• 1. PASADO NON SANCTUM
• 2. CHERCHEZ LA FEMME
• 3. ¡ABANDONAR EL BARCO!
• 4. LA CULPA ES DE MOYA
• 5. LA CORREDORA FULERA

Monasterio era el rey de un feudo económico. Con una AFP (Magister), una compañía de seguros (Le Mans), la corredora de bolsa Inverlink, una isapre (Vida Plena), una firma de factoring, tres administradoras de fondos mutuos (Profit, Millenium y Qualitas) y la clínica Las Lilas se jactaba de que sus inversiones ofrecían rentabilidades superiores a la competencia. Hoy la realidad es muy distinta. La corredora está suspendida por la SVS, lo que se suma al retiro masivo de capitales sufrido por la firma desde que estalló el escándalo de fuga de información privilegiada desde el Banco Central. El crecimiento patrimonial de más de 13 mil por ciento (desde los 205 millones pesos a los 28 mil 400 millones) que el grupo experimentó entre 1991 y 2002 es parte del pasado.

Clínica Las Lilas

Poco más de un mes fue suficiente para que el imperio de Monasterio y su socio Ignacio Wulf Hitschfeld comenzara a evidenciar los primeros signos de desmoronamiento. El escándalo que se desató luego de que se conociera que otro socio, Enzo Bertinelli, recibía información privilegiada de parte de Pamela Andrada, la ex secretaria del presidente del Banco Central, Carlos Massad, bastó para que la imagen del holding se desplomara. Atrás quedaron los días en que Monasterio y Wulf donaban 100 millones de pesos a la Teletón. También quedó atrás el que sería el siguiente paso estratégico del grupo: formar un banco.

Eduardo Monasterio es la cara pública de Inverlink, pero su socio Ignacio Wulff posee la misma participación accionaria (39 por ciento). El cuestionado Enzo Bertinelli tiene un 12 por ciento de las acciones del holding. Otro de los socios es Francisco Edwards Braun, dueño del 6 por ciento de Inverlink a través de la Sociedad de Inversiones Ilihue. El ex superintendente Julio Bustamente y el ex ministro Alvaro García tenían participaciones del 2 por ciento cada uno que cancelaron mediante un juicio arbitral. A pesar de que el ingreso de los últimos socios, podría hacer pensar que la empresa dirigida por Monasterio y Wulf es cercana a la Concertación, según informaciones entregadas por la revista Qué Pasa, los dos socios principales se vincularían a la UDI. "El holding Inverlink ha intentado mantener vínculos estrechos con el partido de Longueira, según fuentes del sector empresarial, cuyo principal promotor sería el osornino (Wulf). De hecho, el abogado que los asesora en el actual conflicto judicial (Inverlink-Banco Central), Miguel Alex Schweitzer, es afín al "partido popular". El propio Monasterio ha realizado asesorías a los municipios de alcaldes de la colectividad de oposición y además habría realizado un estudio para el municipio de Santiago y su alcalde, Joaquín Lavín, para ver la viabilidad de la venta de los derechos de agua. Otro punto que relaciona a Inverlink con la colectividad de derecha es que por años trabajaron con un estudio de abogados vinculado a la UDI", se extrae textualmente del reportaje publicado el 28 de febrero pasado.

Los orígenes financieros de Monasterio surgieron en 1982, cuando como ejecutivo del Chase Manhattan Bank en Chile realizó algunas operaciones en dólares que llamaron la atención del Banco Central. Años después apostó a bajas tasas en papeles de largo plazo pero la repentina suspensión del poder comprador que tenía el Banco Central sobre estos instrumentos lo hizo perder mucho dinero. Molesto, fue hasta el edificio del instituto emisor a reclamar.

En 1988 Monasterio se vio involucrado en un escándalo, cuando se le vinculó con irregulares operaciones en monedas extranjeras. Por ello el Chase Manhattan Bank fue multado por la Superintendencia de Bancos por infracción a la ley del sector y por el Banco Central por transgredir las normas de cambios internacionales. Le costó la más alta multa en la historia a una institución financiera en el país. Inicialmente el Banco Central le impuso 16,8 millones de dólares, pero fue rebajada a 4,6 millones de la moneda norteamericana y la SVS suspendió su agencia de valores durante noventa días.

