Año 2 Número 33, Lunes 31 de marzo 2003

Guerra EEUU-Irak

Las mentiras de la guerra

En periodismo es ya casi un lugar común decir que una de las primeras víctimas de la guerra es la verdad.

Los informes de generales y de funcionarios políticos de las partes en conflicto tergiversan la realidad u omiten parte de ella. Así doblegarían la voluntad del enemigo y además conquistan en su favor a la opinión pública. El procedimiento sería igualmente eficaz tanto si, se acude a un sistemático bombardeo de contenidos como al deliberado silenciamiento de factores considerados adversos al fin perseguido. La globalización informativa de las décadas recientes y el omnímodo poder alcanzado por unas pocas trasnacionales televisivas han acrecentando aún más esta evidencia.

Uno de los casos más patéticos de la Guerra del Golfo de 1991 fue la declaración vertida por una "testigo" kuwaití relatando cómo durante su ocupación las tropas iraquíes habían masacrado a decenas de recién nacidos que yacían en incubadoras de un hospital del emirato. Mucho después, se supo que ello fue una maniobra del Pentágono: era materialmente imposible que hubiese decenas de incubadoras en el pequeño recinto hospitalario, y la testigo de marras resultó ser la hija del embajador de Kuwait en los EEUU.

Algo parecido está sucediendo ahora con la guerra emprendida por la administración del Presidente George Bush en contra de Iraq. En un duro golpe a su credibilidad, Washington debió admitir la falsedad de algunos documentos que presentó al Consejo de Seguridad de las NU sobre un supuesto intento de Irak de comprar uranio a Níger para fabricar una bomba atómica. El hecho fue denunciado por el propio director de la Organización Internacional de la Energía Atómica, Mohamed Al Baradei. Era "la información que teníamos y la comunicamos. Si ella es inexacta, pues bueno", dijeron lacónicamente el secretario de Estado, Colin Powell, y la asesora de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice.

Tan dañina a la verdad, pero eficaz para el control -esta vez por omisión- de la opinión pública es el bombardeo dosificado de contenidos que entrañan "descubrimientos" que avalan una determinada posición, pero ocultan deliberadamente otros. De esta política de doble estándar hay abundantes ejemplos recientes:

El diario estadounidense The New York Times -plenamente integrado a la guerra Psicológica emprendida por el Pentágono, a diferencia de la distancia crítica exhibida por su homólogo The Washington Post- aseguró hace unos días que los inspectores de las NU hallaron en Bagdad un nuevo tipo de misil, supuestamente apto para esparcir agentes bioquímicos. Un presunto informe de los expertos (no citado, sin embargo, en su último reporte al Consejo de Seguridad) describe el misil como una "bomba cluster".

Sin embargo, semanas antes, Washington debió suspender su ayuda económica y táctica a una unidad de combate de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), ante la evidencia acumulada por un Tribunal Internacional de Opinión que sesionó en diciembre de 2002 en Canadá. Tras obtener informes oficiales y no gubernamentales, oír a los testigos y confrontar pruebas forenses y de balística, el tribunal culpó a las FAC de arrojar una bomba "clúster" sobre campesinos que habían utilizado banderas blancas. Murieron ocho niños y nueve adultos por la explosión de sus órganos vitales -característica básica de este tipo de arma. La bomba había sido lanzada por un helicóptero donado y artillado por los EEUU.

Para la sociedad estadounidense que ampara las libertades de expresión y de prensa como uno de sus principales derechos, resulta trágico que sus cadenas televisivas censuren hoy -como ya lo hicieron en la Guerra del Golfo- fotografías que revelan el "rostro humano" del daño causado por las bombas sobre Irak, prefiriendo en cambio mostrar el espectáculo pirotécnico creado por los mismos. O que los despachos de sus reporteros intenten retener el apoyo de la opinión pública citando despachos "no confirmados" de que en cualquier momento las tropas iraquíes utilizarían unas armas químicas que todavía nadie pudo descubrir.

Para justificar su "ataque preventivo" en contra de Irak, la administración Bush ha esgrimido la vinculación del régimen de Hussein con Al Qaeda, pero omitido decir que ambos son enemigos irreconciliables. Denunciado el carácter dictatorial de su gobierno, aunque olvidado decir que apoyó y armó a Hussein con su guerra con Irán. Acusado que Bagdad posee armas químicas, aunque ignorado que en los 70 las lanzó sobre personas y bosques vietnamitas. En fin, recriminado que Irak incumplió las resoluciones de las NU ordenando su desarme, pero tildado de antisemitas a los periodistas estadounidenses que han recordado que tampoco Israel ha acatado ninguna de éstas.

Pero ni Bush ni sus asesores han mencionado el petróleo como una de sus razones. Sin embargo, en septiembre de 2000 -antes de las elecciones presidenciales estadounidenses-, el periódico escocés Sunday Herald reveló el trabajo de un grupo de políticos conservadores titulado "Proyecto para el nuevo siglo estadounidense". Entre sus autores figuraban Richard Cheney (hoy vicepresidente de los EEUU), Donald Rumsfeld (actual secretario de Defensa), Jeb Bush (hermano del Presidente y gobernador de Florida) y Richard Perle (jefe del gabinete político del Pentágono). Uno de los párrafos del documento revela ya entonces la intención de tomar el control militar de la región del Golfo, y no precisamente por razones altruistas: "EEUU ha buscado durante décadas jugar un papel más permanente en la seguridad regional del Golfo. El conflicto pendiente con Irak ofrece la justificación inmediata. La necesidad de la presencia de una fuerza norteamericana sustancial en el Golfo trasciende el asunto del régimen de Hussein".

Las mentiras de la guerra desinforman, desorientan y mellan la credibilidad informativa en forma proporcional al alcance planetario de las mayores trasnacionales mediáticas. Este es el efecto inmediato. El mediato es algo más intangible pero no menos inquietante: la verdad misma, medida en términos de desconfianza a la propia autoridad que genera la información, y la resta ciudadana a toda instancia de participación. ¿Para qué, si todo da igual?


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