Contralor dice que sistema de compras del Ejército es caldo de cultivo para corrupción

Jorge Bermúdez expone a esta hora en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que indaga sobre un millonario fraude en el Ejército de Chile.

“El procedimiento y normativa de compra de bienes del Ejercito de Chile es un caldo de cultivo para la corrupción” sostuvo hace instantes el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, en la comisión investigadora de fraudes en el Ejército.

La instancia indaga sobre los actos ilegales y/o fraudulentos cometidos en el Ejército de Chile, a partir del año 2005, con ocasión de los procedimientos de compra de bienes por parte de dicha institución a empresas públicas y privadas. Investiga, además, la eventual duplicación de facturas emitidas a diversos proveedores, según constaría en la contabilidad de dicha rama de las Fuerzas Armadas.

Bermúdez, además, señaló que en los años 2016 y 2017 se pidieron 10 sumarios y existen 3 juicios de cuentas por mil millones de pesos. “La Fiscalía cuenta con los antecedentes”, dijo.

Entre los antecedentes, los solicitantes mencionan recientes informaciones de prensa que dan cuenta del posible pago múltiple de facturas por parte del Ejército a sus proveedores, de los cuales destaca la Fábrica de Maestranzas del Ejército (Famae), tal como se establecería en el proceso judicial llevado a cabo por la ministra Romy Rutherford y los datos obtenidos por el Ministerio Público.

“Uno de los más relevantes hechos acontecidos, dentro de los antecedentes periciados en la investigación en comento, son los relacionados con las planillas de compras de armas registradas por la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef). En dichos antecedentes se da cuenta de pagos de facturas por una total de 661 millones de dólares, de las cuales 200 millones de dólares corresponderían a pagos de la misma factura en más de una oportunidad, justificadas en compras con proveedores determinados, de diferentes bienes, entre ellos, venta de armas y sistemas bélicos, muchas veces definidos por contratos directos, entre ellos Famae y diferentes empresas extranjeras, como por ejemplo ‘Rafael Advanced Defence'”, detalla el documento que solicitó la creación de la comisión de la Cámara de Diputados.

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