Asimismo la Superintendencia de Bancos instruyó al Chase que despidiera a los ejecutivos involucrados. Poco después salieron una serie de ejecutivos, entre ellos Eduardo Monasterio, a cargo de la tesorería del Chase en Argentina. Para defenderse Monasterio cuenta con una carta firmada por el gerente general del Chase en Argentina, William Gambrel, donde dice que salió de la firma porque Monasterio renunció tras rechazar una transferencia a la oficina del banco en Nueva York. Esta carta no le ha permitido acallar los rumores que lo vinculan al caso. Estos antecedentes le pesaron cuando, ya en la presidencia de Inverlink a mediados de 1999, pidió una licencia para abrir un banco orientado a las pequeñas y medianas empresas. Pero después de reunirse con la SVS, retiró la solicitud.

Otro dudoso episodio ocurrió en noviembre de 1995, cuando Bandesarrollo entró en crisis al quedar bajo el leverage permitido, esto es, el patrimonio mínimo para operar en la bolsa exigido por la SVS. Según los antecedentes en el Segundo Juzgado del Crimen en una querella por los delitos de estafa e infracción a la Ley de Valores (proceso Rol Nº 144.963- 6 ) el entonces gerente general de Bandesarrollo, Marcelino Alarcón, autorizó a los operadores de la mesa de dinero de la entidad a realizar una "operación ficticia" para lograr, en escaso tiempo, las utilidades necesarias para mantenerse en el nivel permitido y evitar informar a la SVS que la empresa compró a Inverlink S.A. bonos por 2.385.091.190 de pesos. Sin embargo, Bandesarrollo en una operación relámpago vendió ese día los mismos bonos a más bajo precio a Inverlink (961.709.035), a la empresa Primec S.A. (961.139.356) y a la Sociedad de Valores (641.466.426 de pesos).

La operación tuvo como protagonistas a los operadores Miguel Angel Pozo y Alex Lira, quienes a la fecha integran el departamento de estudios de Inverlink Corredores de Bolsa. El primero era en 1995 gerente de la mesa de dinero de la corredora Bandesarrollo, mientras que el segundo era uno de los operadores. Se les acusa, ya que la causa aún está abierta, de operaciones ficticias para mostrar utilidades inexistentes por 179.466.236 de pesos, monto con el cual se lograba quedar dentro de los márgenes de leverage exigidos por la SVS.

El éxito aparente de las operaciones ficticias requería de un respaldo. Para ello, Bandesarrollo solicitó a Enzo Bertinelli dos cheques prestados, uno por 179 millones de pesos y otro por 3 mil 500 millones. El gerente de Inverlink giró los documentos bancarios a Bandesarrollo. Fuentes judiciales sostienen que Bertinelli habría cobrado a los operadores de Bandesarrollo 100 mil pesos diarios hasta que el cheque fuera devuelto.

Los desencuentros con la autoridad continuaron. En 2001, uno de los operadores de la corredora, Joel Muñoz, fue acusado de adulterar un hecho esencial en que el grupo Luksic anunciaba a la SVS una oferta pública de acciones por el Banco de Chile. En el documento original decía que la operación sería por el 5 por ciento, pero en el que llegó a una agencia de noticias que de inmediato lo difundió se leía 25. Se disparó el precio de la acción y, cuando quedó en evidencia la adulteración, se descubrió que el principal volumen de las transacciones en el día de publicación de la carta lo efectuó Inverlink. Por este caso Muñoz enfrenta demandas de la SVS y de Quiñenco, matriz de los Luksic.

Lo que comenzó como un caso de robo y eventual uso de información reservada reveló ribetes insospechados. En un hecho sin precedentes desde la crisis financiera de los 80, el Gobierno decidió intervenir y tomar la administración de la compañía Le Mans Seguros de Vida, controlar las inversiones de AFP Magister, suspender la inscripción de Inverlink Corredores de Bolsa, liquidar los fondos mutuos y aplicar millonarias multas a sus ejecutivos.

