Año 2 Número 32, Lunes 17 de marzo 2003

Secretismo en los actos y documentos públicos


El 14 de diciembre de 1999 se publica en el Diario Oficial la Ley N° 19.653, que establece normas sobre probidad administrativa aplicables a los órganos de la administración del Estado. Con fecha 7 de mayo de 2001 el ministerio Secretaría General de la Presidencia, vía DTO 26, reglamenta sobre el secreto o reserva de los actos y documentos de la administración del Estado, en el entendido de que éstos serán excepcionales, ya que lo que se desea es buscar la transparencia y publicidad en dichos actos para así hacer honor al sistema democrático que nos rige. Desde el 3 de noviembre de 2001hasta el 27 de febrero del presente año hemos constatado 37 resoluciones exentas publicadas en el Diario Oficial, las cuales declararon como secretos o reservados una serie de documentos de distintos Ministerios o servicios públicos. Tales dependencias del Estado y sus respectivas cantidades de resoluciones exentas son:

Ministerio de Educación 3
Serviu (distintas regiones) Minvu 3
CORFO 1
Bienes Nacionales 1
Seremi X 1
Servicio Nacional de Aduanas 1
Seremi región del Maule 1
Seremi RM 1
Ministerio de Salud 3
Min. de Trasnportes y Telecom. 3
Gob Regional Los Lagos 1
Dirección de Crédito Prendario 1
Ministerio de Economía 1
Servicio Nacional de Turismo 1
Mideplan (Inst. Nacional de la Juventud) 1
MOP 1
Servicio Médico Legal 1
Ministerio de Justicia 1
Ministerio del Trabajo 1
Sence 1
Caja de Previsión Defensa Nacional 1
Ministerio de Minería 1
Ministerio de Agricultura 1
INDAP 2
Mideplan 1
Comisión de Energía Nuclear 1
Ministerio de Defensa 1
Minvu 1
TOTAL 37

De lo anterior se desprende que en un período de 16 meses, el Gobierno dispuso en 37 ocasiones que la ciudadanía no tiene el derecho a conocer los actos emanados por parte de quienes administran el Estado, según decisión de aquella misma. Es decir, al mandante se le informa sólo lo que el regente decide, lo cual es un absurdo mayúsculo. Ante la contundencia de las cifras dadas a conocer, está claro que los Ministros han optado por el camino del sigilo para llevar a cabo sus distintas políticas sectoriales y por ello esperamos que, con el cambio de gabinete recién anunciado, los nuevos titulares no le esconderán a la opinión pública los contenidos de los documentos que emanan de sus oficinas fiscales. Mal que mal ellos actúan por delegación de la soberanía ciudadana, suprema mandante en los quehaceres de aquellos funcionarios del Estado. Esperamos que los recién nominados ministros Secretarios Generales de la Presidencia y de Gobierno sabrán impulsar las medidas conducentes a revertir el ocultismo denunciado para que así esta sociedad se desenvuelva en un ambiente de transparencia, que es el mejor antídoto contra la corrupción creciente que está minando nuestro Estado de Derecho.

* Agrupación "Defendamos la Ciudad"


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