Chile niega que diálogos marítimos con Bolivia en el pasado crearan "obligaciones"
Las conversaciones y las notas diplomáticas intercambiadas entre Chile y Bolivia en el pasado no generaron ninguna obligación de negociar un acceso soberano al mar para La Paz, argumentaron este viernes los abogados del equipo jurídico chileno ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
«El intercambio de puntos de vista no podría estar más lejos de crear obligaciones jurídicas vinculantes», dijo el abogado Sam Wordsworth en la CIJ.
Wordsworth fue el jurista encargado de iniciar la segunda jornada de la defensa de Chile en La Haya, luego de que Bolivia interpusiera en 2013 una demanda en su contra para exigir una negociación que les conceda una salida soberana al Océano Pacífico.
El abogado británico repasó algunos de los diálogos que en el pasado mantuvieron los gobiernos de ambos países, centrándose en un intercambio de notas diplomáticas ocurrido en los años cincuenta que trataba el tema de una salida al mar para Bolivia y que ahora ese país utiliza como argumento en la CIJ para decir que estas produjeron una «obligación» de negociarlo.
«El intercambio de notas no constituye un tratado, el argumento de que esto es un tratado no es serio», añadió Wordsworth.
Asimismo afirmó que, de igual manera, en esa oportunidad Chile estaba «llano a conversar» pero «fue Bolivia quien interrumpió la comunicación».
«Chile nunca se ha negado a escuchar a Bolivia por sus aspiraciones marítimas», agregó.
También abordó la situación ocurrida en 1975 con el Acuerdo de Charaña, un pacto celebrado entre ambos países que proponía un canje de territorio por territorio para que Bolivia pudiese tener salida al mar, tratado que no llegó a concretarse debido al quiebre de las relaciones diplomáticas con Chile en 1978.
«Esta reunión permitió la significación de puntos de importancia, pero no es una relación que indique que se hubiera alcanzado una obligación», dijo el abogado, contradiciendo los argumentos de la parte boliviana.
Asimismo agregó que «hubiera sido una imprudencia jurídica extrema, incluso para una dictadura militar, asumir obligaciones legales sin aprobación del pueblo», haciendo referencia a que fue el exdictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990) quien gestionó este tratado.
Durante el turno de la abogada argentina Mónica Pinto, se dedicó a rebatir los planteamientos bolivianos que apuntan a que existen una serie de resoluciones emitidas por la Organización de Estados Americanos (OEA) que «establecen que existe un conflicto entre Chile y Bolivia en temas marítimos que debe resolverse».
Ante esto, Pinto señaló que «las resoluciones de la OEA no establecen una obligación vinculante de negociar», y agregó que «estas son solo de carácter recomendatorio».
En el turno de intervenir del abogado australiano Ben Juratowitch, se abordaron todas las conversaciones entre Chile y Bolivia posteriores a 1980, asegurando que tampoco «fueron vinculantes».
«La correspondencia que han mantenido Chile y Bolivia en las últimas décadas no establece ninguna obligación de negociar», dijo, enumerando conversaciones bilaterales que llegaban incluso hasta el primer Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018).
Por último el jurista estadounidense Harold Koh del equipo chileno destacó la importancia de que los países «conversen bilateralmente» para no tener que llegar a instancias como la CIJ.
«¿Por qué estamos aquí ahora y no en una mesa de negociación? Porque Bolivia nos ha traído hasta aquí», sostuvo.
El pasado lunes comenzó la fase de alegatos orales en el juicio de Bolivia y Chile en la CIJ.
El próximo 26 de marzo Bolivia tendrá oportunidad de contrargumentar los planteamientos chilenos, y el miércoles 28 será el turno de Chile, concluyendo así la etapa de alegatos. (Sputnik)
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