Al terminar su mandato, Jaime Ravinet tenía dos opciones. O le entregaba a la empresa Sarmiento la totalidad de la publicidad del mobiliario santiaguino -paletas, paraderos de micros, basureros o lustrabotas-, o simplemente corría el riesgo de acabar sus días como alcalde en medio de las protestas de los funcionarios municipales impagos. Optó por lo primero. Licitó y recibió dinero fresco por adelantado, incluso partidas del año siguiente.
El grupo Sarmiento, empresa filial de Publicidad Sarmiento en Argentina y propiedad de la familia Terranova, que compitió con otras tres compañías del rubro publicitario: la norteamericana Heres; la francesa JC Decaux y la Mexicana Stand Off, ofreció la friolera de mil 900 millones de pesos anuales por un plazo de 15 años, una oferta imposible de igualar porque, según los entendidos, estaba fuera de toda noción real del mercado. Si lo hacía bien el contrato podía extenderse hasta el 2025.
La concesión que significaba la renovación total del mobiliario público en toda la comuna, además de la mantención y explotación publicitaria de 350 paraderos de buses, 15 baños automáticos, 30 relojes publicitarios, 76 quioscos y 132 puntos de lustrabotas se presentó como un estupendo negocio. Sarmiento así, desembarcaba en Santiago de Chile, Vitacura y Recoleta, concentrando el 25 por ciento del negocio en el país y aumentando su facturación a 70 millones de dólares anuales. El país parecía quedar a sus pies. En pocos meses, sin embargo, la moderna fachada santiaguina, devino en un problema cuando la crisis comenzó a azotar a Argentina, Chile dejó de crecer al 7 por ciento y los argentinos de Sarmiento ya no tenían la billetera que los hacía creer dioses. ¿Recuerda aquellos afiches que eran firmados por el mismísimo Creador? Fue la campaña de lanzamiento que ideó Sarmiento y que, para ocultarla, inventó que era financiada por un millonario excéntrico. No existía el empresario, Dios no era el que firmaba los afiches y Sarmiento no era todopoderosa.
Pero Ravinet, que había sido uno de sus creyentes, ya estaba en el gabinete de Lagos y era Joaquín Lavín, con aspiraciones presidenciales, quien ocupaba su sillón en el elegante palacio consistorial.
En el 2001, ante el incumplimiento por parte de Sarmiento del millonario contrato, la municipalidad de Santiago demandó al grupo, aduciendo que la empresa no respetaba las normas que establecían las bases de la licitación, cuestión que se ejemplifico con la nula mantención del mobiliario antes mencionado.
El grupo Sarmiento, por su parte, no esperó de brazos cruzados y alegó que el municipio también estaba infringiendo el contrato ya que al cambiar el sentido de algunas calles había atentado contra el giro del negocio, además de haber violado los derechos exclusivos de explotación publicitaria. Su gerente general, ya entrado el 2002, se defendió y dijo que el grupo no tenía problemas y que lo que sufrían eran "las calumnias de interesados".
Preocupado de contar con dinero fresco para sus actividades y consciente de que no podía, justamente por esa situación, hacer valer las boletas de garantías que tenía del grupo Sarmiento, ante un eventual incumplimiento de contrato, Lavín buscó una fórmula de entendimiento.
El equipo asesor del candidato presidencial de la derecha, debía tener en cuenta que en 1996, cuando Lavín era alcalde de Las Condes se enfrentó a un problema similar, en el cual la Municipalidad perdió alrededor de 400 millones de pesos mensuales durante dos años -en esa ocasión el edil señaló que la comisión se equivocó-, por el simple hecho de que los encargados de abrir las ofertas (Patricio Cordero, actual mano derecha del alcalde y administrador municipal de Santiago que en ese entonces se desempeñaba como Secretario de Planificación y Coordinación Subrogante en Las Condes, junto al secretario municipal Jorge Vergara, y la directora de Administración y finanzas Liliana Robledo), dejaron de lado 8 propuestas porque, según ellos, no cumplían con las bases de la licitación. Tal decisión, arbitraria según los afectados, se tradujo en una batalla judicial entre las empresas Urbe, Heres S.A, Stand Off S.A y la Municipalidad que se prolongó por dos años y que, en definitiva, terminó con la licitación desierta y la perdida total de ingresos por publicidad. Ahora, con Lavín candidato y en un municipio sin recursos, los asesores se resistían a un escenario similar.
