Agencia Nacional de Inteligencia: la complicada saga para nombrar nuevo director

Con el presidente Piñera y su gobierno ya instalados, continúan las zancadillas y empellones de los ex uniformados, que ambicionan a colocar a uno de sus pares en la conducción del servicio, un ente que al ser creado en el 2004 fue definido como un organismo civil.

El candidato ex uniformado más perfilado en esa pugna es el general de Ejército (r) Hernán Mardones ya que, según variadas fuentes, la alternativa del contraalmirante (r) Óscar Aranda ya no estaría en la carrera, aunque otras fuentes dicen que sigue en ella.

La opción de Mardones está siendo respaldada por argumentos que subrayan, por un lado, que los uniformados tienen la mayor experiencia en el campo de la inteligencia. Además, también se está pidiendo al Presidente Piñera que compense al Ejército con la ANI, tras dar a ex altos oficiales de la Armada el control estratégico de la Subsecretaría de Defensa en la cartera del ramo.

Gran parte del esfuerzo de los ex uniformados, que son conducidos por el general (r) Oscar Izurieta y que contarían con el apoyo de importantes personeros civiles de RN y la UDI, además de José Antonio Kast, se han enfocado en cerrar las puertas para el regreso del abogado Gonzalo Yousseff, quien dirigió la ANI en el periodo 2010-2014, en el primer gobierno de Piñera.

A ese objetivo responden notas publicadas recientemente en los medios, apuntando a que quien conduzca la agencia debería ser invisible y clandestino, sin figuración pública. Bajo ese argumento, se ha criticado mucho a Yousseff, diciendo que su personalidad era inapropiada, además de hacer una mala gestión.

Entre las críticas al ex director de la ANI, entre otras cosas, se incluye su barba tolstoiana, que tuviera la costumbre de conceder entrevistas periodísticas y, también, de salir a tomar café a locales públicos cercanos a la céntrica sede del organismo, en Moneda con Tenderini, a veces acompañado de algunos de sus jefes de división. Al respecto, cercanos al entorno de Yousseff aseguraron a este medio que el abogado no tiene ambiciones personales de regresar a dirigir el organismo y calificaron los esfuerzos por vetarlo preventivamente como “absolutamente extemporáneos”.

Mientras, una rápida revisión de los casos de los directores de organizaciones emblemáticas en el campo de los servicios inteligencia civil a lo largo del mundo, como la Central Nacional de Inteligencia(CIA) estadounidense y el Secret Inteligence Service (SIS) británico, más conocido como MI6, muestra que sus jefes no son ni invisibles ni clandestinos. Lo que sí ocurre es que en sus intervenciones públicas son acotadas, sin revelar detalles precisos, tanto de la información que sus organizaciones poseen así como de sus métodos de trabajo y fuentes. Pero, sin dudas, es común que hagan apariciones públicas autorizadas para referirse a temas de seguridad.

Respecto de la gestión de Yousseff en la ANI, distintos observadores coinciden en que ella tuvo deficiencias, pero apuntan a que ellas fueron resultado de las debilidades y limitaciones intrínsecas de la agencia, derivadas de su mal soporte legal fijado en el 2004 –que incluye pocas atribuciones, recursos y personal- no de las decisiones tomadas por el abogado. Las situaciones que terminaron en bochorno, y que se están atribuyendo ahora a Yousseff y la ANI, que son el caso bombas y la detención del ciudadano paquistano Saif Khan, fueron en realidad generados por las autoridades de gobierno, en particular el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, que desoyeron las advertencias provenientes de la agencia, respecto de que ambos casos estaban siendo mal manejados y terminarían mal.

El caso de Saif  Khan, que fue  acusado de actividades terroristas, y cuya detención e investigación fue gatillada por una alerta de la embajada estadounidense, donde se habrían detectado rastros de lo que parecían residuos de material explosivo en su mochila, fue el más bochornoso. La investigación mostró que los residuos no necesariamente correspondían a restos de una bomba, y dado que esa evidencia muy circunstancial y débil no fue respaldada por ninguna otra prueba, Yousseff, que antes de dirigir la ANI había sido fiscal, recomendó retirar las acusaciones y dejar libre al paquistaní. Hinzpeter desoyó esa recomendación.

Ciberseguridad

Nada se dice respecto de que, bajo la conducción de Yousseff, la ANI fue pionera al comenzar a trabajar en los estudios y preparación de una unidad básica de ciberseguridad para proteger a los organismos de la administración del Estado y a la infraestructura crítica del país, incluyendo comunicaciones, bases de datos, redes de producción y distribución de energía y agua, entre otros.

En el desarrollo de ese trabajo la ANI habría detectado y puesto fin al hackeo de computadores, tanto en el Ministerio de Relaciones Exteriores y como en La Moneda en el 2012, cuando se iniciaba la fase final de la causa planteada por Perú contra Chile por los limites marítimos.

Yousseff había solicitado un financiamiento de 3 millones de dólares para el 2014, con el fin de ampliar las capacidades del centro piloto de ciberseguridad de la ANI. Los fondos fueron aprobados en los últimos meses del 2013. Pero, tras las elecciones presidenciales donde se impuso Michelle Bachelet, el futuro ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, exigió al gobierno saliente que se suspendiera su ejecución para que el tema pudiese ser revisado por el gobierno electo una vez instalado. La “revisión” fue en realidad una cancelación de las actividades de ciberseguridad de la ANI, que fue decidida por Peñailillo y su subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy y ejecutada con entusiasmo por el reinstalado director de la agencia, Gustavo Villalobos.

