Entretelones de la ratificación de subsecretaria Echeverría en Defensa

Aunque la nominación de Carolina Echeverría parece estar ya definitivamente confirmada, a pesar de los cuestionamientos surgidos tras revelarse que su padre tuvo participación en situaciones atropellos a los DD.HH., su caso parece destinado a seguir marcando un punto oscuro en la partida de la segunda administración de Michelle Bachelet.

Por Pedro H. Rojas

Fuentes allegadas señalan que el alineamiento y cierre de filas en favor de Echeverría en el entorno de Bachelet fue completo, incluyendo desde la propia Primera Mandataria electa y pasando por su ministro del Interior nominado, Rodrigo Peñailillo, hasta la no menos influyente e intima amiga María Angélica Álvarez, la «Jupi». Todos, junto con respaldar a Echeverría, cerraron también filas en torno a la idea de que retirarle su nominación simplicaría asumir un error substancial y, de paso, constituiría también una muestra inaceptable de debilidad de Bachelet.

El episodio es visto, por muchos observadores, como una clara evidencia de los extremos a que están dispuestos a llegar quienes forman el entorno de Bachelet, en términos de defensa corporativa de grupo, y la importancia que todos sus integrantes asignan a las relaciones personales. «Se está perfilando con claridad que todos ellos, especialmente el grupo de los G-90 que encabeza Peñailillo, privilegian La amistad y la lealtad», aseguró a EP una fuente con visión privilegiada.

Pese al blindaje, la ex Subsecretaria de Marina acusó el golpe de los cuestionamientos hacía su persona, especialmente en los contenidos de la nota publicada por EP el sábado 15 de febrero, que incluyó información que hasta entonces ningún otro medio había difundido.

Según fuentes cercanas al PPD, Echeverría resintió todo ese peso, y el día jueves 20 de febrero había comunicado a sus más cercanos que daría un paso al lado. Apenas enterado, Rodrigo Peñailillo se comunicó con ella y, junto con señalarle su respaldo personal, le planteó que no podía hacerse a un lado, porque ello sería interpretado como la prueba de que su nominación había sido un error de Bachelet.

Ya convencida de no hacerse a un lado, se sugirió a Echeverría que hiciese una aparición pública para referirse a las revelaciones respecto de su padre, mostrando algún pesar por ello, para cerrar el tema. Ella lo descartó de plano, planteando que su padre sólo había sido un soldado que cumplía órdenes, algo que en su opinión la mayoría de los civiles tiene dificultades para entender pero que ella tiene muy claro. Echeverría remachó el punto señalando que, si se le exigía salir a dar explicaciones, preferiría quedarse fuera del gobierno. Mientras, la noticia de que Echeverría había decidido no aceptar la nominación ya se había filtrado y llegado a los medios, que la publicaron el día 22 de febrero. Frente a eso, y tras considerar y descartar hacerlo el mismo, Peñailillo solicitó al Ministro de Defensa nominado, Jorge Burgos, que saliera a desmentir esas informaciones.

DDDHH y Estándares

En relación a las revelaciones sobre la participación de su padre, el hoy Coronel (r.) de Ejército Victor Echeverría, en hechos de abusos contra los derechos humanos q ué habrían incluido tortura, es efectivo que no se puede adjudicar responsabilidad a la Secretaria de las FF.AA. nominada por ello. Sin embargo, el silencio que ella ha guardado al respecto se ve muy mal, por un lado por la naturaleza del cargo que se dispone a asumir en el Ministerio de Defensa, y por otro por las posiciones que sustenta el partido y el sector político con ella aparece alineada.

Al respecto, se recuerda que durante su pasada gestión como Subsecretaria de Marina, Echeverría fue partidaria de excluir al Vicealmirante Cristián Gantes, por razones de simple sospecha circunstancial de abuso de derechos humanos, de la lista de potenciales sucesores del Almirante Rodolfo Codina como Comandante en Jefe de la Armada. La razón invocada era la existencia de una carta anónima que buscaba involucrar al oficial en la muerte del sacerdote Miguel Woodward, ocurrida el día 22 de septiembre de 1973 abordo de la «Esmeralda» en Valparaíso, adonde el religioso había sido llevado detenido.

