Año 2 Número 33, Lunes 31 de marzo 2003

Por fallo de fondos reservados: de fino caballar a jamelgo

¿Quo vadis, Aránguiz?

Una partida de caballo inglés tuvo el ministro en Visita, Carlos Aránguiz, al descubrir los malabares financieros del MOP para pagar sobresueldos a través de Gate y pedir el desafuero de cinco diputados oficialistas por el caso Coimas. En poco más de un mes logró reunir evidencias para enjuiciar al ex subsecretario de Transportes, procesado por el delito de cohecho relacionado con el funcionamiento de plantas de revisión técnica en la Sexta Región.

El galope no terminó allí. En medio de un desfile de notables, Aránguiz demoró dos meses para dictar cargos: sometió a proceso al ex ministro del MOP, Carlos Cruz y al ex jefe de Finanzas de Vialidad, Sergio Cortés, como presuntos autores del delito de fraude al Fisco. Además a Héctor Peña Véliz por estafa residual.

Menguó el trote cuando envió el emblemático caso Gate a su colega del 17º Juzgado del Crimen, Patricia González. El expediente sólo estuvo allí unas horas, pues la Corte Suprema nombró a Gloria Ana Chevesich para seguir la investigación en Santiago.


El percherón tomó nuevos bríos remeciendo al Gobierno con una causa por presunta malversación de fondos públicos, que apuntaba al uso de los fondos reservados del Ejecutivo. Pero llegó a la meta en calidad de jamelgo, después de "darle la pasada" a La Moneda, haciendo caso omiso de un dictamen de la Contraloría de 1993, que estipula que "dichos haberes no tienen carácter remunerativo".

Lo más grave es la categoría que Aránguiz dio en su fallo al traspaso de fondos reservados de una cartera a otra, que a pesar de "errónea", oficializa como "política del Estado" (¿bananero?).

1. Preparen los pingos

Cuando el 7 de febrero el ex subsecretario de Transportes, Patricio Tombolini, declaró al juez que todos los meses una voz de mujer le comunicaba telefónicamente que en la Cancillería lo esperaba un millón 600 mil pesos, puso en un duro aprieto al Gobierno. Tres días después, Aránguiz abrió la causa 57.138 sobre malversación de fondos públicos, en la que investigaba el uso de gastos reservados para pagar sobresueldos de altas autoridades del Ejecutivo, en el 2° Juzgado del Crimen de Rancagua. Dos días más tarde solicitó información acotada sobre el uso de los gastos reservados del ministerio de Relaciones Exteriores, Interior y de la Secretaría General de Gobierno para conocer en detalle por qué se destinaban desde allí fondos para otros Ministerios.

El Presidente se encontraba realizando una gira a Japón y Corea. El tema espantó al círculo de los personeros de confianza de La Moneda. Se puede hacer oídos sordos al nepotismo en Palacio, pero nadie puede aceptar, y menos todavía quién manda en el país, que le metan la mano a la faltriquera. De inmediato el vicepresidente José Miguel Insulza se reunió con Nicolás Eyzaguirre y la ministra del Interior (s), Michelle Bachelet.

La primera reacción del Ejecutivo fue desestimar cualquiera posibilidad de entregar información. Así lo declararon Insulza y Eyzaguirre, dando como argumento que con ello se podía faltar a la ley. Un equipo de abogados de Palacio debió trabajar para evacuar un informe que diera cuenta del alcance legal. Aseguraron que en este tema hay "una cierta tierra de nadie", por lo que recomendaron a Eyzaguirre no contestar el oficio hasta que el Ejecutivo fijase su criterio. El ministro Insulza fue más allá al asegurar la existencia de informes jurídicos que "impiden a los funcionarios públicos dar a conocer detalles de esos gastos".

Aránguiz retrucó diciendo que "los fondos reservados en la medida en que se está investigando un delito, dejan de ser reservados". Y precisó, para tranquilidad del Gobierno, que "no estoy investigando todos los gastos reservados porque no sería propio". Se trata, dijo, de investigar un caso puntual, el de Tombolini y negó que en su oficio le hubiera dado a Eyzaguirre un plazo perentorio para entregar su respuesta.

2. Por los palos

Con ello, el ministro en Visita envió un mensaje de calma a La Moneda. Consciente de que sus pasos encendieron las luces de alerta en el Gobierno, el magistrado aclaró que no pretendía entrar en el detalle absoluto de cómo la administración utiliza los fondos que, por ley, son de carácter reservados.

