Año 2 Número 33, Lunes 31 de marzo 2003

Limitan docencia de funcionarios públicos

Hacer clases fuera de horario

Una ley aprobada el 21 de enero del presente año señala que los funcionarios públicos podrán hacer clases durante su jornada laboral, pero sólo por un máximo de doce horas semanales. Sin embargo, ¿quién va a vigilar que la norma se cumpla?

¿El Estado paga mal? Pareciera que sí. Ello, entonces, obligó a dar sobresueldos a algunos y sillones en los directorios a otros. Eso en el caso de ministros o subsecretarios. También los jefes de servicios o los diplomáticos que, estando en Santiago, no gozan de los privilegiados sueldos de embajadores.

Pero otra forma de engrosar el salario, tal vez la más generalizada, es dando clases en una de las tantas universidades privadas. Este sistema, que cruza transversalmente todo el sector público, jefes y subordinados, recibió un exocet hace unos meses y estuvo a punto de irse a pique. La operación salvataje, parcialmente, evitó el impacto. Todo se inició por una decisión de la Contraloría que decía que los funcionarios públicos no podían dictar clases en sus horarios de trabajo. ¿En qué momento, entonces, podían hacerlo? La medida afectaba, sin duda, el bolsillo de jueces y periodistas, abogados o ingenieros... de capitán a paje.

En las universidades públicas, es conocida la situación de docentes de jornada completa que, debiendo trabajar para las instituciones que los contrataron, en horas de trabajo frecuentemente hacen clases en universidades privadas, donde les pagan mejor. En este último caso, resulta ser que en la práctica el Estado termina "subvencionando" en forma indirecta, irregular e injusta, con dinero de todos los chilenos, a las instituciones privadas de educación superior.


Según el artículo 8 de la ley 19.863 sobre Remuneraciones de Autoridades de Gobierno, aprobada el 21 de enero pasado y publicada en el Diario Oficial el 6 de febrero, un funcionario público puede realizar, dentro de la jornada completa, un máximo de doce horas dedicadas a la docencia, teniendo la obligación de compensarlas según lo que determine su superior.

"Excepcionalmente, y por resolución fundada del jefe de servicio, se podrá autorizar, fuera de la jornada, una labor docente que exceda dicho tope", reza el texto. ¿Pero quién controla esto? Según una fuente de la Contraloría, "debe ser la persona que otorga el permiso, es decir, el jefe de cada servicio". Agrega que, según se interpreta del texto, la docencia pasa a ser un derecho de los funcionarios, por lo cual una petición para ejercer la docencia no puede ser negada.

1. Artículo octavo

El artículo 8 fue propuesto por el senador vitalicio Eduardo Frei y aprobado por 31 votos. Frei, quien negó hacer clases en universidad alguna, argumentó estar convencido que "mientras el funcionario que hace clases en una universidad compense el horario que dedica a ello en el respectivo servicio, no sólo se evita un perjuicio, sino que, por el contrario, obtenemos un doble beneficio".

Según el legislador, el primer beneficiado es "el propio Estado, por cuanto estamos protegiendo la posibilidad de que excelentes profesionales -se trata de académicos- no emigren por excesivas restricciones, desaprovechando todo el conocimiento acumulado que es fundamental que lo coloquen al servicio del país". En segundo lugar, es positivo "para las universidades y las nuevas generaciones de profesionales, por cuanto la transmisión de la enorme experiencia acumulada en el Estado no es posible de sustituirse a través de una aproximación exclusivamente teórica".

Frei señala que su indicación "permitía corregir un sistema que no era lógico, porque tenía discriminaciones: por ejemplo, la docencia en las universidades públicas podía realizarse durante la jornada, y la docencia en las universidades privadas sólo fuera de la jornada".

Para el senador el tema quedó zanjado en cuatro cuestiones básicas: primero, los funcionarios pueden hacer clases en establecimientos públicos o privados; segundo, los funcionarios deben compensar el tiempo que sustraen al servicio en esa tarea; tercero, los funcionarios no deben entorpecer la marcha del servicio con su labor docente; y cuarto, debe existir un mismo régimen jurídico para todos los funcionarios, independientemente de su régimen estatutario o remuneratorio.

El tema salió a la luz pública en diciembre pasado, cuando un matutino publicó que un dictamen de la Contraloría señalaba explícitamente que los funcionarios públicos tenían prohibido ejercer la docencia en universidades privadas en sus horas de trabajo.

El 22 de octubre, la entidad había emitido el dictamen 42.819/02, según el cual los empleados fiscales sólo pueden realizar labores ajenas a sus trabajos habituales fuera de las 48 horas semanales que les reconoce la ley.

Tal como lo indica la ley luego promulgada en enero, en el caso específico de las labores docentes, el dictamen señalaba que los funcionarios públicos podrían dictar un máximo de 12 horas de clases a la semana en universidades estatales, siempre y cuando restituyeran el tiempo perdido.

El fallo había sido elaborado a raíz de una consulta de la Contraloría de la Región del Bío Bío, donde se solicitó un pronunciamiento respecto a los trabajadores municipales que ejercían docencia bajo el régimen de honorarios. Sus efectos entrarían a regir a partir del primer semestre lectivo del año 2003.

En la oportunidad, el experto en derecho administrativo y profesor de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), Jaime Bustos, señaló que si bien las disposiciones de la Contraloría tenían carácter de indefinido, podían ser "impugnadas a través de solicitudes formales de quienes se sientan perjudicados por dichas resoluciones y necesiten que sean reconsideradas".

Asimismo, señaló que la medida era "acatada", aunque en la práctica no se cumplía.

En cuanto al número de personas afectadas por este tema, el profesional señaló carecer de estadísticas sobre el tema. Juan Leiva, presidente de la Asociación de Académicos de la Universidad de Chile, por ejemplo, tampoco sabe cuantos funcionarios públicos ajenos a esa casa de estudios ejercen allí labores docentes. Indicó que las cifras de honorarios las maneja la Vicerrectoría de Economía y Administración, donde se declinó entregar mayores informaciones. Tampoco la Contraloría posee un catastro al respecto. Una fuente señala que, debido a que se trata de actividades privadas de los funcionarios, no se controla ni el número de empleados fiscales en esta situación, ni la cantidad de horas de clases que realizan.


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