Alerta por amenaza de muerte de origen homofóbico en La Moneda
El Movilh intervendrá ante la presidenta Bachelet y el ministro secretario general de la presidencia, Gabriel de la Fuente, para que “tome cartas inmediatas en el asunto”.
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) expresó hoy “su máxima preocupación por la denuncia de homofobia laboral al interior de La Moneda, cuyos alcances son escandalosos y sobrecogedores y se vendrían arrastrando desde el 2016”
El afectado, según informó hoy El Mostrador, es el gestor de facturas en la Unidad de Compras del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, José Miguel Lucero, a quien en noviembre pasado “le enterraron un cuchillo en la mesa con una advertencia: “Muerte al fleto Lucero”. Con anterioridad “le pusieron papeles con excrementos en su mochila. Ha recibido cartas que dicen que lo “quieren muerto””, indicó el medio de comunicación
“El Ministerio Secretaría General de la Presidencia debe en breve aclarar si efectivamente está brindando o no apoyo emocional al trabajador y si lo tiene alejado de quien identifica como responsable de los abusos. Frente a hechos de esta naturaleza, y al margen de cual sea el resultado de todo sumario o investigación, lo que corresponde es resguardar la integridad psicológica del denunciante, algo que de acuerdo a la información conocida no estaría ocurriendo en este caso”, sostuvo el vocero del Movilh, Oscar Rementería.
Añadió que “hoy mismo enviaremos una misiva a la presidenta Michelle Bachelet para que encomiende una investigación rigurosa sobre este caso, al tanto que solicitaremos al ministro secretario general de presidencia, Gabriel de la Fuente, que mientras se aclaren estos hechos, se aleje al supuesto victimario de la víctima. Es lo mínimo que se puede hacer para contener y prevenir. La sensación se impunidad produce un doble daño en quienes padecen homofobia”.
Junto con valorar que el INDH “esté interviniendo en este caso” y expresar su “solidaridad al afectado”, Rementería puntualizó “que al margen de cualquier sumario, las autoridades gubernamentales tienen el deber de adoptar medidas de prevención inmediatas. Así lo exige la Ley Zamudio y el mismo compromiso que el Estado firmó con nuestra organización ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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