Año 2 N.34, abril 14, 2003
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Crónica del gran perdonazo
El día en que el Estado salvó de la quiebra a El Mercurio y La Tercera
(Por Francisco Herreros)Permutas de crédito que le ocasionaron pérdidas por 25 millones de dólares al Banco del Estado.Escandalosos convenios de reprogramación que rebajaron las deudas de las dos cadenas periodísticas monopólicas hasta un tercio de su valor. Millonarios canjes de deuda por avisos publicitarios. Cómo se compró La Tercera en sólo 7 millones de dólares, con pago al contado de 10% y el saldo con un crédito del propio Banco del Estado. El “supremazo” que eximió de responsabilidad criminal a Alvaro Bardón y la plana ejecutiva del Banco del Estado.

Aunque no son los primeros ni probablemente los últimos hechos irregulares acaecidos desde el año 90 a la fecha, la sucesión de escándalos iniciada en octubre pasado con el caso coimas, seguida después por los sobresueldos pagados por la empresa Gate a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y los inexplicados pagos de empresas contratistas, y últimamente por el vasto repertorio de acciones dolosas perpetrado por ejecutivos del grupo Inverlink en colusión con funcionarios públicos y diversos operadores del mercado financiero, ha instalado la corrupción en el centro del debate público y de la agenda política, al tiempo que ha comprometido seriamente el patrimonio ético y el futuro electoral de la coalición gobernante.

Desde la ventajosa trinchera que le concede su posición monopólica, la profusa y por momentos obsesiva cobertura de los diarios de las cadenas de El Mercurio y Copesa ha logrado, con éxito relativo, implantar en el imaginario colectivo la noción de que la corrupción es un fenómeno inherente y consubstancial a la administración pública y al dirigismo estatista, cuestión que porta de contrabando la implícita idea de la existencia de una alternativa de acrisolada moralidad, encarnada en un candidato que representa el liberalismo económico por antonomasia, cuya obra más notoria ha sido la privatización de las aguas de la comuna de Santiago.

Aparte de que se trata de una visión sesgada, simplificada hasta el nivel de la caricatura, en lo tocante a El Mercurio y La Tercera, la evidencia empírica demuestra que carecen de credenciales éticas y de condiciones de credibilidad para desempeñar el papel de modernos catones de la moral pública y de campeones de la lucha contra la corrupción que se han autoasignado.

La escasamente difundida operación de salvataje de la quiebra y rescate de su cuantiosa deuda con el Banco del Estado, que se inscribe entre las últimas maniobras de la dictadura antes de entregar el poder, contiene todos y cada uno de los elementos que configuran corrupción de alto coturno. Por de pronto, estuvo la configuración del delito de fraude al fisco, por el cual el juez del Quinto Juzgado del Crimen, Alejandro Solís, sometió a proceso a la plana mayor del Banco, encabezada a la sazón por su presidente, Alvaro Bardón, en la causa rol N° 133.428-6, en noviembre de 1991. El controvertido fallo de la Cuarta Sala de la Corte Suprema que lo exoneró de cargos correspondió en rigor a uno de los denominados supremazos, orientados más a garantizar la impunidad de los altos funcionarios de la dictadura sobre distintos tipos de trapisonadas, que a impartir justicia.


Enseguida, destaca la estrecha colusión de intereses entre lo público y lo privado. Antes de ocupar la presidencia del Banco del Estado, Alvaro Bardón se desempeñaba como miembro del Consejo Editorial de El Mercurio, posición a la que retornó inmediatamente después de resolverle el problema de su deuda. Asistente directo de Agustín Edwards en la compleja trama de negociaciones que lo salvaron de la quiebra, fue el ex-Ministro de Hacienda de la dictadura, Sergio de Castro Spikula. Un curioso protagonismo tuvieron los socios de la Consultora Gémines. A ella pertenecíeron el propio Bardón y Andrés Passicot, vicepresidente del Bando del Estado durante la reprogramación de deudas de El Mercurio. A ella pertenecieron también Juan Villarzú, quién ideó el refinado mecanismo de permutas de deudas y Andrés Sanfuentes, presidente del Banco en noviembre de 1990, cuando se entabló la querella criminal.