En el caso de los tres fondos mutuos (Profit, Qualitas y Millennium) llegaron a anotar al 31 de enero un patrimonio superior a los 52 mil millones de pesos, el cual al 5 de marzo se redujo a sólo 11 millones. La mayoría de los fondos que quedaban en Inverlink Corredores de Bolsa (2.400 millones) correspondían a capitales ligados al propio grupo. Estas acciones quedaron bajo la custodia de la Bolsa de Comercio y no podrán moverse por un plazo de seis meses por no tener el patrimonio mínimo exigido. Para Le Mans Seguros de Vida, el superintendente de Valores y Seguros, Alvaro Clarke, informó que la compañía no pudo entregar un plan para subsanar su déficit patrimonial de 13 mil 176 millones, por lo que el ente regulador se encargará de sanearla. Paralelamente, la SVS multó con 7 mil UF (116,8 millones de pesos) al ex gerente de Le Mans Seguros de Vida, Jorge Didyk, y a tres ejecutivos de Inverlink Corredores de Bolsa con 3 mil UF (50 millones) cada uno.

Por su parte, el gerente General, Mario Garcon, y el gerente de Operaciones, Héctor Palma, elevaron su participación desde un 30 a un 70 por ciento pasando a controlarla. En tanto, Inverlink disminuyó su propiedad de un 70 a un 30. La AFP Magíster, con 114 mil 109 afiliados, administra 921 millones de dólares del total de recursos acumulados en los fondos de pensiones. La Superintendencia de AFP obligó a Magister a no mover los títulos representativos de inversiones de los fondos de pensiones de los afiliados, puesto que exigió que la custodia de los títulos nacionales pasen al Depósito Central de Valores y la de los títulos extranjeros se remitan al banco neoyorquino Brown Brothers. La decisión, que se suma a la sanción impuesta por la SVS que obligó suspender las operaciones de la Corredora de Bolsa, es el fin de un peregrinar permanente de sus clientes, que lo llevaron desde un manejo de cartera de 57 millones de dólares a 18 mil en escasas cuatro semanas.

Por último, Notre Dame, socios de Inverlink en Le Mans Seguros Generales, anunció que tiene fuerte interés por comprar el 34 por ciento que tiene el grupo en esta aseguradora y que ellos, que manejan el resto del porcentaje de las acciones y tienen tres directores de cinco, también están detrás de ese paquete.

Los únicos bienes "sanos" que les quedan al otrora poderoso holding serían la Isapre Vida Plena y la Clínica Las Lilas. Por ahora.

Detrás de la masiva fuga de directores y ejecutivos de Inverlink están las irregularidades que comenzaron a conocerse y las presiones que ejercieron los controladores del grupo para realizar operaciones temerarias con las que se buscaba superar los problemas de liquidez que provocaba la masiva fuga de inversionistas desde la corredora de bolsa y sus tres fondos mutuos. Sólo durante los primeros doce días desde que estalló el escándalo cayeron en 65 por ciento los montos administrados por la compañía y la corredora redujo sus transacciones desde 340 millones de pesos a 80 millones.

Las primeras renuncias se registraron el 25 de febrero, cuando Julio Bustamente abandonó las presidencias de AFP Magister y de la isapre Vida Plena. El ex superintendente de AFP tuvo razones para renunciar. Cuando los negocios de la corredora de bolsa Inverlink comenzaron a verse afectados por el procesamiento judicial a su gerente general, Enzo Bertinelli, Bustamente y el gerente general de Magister, Alvaro Grondona, resolvieron no efectuar negociaciones que pudieran afectar los fondos de los cotizantes. Esto le valió conflictos al interior del grupo que precipitaron su dimisión.

Igualmente Alvaro García dejó la presidencia de la compañía de seguros Le Mans y el directorio de AFP Magister. García tuvo un motivo para renunciar: el fraude que la corredora de bolsa Inverlink cometió contra la compañía de seguros de Vida Le Mans porque nunca realizó la compra de instrumentos que se le encomendó y para la cual se le cancelaron sobre 2 mil 300 millones. Ante esto, el renunciado ex director presentó una querella por fraude. Esta operación fue determinante en el déficit que llevó a la intervención de la aseguradora de vida y a la suspensión de su administración por seis meses.

