histórico- precisamente lo que están haciendo con el litio. Por ende, pensamos que hay argumentos que justifican con creces esta acción, partiendo porque ésta es una licitación desregulada, que no se ha contemplado el tema del medio ambiente, entre muchas otras discusiones que se deben dar antes de ver siquiera qué se va a hacer con la explotación de este recurso, discusiones no solamente con el parlamento, sino que con la sociedad civil y con otras organizaciones sociales, gremiales y por supuesto sindicales”.

Por su parte, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, argumentó que la acción legal se enmarca “en la línea de poder garantizar, desde las organizaciones civiles y desde el mundo sindical, el derecho a resguardar nuestros recursos naturales. Hacemos esta acción pues existe una ilegalidad que implica la licitación del litio a una empresa extranjera en particular, sino que además porque tenemos absoluta convicción de que los recursos de todos los chilenos y sus vías de desarrollo y de producción deben ser resorte de todos los chilenos, porque finalmente son el instrumento que nos permite entregar fuentes laborales dignas y por sobre todas las cosas, el resguardo de nuestra soberanía nacional. Por ello, la Central no podía estar ausente en esta acción y además anunciamos que prontamente realizaremos otras cosas de carácter más político, interpelando al Presidente de la república respecto de las razones y los fundamentos para entregar el litio de esta manera. Evidentemente, en esta tarea vamos a estar presentes como CUT y en compañía de todos aquellos gremios y asociaciones que están directamente vinculados al mundo de la minería y en la defensa de nuestros recursos naturales y la soberanía nacional”.

El diputado de la Democracia Cristiana, Patricio Vallespín, señaló que “como parlamentarios estamos presentando este recurso de protección porque vemos que el proceso está lleno de vicios, irregularidades e ilegalidades que vamos a tratar de demostrar en este recurso. Unos tienen que ver netamente con la normativa ambiental que no se está resguardando la evaluación ambiental estratégica de la política del litio; hay irregularidades respecto a que esto se está haciendo de forma aespacial , es decir, en cualquier parte del país se puede explotar el litio, lo que nos lleva a preguntarnos qué pasaría si se llega a explotar donde hay comunidades indígenas lo cual incumpliría el convenio 169 de la OIT, o sea hay irregularidades evidentes y claras y creemos que acá obviamente esta licitación totalmente desregulada debe ser revisada por los tribunales y ojala recoja nuestras tesis que creemos van en la línea de proteger este recurso para todos los chilenos”.

Finalmente, el diputado socialista, Manuel Monsalve, agregó que “esperamos que la Corte de Apelaciones recoja este recurso de protección. La verdad es que ha habido una gran angustia de parte del gobierno por entregar los recursos que son de todos los chilenos y eso ha quedado demostrado en la tramitación de la Ley de Pesca y vuelve a quedar demostrado en la entrega en concesión del litio. Está claramente establecido en la Constitución que es el Estado el dueño, con propiedad absoluta e inalienable de los recursos minerales de Chile, entre los cuales indudablemente está el litio; esto implica que la entrega a través de contratos especiales requería primero de una ley previa, cuestión que no ha cumplido este gobierno. En segundo lugar, tiene vacíos claros, no hay un territorio determinado donde se entregue la explotación del litio, no hay evaluación ambiental estratégica, por lo tanto se vulneran derechos que están establecidos en la Constitución y esa es la base fundamental del recurso de protección que hemos venido a presentar hoy y que esperamos que la justicia coloque en su lugar los errores que ha cometido el gobierno”.

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