Luego, cabe consignar el daño al patrimonio del Banco del Estado. Según la querella interpuesta por Sanfuentes, éste alcanzó a 25 millones de dólares, equivalentes al 70% de la utilidad del Banco en el balance de 1989, y al 8% de la totalidad de su capital y reservas. Esa cifra representa una cuarta parte de las pérdidas ocasionadas por Inverlink a la Corfo, casi 70 veces el monto de los sobresueldos imputados a Gate y más de 900 veces el monto de las coimas atribuidas a los desaforados diputados concertacionistas.

Por último, está el tema de la iniquidad, la discriminación y la desigualdad de oportunidades. A los combativos medios de comunicación opositores a la dictadura, los sucesivos gobiernos de la Concertación los privaron del crédito y la publicidad estatal, y con ello los condenaron a morir de inanición, con el argumento de que no habían sabido adaptarse a la competencia en el marco de una economía de mercado. De hecho, con motivo del cierre del diario La Epoca, el 30 de agosto de 1998, El Mercurio publicó en su página editorial: "Tampoco corresponde que el Estado desplegara recursos para asegurar su funcionamiento, tal como lo requirieron sectores políticos y de profesionales de la información, pues ello habría derivado inevitablemente en desaconsejables intervencionismos oficialistas".

El proceso 133.428-6 demuestra fuera de toda duda que al momento del cambio de régimen, las empresas periodísticas El Mercurio y Copesa estaban técnicamente quebradas, que fueron favorecidas por una compleja y refinada serie de operaciones del Banco del Estado orientadas a extinguir su deuda, y que sin ese gran perdonazo, que tuvo severo compromiso del patrimonio público, no hubieran logrado sobrevivir en las actuales condiciones de propiedad, ni, desde luego, emitir sus severos anatemas contra la corrupción. De paso, queda refrendado el principio neoliberal de que mientras las ganancias son privadas, las pérdidas son frecuentemente endosadas al sector público.

Como podrá verse a continuación, la permuta de créditos que originó el proceso 133.428-6 no fue ni la primera ni la única de las operaciones del Banco del Estado orientadas al salvataje de El Mercurio. Con la devaluación del peso motivada por la crisis de 1982, hacia 1985 la empresa El Mercurio SAP acumulaba una deuda de 5,2 millones de Unidades de Fomento, equivalentes al día de hoy a más de 87 mil millones de pesos, la mayor parte de la cual las debía al Banco del Estado. En condiciones normales, un deudor de semejantes montos es ejecutado, y su deuda capitalizada por los bancos aceedores, pero El Mercurio no era un deudor como los demás, de forma que se lo premió con sucesivos y ventajosos convenios de reprogramación de deudas.

En el informe de la ingeniera comercial Jessica López, del Banco del Estado, que rola a fojas 17 del Cuaderno de Documentos N° II, se lee: "En 1987 los bancos acreedores capitalizaron 1,1 millones de UF de las deudas de la empresa. Como requisito para su capitalización, el Banco del Estado, que capitalizó 635 mil UF, exigió la regularización de los deudores relacionados -Inversiones Tierra Amarilla y Agustín Edwards- cuyas deudas no habían tenido servicio alguno desde su otorgamiento. Para ello se creó la empresa Comercial Canelo, la que se fusionó con Tierra Amarilla. (...) Comercial Canelo compró activos a El Mercurio y le pagó novando deuda que esa empresa mantenía con el Banco del Estado. Asimismo, compró acciones de El Mercurio a Agustín Edwards y le pagó afianzando la deuda de éste con el Banco del Estado y asumiendo el servicio de ella. En octubre de 1988 el banco del Estado, de acuerdo con lo acordado, vende sus acciones de El Mercurio en 249 mil UF, las que fueron adquiridas por Comercial Canelo a través de un crédito del propio Banco del Estado".

