Año 2 N.34, abril 14, 2003
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Joaquín Lavín y un problema del Opus Dei
( Escribe Patricio Herman )Mientras Joaquín Lavín ejercía como alcalde de Las Condes se publicó el Plan Regulador Comunal que dio origen a la “zona de conservación histórica” situada en la avenida Presidente Errázuriz. Entre los años 1999 y 2000 la Prelatura del Opus Dei adquirió 2 propiedades localizadas en esa zona, a sabiendas que ellas no se podían demoler.

Esta orden religiosa necesitaba disponer de los metros cuadrados necesarios para albergar a 45 numerarios, profesionales que no tenían cabida en las aludidas viviendas porque las superficies construidas de ambas no superaban los 800 m2 . Por tal razón, y aplicándose el más puro utilitarismo fueron demolidas a fines de 2001.

El 26 de Noviembre de 2001 nuestra agrupación publicó una carta en El Mercurio alertando a las autoridades, tanto locales como centrales, en cuanto a que la demolición era improcedente y en paralelo nos dirigimos por escrito a esas autoridades expresándoles que se iba a cometer una nueva "equivocación" dentro del ámbito del urbanismo. No fuimos escuchados y finalmente esas viviendas fueron reemplazadas por un edificio de 6.300 m2 construidos.

Por lo anterior, tuvimos que recurrir a la Contraloría General de la República, quien vía dictamen Nº 35145 del 10 de septiembre de 2002, estableció que todos los actos administrativos de la municipalidad de Las Condes y del ministerio de Vivienda y Urbanismo, que dieron origen a las demoliciones y permitieron edificar la construcción en terminaciones hoy en día, adolecen de ilegalidad por los mismos motivos que nosotros dábamos a conocer antes que se produjeran los hechos.

En rigor, lo que corresponde ahora es aplicar el artículo 157 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, es decir, se debe demoler el nuevo edificio porque contraviene el mandato del Plan Regulador respectivo, hecho que no deseamos porque no soluciona el impasse.

Debemos tener presente que la directora de obras de Las Condes tendrá que decidir si firma o no próximamente la solicitud que le formule el titular del proyecto, para que el edificio ilegal sea "recibido oficialmente" y, por lo tanto, pueda ser habitado por sus 45 moradores y servidores.

La situación de fondo tiene que ver con la ilegítima plusvalía obtenida por el titular del proyecto y por ello nosotros planteamos que la Obra debe compensar a la sociedad para saldar las cuentas. Lo más elemental es recurrir a tasadores profesionales para que determinen cuál es la diferencia de precios de ambos tipos de viviendas, teniéndose en cuenta que el nuevo edificio tiene 5.500 m2 "ganados". Haciéndose el ejercicio de rigor llegamos a la suma de 4 millones de dólares.

En este sentido, y en razón a que en Chile "las instituciones no funcionan" el viernes 4 de abril pasado le propusimos formalmente a Lavín que, ejerciendo su influencia de supernumerario de la Obra y hombre público bien evaluado, lograra que aquella compense a la ciudad de Santiago en el monto que resulte después de aplicarse el cálculo afinado y validado por expertos. Le manifestábamos que la suma resultante debería girarse a nombre del Consejo de Monumentos Nacionales para que esta institución pueda recuperar y refaccionar diversos edificios de valor histórico que se encuentran en pésimo estado de conservación en la comuna de Santiago.

Nosotros consideramos que, sólo de esta forma, el Opus Dei podrá disponer legítimamente de su nuevo edificio y con su indemnización se podrá hacer una buena obra de connotación social en la comuna más antigua de la Región Metropolitana. Colmaría nuestra capacidad de asombro, si el edificio cuestionado entra en operaciones, sin que su titular asuma el costo de haberse violado la ley para obtener el beneficio conocido.

No quisiéramos creer que Lavín evitará asumir su cuota de responsabilidad en esta situación de interés colectivo. El tiempo dirá.

* Agrupación "Defendamos la Ciudad"

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