Año 2 Número 32, Lunes 17 de marzo 2003

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¿El poder corrompe?


Por dónde empieza la corrupción. ¿Arriba, desde las estructuras de poder, permeando luego a toda la sociedad? ¿O se extiende, cual mancha de petróleo, en forma horizontal y ennegreciendo a todos los ciudadanos? Qué se corrompe primero: el policía de tránsito, el empresario, el juez, el actuario o el ministro. Un dilema al que cuesta encontrarle una respuesta.

Lo que está claro es que, por estos días, nos sentimos agobiados por lo que está ocurriendo, como si ello hubiera emergido en un país limpio. Pero nada era tan limpio ni se puede pretender que lo sea en el futuro. Como tampoco lo fue en el pasado. La deshonestidad está presente, siempre, incluso entre aquellos alumnos que se esfuerzan por hacer torpedos y se copian durante las pruebas. El asunto, simplemente, es entender eso y, a partir de ello, generar los controles respectivos.

Nada puede impedir la existencia de los Moya o los Monasterios, sí se puede evitar que sus mentes sagaces, concentradas en conseguir bienes a costa del trabajo de los otros, encuentren obstáculos que les impidan avanzar con sus planes. Para ello se creó la Contraloría y para ello, también, existen las superintendencias y también los fiscales o contralores internos.

Ya decía, en los 80, el cardenal Silva Henríquez de que cuando las arcas están abiertas hasta los más justos pecan. Al justo, entonces, hay que controlarlo con alguien más justo y a éste con uno que lo supere en justicia. Cuando esos justos se vean sobrepasados por la tentación, las penas deben caer con certeza sobre sus cabezas: por negligentes o por corruptos. O por las dos cosas.

Mucho se ha hablado, en los últimos meses, de que se han producido errores administrativos. Lo que realmente ha sucedido es que durante años, por una u otra cosa, pero porque todos estábamos satisfechos con lo que teníamos, aceptamos las reglas del juego, trasgredimos las leyes, hicimos vista gorda y censuramos a aquellos que levantaron la voz para denunciar a los corruptos. Permitimos que la Contraloría no controlara, que el Consejo de Defensa del Estado velara por nuestros intereses sólo cuando era políticamente correcto y no dijimos nada cuando nuestro compañero de trabajo se compraba una lancha cuando su sueldo le alcanzaba únicamente para tener auto.

Para muestra un botón: en febrero publicamos una denuncia de un ex empleado de la General Motors que, con documentos en mano, probó que los informes de esa empresa a la Comisión Automotriz, dependiente de Corfo, detallaban en forma errónea precios y pesos de las piezas que les permitía cobrar un jugoso subsidio. La respuesta de Corfo, a través de Bernardo Espinosa Bancalari (en ese mes vicepresidente ejecutivo subrogante), sostuvo que en los hechos que denunciaba Héctor Ramos "todas las instancias han operado. La comisión automotriz recibió e investigó la denuncia. La Contraloría General de la República hizo lo propio a petición de la Comisión y también del señor Ramos. Los tribunales también han conocido la causa, sobreseyéndola temporalmente por no haber acreditado los hechos presuntamente punibles".

A la luz de lo ocurrido en Corfo, en estos días, sería bueno que todo fuera nuevamente investigado. De lo contrario nunca se podrá entender cómo un informe, lleno de errores, puede servir para cobrar millonarios cheques del Estado.

Otro aspecto que debiera investigarse es por qué fue removido el abogado que cautelaba los intereses del Banco Central cuando explotó el tema de la filtración de información del ente emisor a Inverlink, a través de la secretaria Pamela Andrada. Si ese profesional hubiera seguido actuando, de acuerdo a los antecedentes que El Periodista tienen en su poder, se hubiera impedido que el holding de Monasterio arrasara con la plata de los inversionistas que confiaron en el grupo que tenía a Alvaro García, un ex ministro, y a Julio Bustamante, un ex superintendente de AFP en sus filas. Ello por la cantidad de diligencias solicitadas que, de una forma u otra, apuntaban al corazón del holding. Por ejemplo, Rodrigo Irrazábal, el 1 de febrero había pedido la incautación de los computadores de Inverlink y el 5 solicitado al juez que oficiara a la Superintendencia de Valores y Seguros para que remitiera toda la información que tuviera el holding y el detalle de las operaciones. Lo mismo para la Superintendencia de Bancos e Identidades Financieras.

Pero más lejos aún, si la Superintendencia de Valores y Seguros, ya en 1995, hubiera investigado el accionar de Inverlink en el caso Bandesarrollo, todo esto se hubiera evitado. No en vano, en ese momento, el Bando del Desarrollo prohibió cualquier vinculación con el holding de Monasterio. Es decir, desde hacía años, no eran sólo rumores los que incomodaban a Monasterio.

Urge, a raíz de lo que hoy estamos conociendo pero que viene desde hace décadas, fortalecer los organismos de control, crear la legislación pertinente y levantar una muralla china que impida las relaciones incestuosas entre lo público y lo privado. Así se evitaran los bochornos que se viven a diario por la acción de hombres que, desde la dirección de una empresa pública, favorecen sus actividades privadas.

Es difícil saber qué se corrompe primero. ¿El poder corrompe? Lo seguro es que lo hace con aquel que no lo tiene. Y, por eso, se deben poner frenos, controles y barreras para evitar la acción de los poderosos.

De lo contrario siempre habrá moyas y andradas corrompidos por Monasterios. Porque, ya está dicho, cuando las arcas están abiertas... Y la sociedad, hoy por hoy, sólo premia el éxito que otorga el dinero.


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