El grupo Sarmiento, mientras esperaba las acciones a seguir por la Municipalidad, presionaba al equipo de Lavín diciéndoles que en el peor de los casos no podrían cumplir con las obligaciones y que, eventualmente, se podrían declarar en quiebra. La estrategia de Sarmiento, que ya había sido probada con éxito en Argentina en contra del municipio de Mendoza, donde exigió al igual que en Santiago derechos de publicidad exclusiva para dejar de cumplir y negarse a instalar la totalidad de los carteles y los cestos de basura, apuntaba hacia una renegociación de la licitación. Es decir, que el edil no hiciera efectivas las garantías y siguiera con Sarmiento, a pesar de que incumplía el contrato y los pagos comprometidos.
Lo que ignoraba o simplemente dejó pasar Lavín, es que el dueño de Publicidad Sarmiento, Osvaldo Terranova, en el caso mendocino, utilizó todas las formas para impedir quedar fuera del negocio y terminó acusando de coimas a los concejales de esa ciudad y se le vinculó a presuntos negociados por la renegociación del contrato.
Después de mucho pensar en las posibilidades, Lavín y su grupo de asesores -debido a la experiencia anterior que indicaba que el camino de la justicia ordinaria sería el más lento y perjudicial para el municipio, ya que no recibirían plata rápida-, convencieron al Concejo Municipal integrado por Marta Larraechea, Juan Recabarren, Ricardo Zúñiga, Renato Sepúlveda, Ana María Illanes, Carolina García de la Huerta y Omar Saffie, que la mejor salida para este inesperado embrollo era sentarse con el grupo Sarmiento para ver cómo se podía solucionar el problema. Entonces comenzaron las negociaciones en el segundo semestre del año 2001, en las cuales la Municipalidad fue representada por Lavín y sus asesores -entre ellos se encontraba Cordero-, y el grupo Sarmiento, encabezado por su dueño, Eduardo Terranova y el ex embajador de Chile en Buenos Aires (1994-1998), hombre además vinculado al menemismo, Eduardo Rodríguez Guarachi, ahora presidente de la comisión internacional de la DC.
El 26 de Abril de 2002 las partes llegaron a un acuerdo llamado "transacción judicial consensuada" que se componía de tres puntos principales:
1- Sarmiento renuncia al 75 por ciento de la mantención y explotación publicitaria del mobiliario urbano de la comuna y seguirá operando en el 25 por ciento restante. 2- Sarmiento pagará al municipio sólo el 25 por ciento del canon establecido en la licitación adjudicada por dos mil millones anuales. En otras palabras, se pagarán los 500 millones proporcionales al 25 por ciento de la explotación publicitaria. 3- Sarmiento entregará a la Municipalidad el mobiliario urbano emplazado en los mil 500 metros cuadrados a los que renuncia.
Hasta ese momento todo ocurría en regla para los intereses del municipio, se avizoraba un buen horizonte para iniciar más programas de carácter lavinistas -botones de pánico, mucha seguridad y viejos pascueros al por mayor-, recibiría la comuna 500 millones al año y se podría licitar el 75 por ciento restante equivalente a mil millones de pesos con las otras empresas de publicidad, participantes en la licitación promovida por Ravinet.