"No debiera haber inquietud en nadie, porque lo único que estoy haciendo son investigaciones puntuales y acotadas respecto a hechos que tienen la apariencia de delitos", dijo el juez.

El ministro de Hacienda se apresuró a rayar la cancha. Declaró que si tal información le fuera requerida se la entregaría al juez, pero aclaró que mantendría reserva ante la prensa, aduciendo que esa información es secreta y protegida por la ley. Aránguiz aclaró que quien diga que no se puede dar a conocer por ley el destino de los gastos reservados está en un error. En la medida en que se investiga un delito, estos fondos dejan de ser reservados, comentó.

En la Moneda se trató de mostrar tranquilidad afirmando que éste no era un tema prioritario, mientras se efectuaban presurosas reuniones para analizar el escenario que podría enfrentar el Gobierno con las indagatorias. Las autoridades buscaban definir hasta qué punto el magistrado tendría atribuciones para inquirir detalles sobre un mal uso de estos dineros. El director de Presupuestos, Mario Marcel, acotó la responsabilidad de esa repartición diciendo "nosotros sólo fijamos la cuantía... no lo administramos ni fiscalizamos. La rendición la hace cada Ministerio en forma global y reservada", se excusó.

A su regreso, el Presidente Lagos afirmó que "cada institución hace sus tareas y cada institución responde de lo que tiene que hacer", eludiendo el fondo del asunto. Tampoco quiso clarificar la oportunidad en que Hacienda debía dar cumplimiento al requerimiento del ministro en Visita. "Esas cosas se responden cuando es oportuno responder", sentenció el mandatario.

Hasta ese momento la posición de Lagos apuntaba a "mantener la línea ya trazada", en cuanto a que "el tema es reservado". Luego de que el ministro Insulza le hiciera ver la existencia de "dudas jurídicas" relativas a la imposibilidad de denegar información sobre el destino de gastos reservados, cuando estos se solicitan en el marco de una investigación judicial, La Moneda tuvo un repentino cambio de estrategia.

Abogados cercanos a Palacio habían advertido de los riesgos de una negativa a la petición del juez. Tampoco ayudó el precedente del ex jefe de gabinete de Insulza, Guillermo Miranda, quien en enero de 2002 reveló al juez Jorge Zepeda -en el marco del caso cartas bomba- que Interior había pagado al analista, Lenin Guardia, 500 mil pesos mensuales con fondos procedentes de gastos reservados. La información, que consta en el expediente secreto de Zepeda sólo contribuyó a derribar el argumento inicial de Palacio.

El Presidente Lagos, quiso monitorear personalmente el asunto, lo zanjó anunciando que habría una respuesta "de oficio", es decir escrita y reservada, sólo en lo que atañe a Tombolini. Y ordenó a la Cancillería y al ministerio de Hacienda entregar al juez el detalle de los gastos reservados en la parte pertinente al pago de sobresueldos al ex subsecretario de Transportes. Tras dos semanas de especulaciones, la Cancillería respondió con cuatro voluminosos sobres sellados. La condición que el Jefe de Estado le puso para que se cumpliera a cabalidad es que la información recibida la mantenga "en absoluta reserva" y que "se eviten filtraciones a la prensa".

3. En tierra derecha

En breve tranco, el ministro Aránguiz, sobreseyó definitivamente su investigación por supuesto mal uso de gastos reservados de Ministerios para la cancelación de sobresueldos de autoridades de Gobierno, despejando con ello esta línea de conflicto judicial que también amenazaba al Ejecutivo. Decidiendo específicamente sobre el caso del ex subsecretario de Transportes, Patricio Tombolini, el juez dictaminó que, como resultado de su investigación, "no concurren en la especie los elementos típicos de la figura penal que se persigue, razón por la cual procede dictarse sobreseimiento definitivo en la causa".

El magistrado afirmó que, a pesar de que la práctica de pagar sobresueldos con gastos reservados de un Ministerio a funcionarios de otra repartición fue "errónea", ella no tuvo "como ánimo la sustracción de fondos del Estado para aplicarlos desviadamente a un fin distinto que el público".