Así, mediante la ingeniería financiera de recíprocas operaciones de triangulación y endosos accionarios con una empresa de fachada, cuyo principal accionista era el mismo Agustín Edwards, y con nuevos créditos del propio Banco del Estado, El Mercurio obtuvo una reducción de hasta casi dos tercios de sus pasivos, en condiciones de pago sumamente ventajosas. En la declaración judicial del ingeniero comercial Jorge Charad, secretario ejecutivo de la comisión de bancos acreedores de El Mercurio, que rola a fojas 336, se lee: "La empresa estaba técnicamente quebrada y su patrimonio era negativo en varios millones. Para evitar su quiebra y a objeto de aumentar la recuperación de sus acreencias, en 1995 se firmó un convenio en el cual El Mercurio servía un 30% de sus pasivos en un plazo de diez años y se imponía al deudor una tasa de interés del 7% anual. (...) Dicho convenio fue modificado en junio de 1987 y en términos generales cambiaba la tasa de interés fija del 7% a un sistema de tasa flotante relacionada con la Tasa de Interés Promedio más un margen que dependía de la capitalización de deuda que los bancos acreedores hicieron en El Mercurio, acciones que finalmente los bancos vendieron a Comercial Canelo. Estas modificaciones significaron un fuerte alivio para el deudor al reducir el peso de su carga financiera, y además acordaron permitir que El Mercurio pudiera otorgar dividendos cuando hubiera reducido su deuda en convenio al 50%".

El propio Alvaro Bardón reconoció en su declaración judicial, que rola a fojas 305: "concuerdo con que con esta operación Comercial Canelo quedó convertida en una empresa viable y que antes estaba quebrada". El mensaje es claro: si un deudor debe poca plata, está en serias dificultades, pero si debe mucha, el problema se lo transfiere al acreedor.

En orden de importancia, el segundo mecanismo para diseminar la deuda de El Mercurio fue la operación de permuta de créditos que originó el proceso por fraude al fisco sustanciado por el juez Solís. En operaciones realizadas entre el 27 de diciembre de 1989 y el 8 de marzo de 1990, es decir hasta el día hábil antes del cambio de régimen, el Banco del Estado, por sucesivos acuerdos del directorio presidido por Bardón, cedió créditos de El Mercurio, Comercial Canelo y Agustín Edwards por un monto total de un millón 918 mil 207 Unidades de Fomento. Los créditos de Comercial Canelo (918. 897 UF) y de Agustín Edwards (758.436 UF) fueron cedidos a CFI Internacional, una empresas de intermediación financiera que actuó por encargo del Banco de Chile y los créditos de El Mercurio SAP (240.873 UF) se cedieron al Banco Sudamericano (80%) y Banco del Pacífico (20%).

El Banco del Estado no sólo cedió créditos de El Mercurio SAP, sino que recibió créditos de la misma empresa provenientes de CFI, adquiridos el mismo día al Banco de Chile, y del Banco Sudamericano, adquiridos ese mismo día al Banco Osorno y La Unión, por un monto total de 200.743 UF. Del informe de Jessica López, se desprende el detalle que explica esta curiosa operación: los créditos cedidos por el BECh estaban pactados en UF, al 8,5% de interés anual y contaban con sólidas garantías, mientras que los créditos recibidos de las otras instituciones financieras estaban pactados a un interés menor y no estaban respaldados por garantía alguna.

Pero eso no es todo. Un escrito del abogado del Banco del Estado, Manuel Guzmán Vial, que rola a fojas 722, con el cual intentaba revertir el cierre del sumario, llama la atención sobre el hecho de que "por escritura pública del 28 de diciembre de 1989, CFI le remite a Comercial Canelo su deuda en un 66,5%, con lo que la deuda que el día anterior era de un millón 77 mil 334 UF queda reducida a 561 mil 906 UF y liberado don Agustín Edwards".

Un tercer mecanismo para reducir la deuda de El Mercurio consistió en el canje de deuda por avisos publicitarios. Es así como en el Cuaderno de Documentos N° XXI aparece el contrato suscrito el 31 de diciembre de 1989, mediante el cual el Banco del Estado se compromete a pagar 600 millones de pesos, alrededor de un millón de dólares de la época, a ser descontados de la deuda, por 223 mil 307 centímetros/columna de avisaje en el diario. En su defensa, Alvaro Bardón imputó los 137 millones de pesos por concepto de descuento por volumen, entre los "beneficios" obtenidos por el Banco de su relación comercial con El Mercurio.