Pero los problemas no tardaron en caer sobre el histórico municipio, ya que al momento en que se llamaba a licitación por los espacios publicitarios dejados por Sarmiento, la empresa Publietapa interpuso una demanda por daños y perjuicios en contra de la Municipalidad por 7 mil millones de pesos, argumentando entre otras cosas que la transacción entre Sarmiento y el municipio "restringió, eliminó o entorpeció la libre competencia en el mercado de la publicidad". Argumento que fue suficiente para sembrar la duda en las empresas interesadas en la licitación, con respecto a los tratos convenidos inicialmente entre privados y el ente municipal.
¿La licitación? Fracasó rotundamente. Se esperaban propuestas por un monto superior a los 800 millones de pesos y se recibieron ofertas que no alcanzaron los 20 mil dólares. La instancia se declaró desierta y se llamó a otra licitación que corrió la misma suerte, ya que el monto máximo ofrecido fue un poco más de 16 millones de pesos.
La desesperación de Lavín, que requería presupuesto para realzar su obra en Santiago, lo llevó a realizar operaciones urgentes para obtener recursos: primero entregando en prenda un edificio municipal al Banco Santander, por cuatro mil millones de pesos, y luego vendiendo los derechos de agua de la comuna a Aguas Andinas en más de cinco mil millones.
Claudio Sampieri, gerente general y dueño de Publietapa que es concesionaria en la municipalidad de Santiago desde 1984, argumentó a El Periodista que si hubiera sabido en el 2000 que las reglas del juego cambiarían después de la licitación -como sucedió en la renegociación- no hubiera tenido problemas en ofrecer 3 mil millones de pesos para desplazar a Sarmiento. "Por eso nadie cree en las reglas, se debió cobrar las boletas de garantía, llamar a nueva licitación e irse a juicio ya que las faltas cometidas por Sarmiento eran causales suficiente para la anulación del contrato", dice. Entre ellas, de acuerdo a nuestra investigación, se encuentran el incumplimiento de pagos y la ubicación de publicidad en lugares prohibidos por el municipio.
Por su parte, el concejal PPD Ricardo Zúñiga, al hablar con El Periodista hizo un mea culpa, y reconoce que el Concejo Municipal fue engañado por el equipo de Lavín con "artimañas" de carácter judicial, apuntadas a que la mejor solución era llegar a un acuerdo para no ir a un engorroso trámite judicial.
El concejal acusa al edil por daño patrimonial al municipio y ocupar parte del 75 por ciento del mobiliario publicitario con sus colores de campaña anunciando sus programas, además de retomar la tesis de Sampieri, que indica que se debería haber llamado a una licitación pública y no renegociar. "Lo lógico, dijo una fuente, es que cuando el dinero no es de uno deben ejecutarse las boletas de garantías. No puede, en la administración pública, producirse perdonazos".
En septiembre de este año se espera el primer fallo de la demanda por 7 mil millones interpuesta por Publietapa. En el mejor de los casos para la Municipalidad, si es que el dictamen le resulta favorable, es que todo quedaría como ahora y la comuna seguiría perdiendo mil millones mensuales. En el caso de un escenario adverso, que condene a Santiago a pagar la suma solicitada por la empresa Publietapa, el municipio se vería obligado a buscar un acuerdo, debido al monto de la demanda. Santiago, que ya ha vendido sus derechos de aguas y prendado algunos edificios, sólo podría pagar con su patrimonio: el Teatro Municipal, el museo de Bellas Artes o cualquier propiedad dependiente de la Municipalidad, menos el edificio edilicio que por ley no se puede embargar.
"Publietapa interpuso una demanda por daños y perjuicios contra la municipalidad por 7 mil millones de pesos, argumentando -entre otras cosas- que la transacción entre Sarmiento y el municipio 'restringió, eliminó o entorpeció la libre competencia en el mercado de la publicidad'"
"El grupo Sarmiento, en sus negociaciones con Lavín, fue representado por Eduardo Rodríguez Guarachi, ex embajador de Frei en Buenos Aires, amigo de Menem y ahora encargado de la comisión internacional de la DC"
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