En el punto cuarto de su resolución el magistrado señala que "en sus informes respectivos, tanto la señora ministra de Relaciones Exteriores, como el ministro de Hacienda, confluyen en que, efectivamente, y desde varias administraciones anteriores, como una política tendiente a suplementar los sueldos de ministros y subsecretarios, existió una asignación especial que ha sido recientemente transparentada con un gran consenso de los órganos colegisladores".

Aránguiz explicó aspectos de su resolución, aclarando que en ella incidió también la nueva ley 19.863, promulgada en febrero, que en concordancia entre Gobierno y oposición, y fijando sueldos para autoridades del Ejecutivo, vino a regular restrictivamente el uso de los gastos reservados de los ministerios, prohibiendo expresamente que éstos sean usados en pago de sobresueldos y para apoyar colectividades políticas o gremiales.

Respecto de esta legislación, Aránguiz sostuvo que "en materia penal, toda interpretación favorable a la menor sancionabilidad de las conductas se aplica con efecto retroactivo". No obstante, también insistió en definir como "errónea" la práctica anterior. Indicó que "tanto así que hubo la necesidad de dictar esta nueva normativa".

En su resolución, si bien el magistrado afirma que la política del Gobierno de pago de sobresueldos con fondos reservados puede considerarse "errónea", añade que no hubo el ánimo de sustraer y desviar fondos del Estado y que ésa es la razón fundamental que lo lleva a cerrar la causa.

"En el curso de la investigación se desprende, inequívocamente, que la asignación o suplemento derivado desde un ministerio que goce de fondos reservados a otro, con que se ha favorecido por larga data a un conjunto de funcionarios de determinada jerarquía, sin excepciones o preferencias, ha correspondido a una política de Estado, que aún cuando pueda estimarse errónea -prueba de ello es la ley 19.863, publicada el 6 de febrero pasado, que regula los gastos reservados- no ha tenido como ánimo la sustracción de fondos del Estado para aplicarlos desviadamente a un fin distinto que el público de lo cual fluye que no concurren en la especie los elementos típicos de la figura penal que se persigue, (malversación), razón por la cual procede dictarse sobreseimiento definitivo en la causa".

4. En la línea de llegada

El juez también argumentó que el uso de estos recursos sí constituye delito "si la inversión de los fondos reservados deriva en finalidades de orden privado", un caso, dijo, donde "claramente puede llegar a configurarse el delito de malversación, sea por sustracción o sea por la vía de distracción de los señalados fondos, según sea el caso".

La resolución, que sienta precedente como para otros casos de sobresueldos que están siendo investigados, sostiene además que Tombolini al informar sobre dichos fondos reservados, no cometió violación de secreto puesto que "ninguna disposición legal vigente, ni aún a título de circunstancias extraordinarias ha otorgado sello de confidencialidad absoluta a la inversión de los fondos públicos cuando se está investigando la comisión de un delito que precisamente involucra la desafectación de la finalidad pública del uso de dichos recursos".

Esto último, a raíz de las declaraciones de La Moneda la que, al conocer la investigación de fondos reservados, sostuvo que no se podía entregar información por el deber de reserva o secreto que pesaba sobre dichas materias.


Este fallo llama la atención sobre todo en la perspectiva del comportamiento absolutamente independiente y apegado a la ley que había exhibido el Poder Judicial en el último tiempo y, en especial, el juez Aránguiz. Este último hizo caso omiso del informe de la Contraloría N° 8717 del año 1993 (El Periodista N° 31) que estipula que "en ningún caso procede incorporarlos (los fondos reservados) a las remuneraciones que como retribución por sus funciones percibe el respectivo servidor, por cuanto dichos haberes no tienen carácter remunerativo".

Frente a este dictamen, que data desde hace una década, resulta insólito (por decir lo menos) que el ministro en Visita señale que el traspaso de fondos desde una cartera a otra, aunque puede ser una conducta errónea, es una política de Estado que, aún cuando pueda estimarse errónea, no ha tenido como ánimo la sustracción de fondos del Estado para aplicarlos desviadamente a un fin distinto que el público. Por otra parte, el fallo del juez no explica el motivo por el cual dicha conducta corresponde a un error, pero no constituye un delito.

Con este paso de jamelgo el ministro concluyó una auspiciosa carrera, que en su momento hizo temer al Ejecutivo que pudiera seguir investigando los pagos suplementarios que recibían ministros, subsecretarios y otras altas autoridades de Gobierno.

Aránguiz... ¿Quo Vadis?


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