En la misma categoría coloca 22 mil UF de "ganancia" por la extinción de un crédito de 15 millones de dólares concedido por Citibank a El Mercurio, avalado por el Banco del Estado, el que éste se obligó a asumir en la reprogramación de 1987. En otras palabras, el crédito obtenido por El Mercurio en 1984 fue pagado por el Banco del Estado en 1987. . Por pagarlo de manera anticipada, "ahorró" 44 mil UF, la mitad de las cuales cedió a título gracioso a El Mercurio, o más bien, descontó de su deuda, con fecha 4 de diciembre de 1989 . En eso consistió otro de los "beneficios" para el banco invocados por Bardón. Con acreedores tan gentiles, no hay deuda que resista.

La situación de Copesa, que edita los diarios La Tercera, La Cuarta y La Hora de la Tarde, y el semanario Qué Pasa, era, a la fecha de los hechos en comento, todavía más apremiante que la de El Mercurio, si bien a diferencia de éste, la operación de salvataje emprendida por el Banco del Estado, culminó con un cambio en la propiedad.

A agosto de 1987, Copesa y Malán, una empresa de inversiones propietaria del 80% accionario de Copesa, debían a los bancos acreedores 1 millón 860 mil UF, alrededor de 14 mil millones de pesos al día de hoy, de las cuales 922 mil UF debía al Banco del Estado. Al igual que en el caso de El Mercurio, en vez de ejecutar al deudor, los bancos suscribieron un convenio de reprogramación, extendiéndole el plazo de pago a 13 años, con un 7% de interés anual, créditos que se pagarían con los flujos provenientes del giro de Copesa. No conforme con ello, el Banco del Estado le extendió un nuevo crédito de 125 mil UF a Copesa en octubre de 1987. Adicionalmente a las deudas del convenio, Malan adeudaba al Banco del Estado 1 millón 223 mil UF, que el Banco capitalizó adquiriendo el 70% de la propiedad de Malan.

A estas alturas, el 22 de agosto de 1989, aparece en escena Inversiones La Fuente, que ofrece comprar las 700 mil acciones de Malan en poder del Banco del Estado, "con la condición esencial que se materialicen las negociaciones en curso tendientes a reducir la deuda asumida por Copesa, a un monto compatible con la capacidad de pago de la empresa".

Inversiones La Fuente era una sociedad de inversión creada específicamente para el efecto, representada paritariamente por los entonces dueños de Copesa, las familias Picó Cañas y Picó Domínguez, y el abogado Darío Calderón, quien a su turno representaba a la sociedad ASKA Ltda, de los inversionistas de origen árabe y propietarios del Banco Osorno y La Unión, Alvaro Saieh, Carlos Abumohor y Alberto Cassis.

Para hacer corto el cuento, y en virtud de la brillante gestión del directorio presidido por Bardón, estos inversionistas, vinculados ideológicamente a la UDI, se hicieron de la propiedad de Copesa por la módica suma de 336 mil 756 UF, es decir, un tercio de la deuda original de Malan-Copesa, equivalentes a 5 mil millones 654 mil 806 pesos al día de hoy, o si se prefiere, a 7 millones 756 mil dólares, de la cual cancelaron 10% al contado, y el saldo...con un nuevo crédito del Banco del Estado, operación materializada en dos escrituras en la Notaría de Iván Torrealba, con fechas 26 de octubre de 1989 y 7 de febrero de 1990.

Para cumplir con la "condición esencial" de reducir el pasivo de Copesa a un monto compatible con su capacidad de pago, el Comité Ejecutivo del Banco del Estado recurrió a otras dos operaciones. un abono de deuda de 1 millón 295 mil dólares por canjes publicitarios, según contrato del 14 de noviembre de 1989, y las permutas de créditos con los bancos Sudamericano, Osorno y La Unión y del Pacífico, que originaron el proceso 133.428-6.

En virtud de las escrituras públicas 27 y 29 de diciembre de 1989; 19 de enero; 19, 20, 21 y 22 de febrero y 8 de marzo de 1990, el Banco del Estado cedió todas las acreencias que tenía contra las empresas Copesa (287. 279 UF) y Malan (978.460 UF), a los bancos Sudamericano (87% de las deudas) y del Pacífico (13%).