A fin de cortar todo lazo con Inverlink, Bustamente y García dejaron de ser socios del holding, por medio de un arbitraje ante la justicia en el que sólo pedían salir del grupo, sin importarles no recibir nada a cambio de las participaciones de 2 por ciento que poseían cada uno en la propiedad. En Le Mans, García sería reemplazado en la presidencia por Ignacio Wulf, mientras que el cargo de Julio Bustamante en AFP Magister fue ocupado por Samuel Soto-Aguilar.

Paralelamente, renunció la empresa encargada de las comunicaciones, Hill and Knowlton Captiva, que fue reemplazada por la agencia Strategika. A la principal socia de Hill and Knowlton Captiva, Cristina Bitar, le une una amistad con García desde que trabajara con él en el ministerio de Economía.

Más tarde renunciaron los directores Andrés Kern y Luis Avilés Jasse. Luego fue el turno de Francisco Edwards, cuñado de Alvaro García, quien abandonó los directorios en Clínica Las Lilas, Isapre Vida Plena y AFP Magister, pero mantiene su 6 por ciento de participación accionaria. También renunció el gerente general del holding, Antonio Yáñez, quien había asumido el cargo dos meses antes.

Alvaro Grondona abandonó la gerencia general de AFP Magister. Con la salida de uno de los hombres que le daba garantías de buen manejo, la Superintendencia de AFP decidió decretar la custodia de la administradora.

El mismo día renunciaron también el director de la corredora Pablo Schaffhauser y el gerente general, Mario Farías. Junto con ellos también renunció Miguel Schweitzer, quien era el abogado del grupo en el proceso judicial por robo de información desde el Banco Central.

Un nuevo escándalo, que esta vez remeció al Gobierno, se originó por el millonario robo a Corfo efectuado por el jefe de Tesorería y operador de la mesa de dinero, Javier Moya Cucurella, quien entregó ilícitamente instrumentos financieros al holding Inverlink por un monto de 56 mil millones en depósitos a plazo y otros 20 mil millones en pactos que fueron hurtados, correspondientes a recursos provenientes de la venta de empresas públicas que van a parar al Tesoro.

Los montos desfalcados representarían entre 40 y 50 por ciento del patrimonio de la corporación fiscal. En 1997 la Corfo dio poderes a 5 personas, entre ellas Moya, para firmar operaciones que le permitían movilizar documentos de una custodia a otra, pero no para endosar. Este ingeniero civil industrial, quien se incorporó al organismo en 1987 y dependía actualmente de la gerencia de administración y finanzas, encabezada por María Isabel Pinochet, habría sustraído papeles de depósitos a plazo fijo, los que posteriormente fueron endosados a la corredora de bolsa Inverlink para su cobro.

Esta caótica situación se debió a fallas en los controles internos de la Corfo y por ello acudieron a la Contraloría y a la Brigada de Delitos Económicos para realizar una investigación externa y determinar cómo se vulneraron los procesos.

En la autodenuncia ante el 32º Juzgado del Crimen, Moya confesó que desde 1999 a la fecha recibió al menos 150 mil millones de parte de Inverlink por su "colaboración". El alto funcionario de Corfo deja claro que, dentro de las atribuciones de su cargo, estaba facultado para invertir los instrumentos financieros de la entidad fiscal. Los negocios con la Corredora y Consultora Inverlink se intensificaron a partir de 1999 cuando toma a su cargo la Tesorería de la Corfo, a través del contacto con los encargados de la mesa de dinero, Eduardo Tapia y Orlando Collarte.

En momento que se produce el escándalo por la filtración de información desde el Banco Central, Eduardo Monasterio y Eduardo Tapia visitaron a Moya para indicarle que era indispensable entregar liquidez a dichas empresas, pues en la forma en que la situación se estaba desarrollando había sido necesario disponer de los depósitos a plazos señalados, por un monto total de 35 mil millones de pesos. Ello había sido necesario para mantener la liquidez de Inverlink, según explicaron Monasterio y Tapia a Moya, pero que para recuperarlos y evitar pérdidas a la Corfo era fundamental disponer de mayores instrumentos.