Echeverría respaldó la exclusión de Gantes, que era el sucesor preferido por el Almirante Codina en base a razones de desempeño y profesionalismo, lo que finalmente benefició al Vicealmirante Edmundo González, amigo de la Subsecretaria, que fue finalmente nombrado en la jefatura de la marina por la entonces Presidenta Bachelet. La exclusión de Gantes se produjo a pesar de que las indagaciones que hasta ese momento había hecho la justicia habían confirmado que ese oficial, que era un guardiamarina en septiembre de 1973, había sido trasladado al destructor «Blanco Encalada» en Talcahuano el mismo día 11 de ese mes. Las acusaciones contra Gantes, que se originaron en un anónimo -algo usualmente inaceptable ante una corte- fueron finalmente descartadas por completo.

Las acusaciones que se han hecho a Echeverría por el rol que tuvo en la postergación de la regularización, como jubilados de Capredena, de los marinos exonerados por el supuesto intento de rebelión de agosto de 1973, son más serías. Lo que la entonces Subsecretaria de Marina hizo en noviembre del 2009 fue intentar chantajear a esos ex servidores de la Armada, que fueron encarcelados y torturados por intentar impedir el golpe de estado que se fraguaba, cuando fueron detenidos, al interior de la marina contra el Presidente Salvador Allende. Es decir, esos marinos fueron castigados en 1973 por haber intentado defender a la figura por la cual la izquierda chilena aún rasga vestiduras hoy. Peor aún, al fracasar el intento de chantaje, en donde les exigía a los ex marinos retirar una demanda presentada en tribunales contra la Armada, Echeverría les castigó postergando la regularización de sus jubilaciones.

La situación de los marinos exonerados fue recién regularizada bajo el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, quien materializó muchas cosas que durante los dos últimos gobiernos de la Concertación se habían calificado de imposibles. Junto a la situación de esos marinos también fueron regularizadas las jubilaciones de otros ex funcionarios de las fuerzas armadas, que también habían sido exonerados después del 11 de Septiembre de 1973. Entre ellos se incluyen los oficiales y suboficiales que estaban detenidos en la Academia de Guerra de la FACH en marzo de 1974, junto al padre de la Presidenta electa, el General Alberto Bachelet, sufriendo los mismos maltratos que finalmente ocasionaron la muerte de este último. La mayoría de esos ex funcionarios de la fuerza aérea tiene una opinión crítica de Michelle Bachelet, y coinciden en que, además de asignar escasa prioridad a resolver los problemas de los exonerados de las FF.AA., ella respaldó la conducta de Carolina Echeverría frente a los marinos exonerados.

Con todo, Echeverría ocupará un cargo importante en un sector sensible de la gestión pública, llevando a su espalda un episodio de conflicto de intereses, que dio lugar a un sumario que se manejo y cerró en forma poco clara en el 2009. Los antecedentes nunca estuvieron a disposición del público, no cumpliendo con los requerimientos de transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía que son consubstanciales a una democracia. Es cierto que la situación se dio en el Ministerio de Defensa, donde acostumbran ocultar todo bajo el oscuro manto de la seguridad nacional, pero la verdad es que las materias en entredicho -permisos de uso costero- no tienen nada que ver con la seguridad del país.

Tampoco existe claridad respecto de la relación de Echeverría con las firmas proveedoras de equipamiento bélico, de las cuales habría recibido aportes financieros en su rol de recaudadora de fondos para la campaña presidencial de Michelle Bachelet.

Al respecto, fuentes en Santiago aseguran que en esas tareas tuvo el apoyo del ex ministro Enrique Correa, hoy poderoso agente de lobby que atiende a muchos de esos proveedores a través de su consultora Imaginacción. Y no deja de ser preocupante, porque como alta autoridad del Ministerio de Defensa, ella tendrá que interactuar con esos mismos proveedores. Es cierto que existe un vacío legal respecto del tema de los aportes particulares al financiamiento de las campañas políticas, así como respecto del financiamiento de las fundaciones que mantienen algunas figuras de la política nacional, y el caso de la futura Subsecretaria de las Fuerzas Armadas deja en claro que esos vacíos demandan una solución. Lo único claro hoy es que Chile está aún lejos de contar con un sistema democrático pleno y transparente.