En el proceso aparece acreditado que el autor intelectual de esta compleja trama de operaciones fue Juan Villarzú, actual Vicepresidente Ejecutivo de Codelco, y resalta una notoria contradicción. En su declaración judicial, Alvaro Bardón afirma que la fórmula de permutas de créditos, o "swaps" como se les conoce en el mercado, fue propuesta por los El Mercurio y Copesa. No obstante, en la suya, Villarzú manifestó que "la intención original de Darío Calderón y sus representados fue comprar directamente los créditos al Banco del Estado, pagando en efectivo, pero esto no se materializó por cuanto el banco, por razones de normativa interna, prefirió que la operación se realizara por la vía de la permuta de créditos".


En el curso del proceso, los funcionarios del Banco que actuaron como parte querellante se esmeraron en demostrar el perjuicio patrimonial para el banco, y enumerar las numerosas irregularidades que jalonaron la compleja urdidumbre.

El texto de la querella de Andrés Sanfuentes, señala: "el daño patrimonial se produce por diversos efectos. Pérdidas por el efecto del menor valor económico que se le asignó a los créditos cedidos y por otro lado, el mayor valor que se le atribuyó a los créditos adquiridos, todo lo cual se evalúa en 1 millón 200 mil UF, 24 millones de dólares, el 8% del capital y reservas del banco. Por otra parte, el Banco debe destinar un mayor monto de posiciones por riesgos de colocación en el equivalente de 994 mil UF, aproximadamente 20 millones de dólares, 70% de la utilidad del banco durante 1989. El propósito manifiesto de las permutas de crédito fue eliminar al BECh como acreedor de las empresas El Mercurio y Copesa. Así el Banco cedió numerosas y cuantiosas acreencias, a cambio de una serie de créditos, a los que se le asignó falsamente un valor equivalente".

A su turno, el informe de Gastón Elsholz, inspector de Contraloría del BECh, consignó las siguientes irregularidades: "El proceso de permutas se realizó con gran apresuramiento, lo que se ve reflejado en la seria carencia de antecedentes respecto de los créditos recibidos por el BECh. (...) La evaluación de los créditos que se recibieron no fue la más adecuada (...) no se usaron criterios de sana práctica bancaria (...) En general se trata de operaciones a cargo de empresas deudoras en que sus obligaciones originales, pactadas en UF, fueron transformadas en pesos mediante modificaciones a los respectivos títulos efectuadas en fechas previas a las permutas, renovaciones que en muchos casos adolecen de deficiencias. En la actualidad un número importante de estas obligaciones se encuentran vencidas, tanto en su capital como intereses. (...) La totalidad de los créditos cedidos por el Banco se encontraban amparados con garantías reales, pero el Banco recibió obligaciones con cauciones diferentes de las entregadas, en que el 40,75% están sin garantía especial (...) La totalidad de las obligaciones cedidas por el Banco estaban pactadas en UF, en cambio, se recibieron operaciones en moneda nacional, sin reajustabilidad y varias sin pago de intereses (...) El análisis de las permutas permite apreciar que en muchos casos se asignaron valores con el sólo propósito de encuadrar los valores a permutar (...) Los créditos cedidos por las instituciones financieras correspondían a obligaciones de deudores con serios problemas económicos financieros, que se venían reflejando desde mucho tiempo, transformándose en una situación inmanejable para los acreedores. Sin embargo, previo a la materialización de las permutas gran parte de los créditos fueron renovados y/o modificados en condiciones favorables para los deudores por los nuevos plazos que se concedieron, el cambio de operaciones reajustables a no reajustables, facilidades en el pago de intereses a tasas bajo lo normal del mercado e incluso sin pago de ellos".

Dicho informe sintetiza el meollo del asunto. Mientras el BECh cedió créditos de El Mercurio y Copesa por un monto de 3 millones 244 mil 305 UF, equivalentes a 21 mil 500 millones de pesos, los que estaban debidamente garantizados, se obligó a recibir créditos de 38 empresas y personas por un valor nominal de 3 millones 314 mil UF, es decir, 22 mil millones de pesos, lo que constituyó una flagrante adulteración toda vez que se trataba de créditos castigados, muchos de ellos incobrables, varios sin garantías y en todo caso maquillados por reprogramaciones de los bancos cedentes, efectuadas poco antes de la celebración de las permutas.