La noticia causó estupor y nerviosismo ante la grave responsabilidad que tenía que enfrentar Moya, por lo que fue convencido que la única manera de solucionar la situación era proporcionar la liquidez que requería Inverlink. Así Moya dispone una nueva entrega al holding de documentos y depósitos en custodia por un monto total de 42 mil millones de pesos, los que fueron liquidados en el mercado secundario y su producto pagados a los acreedores.

Las AFP que adquirieron estos instrumentos son Cuprum, Provida y Habitat. El banco emisor fue el BCI y las compras fueron hechas por Cuprum en el fondo tipo C, por cerca de 600 millones de pesos y 663 mil dólares, lo que representa el 0,02 por ciento del porcentaje de esta AFP.

La segunda compra la hizo Provida, también en el fondo C, por un monto de 781 millones de pesos y mil 34 millones, lo que representa un 0,1 del porcentaje de esta institución. El monto mayor lo compró Habitat en el fondo tipo D, con un valor de mil dos millones de pesos y un millón 325 dólares, lo que representa un porcentaje de 0,15 por ciento.

El tema más complejo afecta a siete administradoras de Fondos Mutuos: BanChile, BCI, Santander, Boston, Security, Bice Dreyfus y Corp, cuyo propietario es a su vez el controlador de Copesa, consorcio que edita el diario La Tercera. Por su parte, la SVS informó que ninguna de esas operaciones se consignó en los balances de Inverlink.

En tribunales Moya imputa a Eduardo Tapia y Patricio Collarte por la apropiación indebida de los depósitos; en tanto que Tapia, Collarte y Eduardo Monasterio denuncian a Moya por fraude al fisco.

El magistrado del Segundo Juzgado del Crimen, Jorge Colvin decretó orden de aprehensión en contra del presidente Eduardo Monasterio y los ejecutivos de Inverlink, Luis Hernández Palma, Patricio Collarte y Eduardo Tapia Donoso. La quinta orden de aprehensión fue en contra del funcionario de Corfo, Javier Moya, por malversación de caudales públicos.

A disposición de la policía están Ignacio Wulf, el contador general Patricio Reyes, el operador Marcelo Muñoz, y el funcionario de contabilidad Carlos Rubilar. El tribunal logró individualizar 180 documentos de los que se sustrajeron, por los que se dictó una orden de embargo. Posteriormente la banca solicitó levantar la incautación de los documentos sustraídos a Corfo.

Los municipios de Viña del Mar y Coronel, la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y las mutuales del Ejército y de la Aviación, entre otros, serían 'clavados' con el holding por un monto total de 5 mil 888 millones de pesos, de los cuales ni un peso estaba respaldado en los balances de Inverlink Corredores de Bolsa. De estos mil 500 millones corresponden a Viña del Mar, 584 millones a Coronel y $ 2.478 millones a Capredena.

El escándalo recrudeció cuando la SVS descubrió que el holding que presidía el detenido Eduardo Monasterio tenía una corredora informal que operaba con títulos falsos. El hallazgo de la corredora paralela de Inverlink, parte cuando la SVS recibió la denuncia de inversionistas que no pudieron cobrar sus títulos que habían comprado a través de esta agencia informal, sin saber que era ilícita.

Ante ello, la SVS allanó las sedes de la corredora encontrando en las cajas fuertes diversos documentos de operaciones que se manejaban en contabilidades separadas. Por ahora, la SVS solicitó a los Tribunales que se paralicen las cuentas de los socios de Inverlink involucrados, así como las participaciones en las sociedades.

Mientras el Gobierno insiste en la teoría de una asociación ilícita de fraude en el mercado financiero, a nivel de bancos se cree que hay más operadores que podrían haber recibido incentivos de Inverlink.

La notoria negligencia en materia de fiscalización y control financiero puede acarrear una responsabilidad grave para los directivos de Corfo. Además del renunciado vicepresidente ejecutivo de la entidad, Gonzalo Rivas, integran el consejo de Corfo varios ministros, como los titulares de Economía, Hacienda, Relaciones Exteriores y Agricultura.