Gonzalo Yousseff tuvo que enfrentar también el caso de la muerte del matrimonio Luschinger-Mackay en la Araucanía y lo manejó con más sobriedad que Gustavo Villalobos, quien se sumó a los deseos de la administración Bachelet de criminalizar a los comuneros mapuche a como diera lugar, y fue incapaz de ir muy lejos y advertir al gobierno respecto del bombazo en la Escuela Militar y el bochorno que sería la Operación Huracán. Al respecto, muchos observadores coinciden en que uno de los errores de Yousseff durante su paso por la ANI fue ser ecuánime, conservando a la mayor parte de los funcionarios que había llevado Villalobos. “Esos mismos funcionarios complicaron después su gestión, unos sólo porque eran incapaces y otros porque deliberadamente querían sabotearlo”, explican.

En suma no es cierto que, como norma general, los no uniformados se hayan demostrado ineficientes en la conducción de un organismo que, después de todo, es definido como civil, para diferenciarlo de las organizaciones de inteligencia de las FFAA y las policías. De hecho, los organismos que precedieron a la ANI, la “Oficina” y la DISPI, fueron dirigidas con eficiencia por el ex senador Mario Papi quien, si bien es cierto que cultivó un muy bajo perfil mientras estuvo dedicado al tema, lo hizo más por decisión y estilo personal que por requerimientos de su función.

Volviendo al caso del momento, que es la nominación de un nuevo director para la ANI, muchos observadores coinciden respecto de que el interés de los militares en retiro –los altos mandos en servicio activo miran la situación desde la distancia– por la dirección de la ANI tiene fines económico-laborales. “La instalación de un oficial general en retiro, como director de la agencia, abrirá las puertas para que muchos otros ex uniformados ingresen como funcionarios, y el hecho de que el Presidente Piñera se proponga reorganizar y expandir ese organismo lo facilitará”, señala un observador.

Más allá de que el asalto y ocupación de la ANI por los militares en retiro desvirtuaría la naturaleza civil de la agencia, conocedores de la sociología militar chilena advierten que ella es muy diferente a la anglo-sajona “retirados” no son nunca realmente civiles- mientras desde otras esquinas señalan que la situación también abriría una nueva arista, en el ya complicado ámbito de las recontrataciones y re-jubilaciones de ex militares.

Pero eso podría llegar a tener freno, ya que en el Congreso un grupo de parlamentarios está estudiando presentar un proyecto de ley que propondrá la suspensión o recorte de los pagos efectivos a los pensionados que cobren jubilaciones completas y vuelvan a emplearse.

La idea, inspirada en sistemas que se aplican en Europa, sería suspender o reducir el pago de pensiones, de acuerdo al monto y según el trabajo asumido por los jubilados, sea de tiempo completo o de media jornada.

Los civiles

La competencia por dirigir a la ANI no ha dejado a todos los civiles el costado, aún. Quienes estarían en carrera provienen mayoritariamente del mundo jurídico y judicial. Incluye a los abogados Hermann Chadwick Piñera y Luis Masferrer, que estarían entre los candidatos que estudian el ministro del interior, Andrés Chadwick Piñera y el subsecretario Rodrigo Ubilla. Esas dos opciones calzan con la inclinación a privilegiar amistades y parientes de la presente administración, ya que Hermann es hermano del ministro y Masferrer es  amigo de ambos.

La lista continúa con el abogado y ex fiscal Jorge Chocair, quien fue socio de Masferrer y es hermano de Mireya Chocair, cercana a Manuel José Ossandon y ahora gobernadora del sector Cordillera de Santiago, quien es la esposa de René René Borgna Verdugo, implicado en sobresueldos pagados en la Municipalidad de Puente Alto. Igualmente está el abogado Ángel Valencia, del estudio Cisternas y Cortés y también conocido del actual ministro de Interior. Sigue el cientista político del Instituto Liberdad, Tomás Duval, que asesoró en La Moneda y en el Ministerio de Defensa durante el primer gobierno del Presidente Piñera, quien es bien evaluado incluso desde sectores cercanos a la Izquierda.

A continuación viene el cientista político Guillermo Holzmann, que a sus actividades académicas –que incluyen la dirección de un diplomado en inteligencia en la Universidad de Chile-  suma el desarrollar trabajos particulares de inteligencia a organismos públicos y empresas privadas.

Holzmann tiene gran exposición pública como comentarista en temas de seguridad y política internacional, que sin embargo es vista, desde sectores cercanos a la inteligencia y la seguridad, como de “mucho ruido pero pocas nueces”.

Quien asuma la dirección de la ANI debe ser un civil no tan desconocido ni de tan bajo perfil, coinciden varios observadores. Que pueda tener o no conocimiento o experiencia previa en el campo de la Inteligencia es menos importante que el que pueda dar confianza a todos los sectores políticos y a la ciudadanía en general.

La creación de confianza debe incluir el establecimiento efectivo de instancias de control y supervisión de las actividades que realice el organismo. La desconfianza fue lo que creó un organismo casi sin atribuciones y muy pobre de recursos y personal, y es lo primero y más importante a ser resuelto, para poder avanzar hacia disponer de una agencia civil de inteligencia que realmente le aporte al Estado.

Los militares, ya sea retirados o en servicio activo en comisión de servicio, pueden aportar mucho en aspectos técnicos, pero la dirección de la ANI, así como sus jefaturas de división y en general su personal, deben ser civiles. No toda la experiencia que pueden aportar los militares es útil y adecuada para el ámbito de la inteligencia civil.

Dado que en Chile esa experiencia específica es baja o limitada, el gobierno haría bien en recurrir a la asesoría y ayuda de otros gobiernos, de países que cuentan con servicios de inteligencia civil antiguos, madurados y experimentados. «Se trata de seguir modelos probados y validados, no de reinventar la rueda», subrayó un observador.