A modo de ejemplo, el Banco del Estado recibió un crédito de la Empresa Nelaco S.A, por un valor de 671 mil 178 UF. A pesar de tratarse de una empresa quebrada y sin actividad desde 1985, su deuda fue reprogramada a pesos (3 mil 575 millones 335 mil pesos), sin reajustes ni intereses y con vencimiento a agosto de 2016.

Otro caso notable es el de los créditos recibidos de Inversiones Cono Sur e Inversiones San Manuel, sociedades de inversión propiedad de, entre otros, José Bordá y Tomás García, presidente y vicepresidente del Banco Sudamericano, entidad participante en las permutas. Junto con aprovechar la oportunidad para desconcentrar su cartera relacionada, le endosaron al Banco del Estado la bonita suma de 308 mil 970 UF.

El caso de Arrocera y Granos de Chile linda con lo grotesco. El BECh recibió seis créditos de esta empresa quebrada, por un total de 81 mil 212 UF, hipotéticamente garantizados con warrants de varias toneladas de arroz en la empresa almacenadora Argasa. Sin embargo, a la hora de realizar las prendas, del bendito arroz nunca se tuvo noticia.

En esta intrincada sinfonía de maniobras financieras, el sector privado ganó por paliza. Junto con disminuir sus acreencias hasta niveles irrisorios, El Mercurio y Copesa quedaron a salvo de la temida capitalización "estatizante" del Banco del Estado bajo una nueva administración. Los bancos privados participantes de las permutas obtuvieron variados beneficios. Por de pronto, se desprendieron de deudores morosos y de créditos irrecuperables de empresas quebradas. A cambio, recibieron créditos debidamente caucionados de El Mercurio y Copesa, que si bien aparecían sustancialmente reducidos respecto de sus montos originales, por lo mismo no presentaron dificultades a la hora de ser cobrados. Y la constelación de 38 empresas y personas naturales cuyos créditos fueron transferidos al BECh, se beneficiaron de ventajosas reprogramaciones destinadas a hacer presentables las permutas.

El gran perdedor de la jornada fue el Banco del Estado, vale decir el patrimonio de todos los chilenos, por un monto que un informe pericial de Price Waterhouse calculó en 607 mil 228 Unidades de Fomento, es decir, algo más de diez mil millones de pesos al día de hoy. Así lo entendió el magistrado Alejandro Solís, quien el 18 de noviembre de 1991 sometió a proceso por el delito de fraude al fisco a Alvaro Bardón, presidente del BECh a la fecha de estas operaciones; al vicepresidente, general (R) Osvaldo Palacios; a Osmán Flores, gerente general; al gerente de operaciones, Jorge Ilabaca y a los asesores de la presidencia Juan Germain Morchio y Luis Fuentealba, fallo ratificado por la Corte de Apelaciones por la vía del rechazo a un recurso de amparo presentado por la defensa de los reos.

Sin embargo, al cabo del primer año del primer gobierno de la Concertación, el horno de los tribunales todavía no estaba listo para excesivos bollos de justicia.

Es así como el 12 de diciembre de 1991, elevados los recursos de amparo a la Corte Suprema, encontraron oídos aquiescentes en la dudosamente célebre Cuarta Sala, integrada por los inefables ministros Hernán Cereceda y Leonel Beraud, quienes, junto al abogado integrante Luis Fernández, en un fallo notablemente silogístico y formalista, acogieron los amparos y decretaron que Bardón y compañía no eran reos de la causa, resolución contra la que votaron el Ministro Mario Garrido Montt y el abogado integrante Fernando Fueyo, el que en voto de minoría representó con acritud el indebido uso del recurso de amparo como instancia de apelación.


El equipo jurídico del Banco del Estado, encabezado por el abogado Manuel Guzmán Vial, intentó tenaz pero infructuosamente mantener activo el proceso y perseguir las responsabilidades penales de los inculpados, lo que en todo caso logró hasta el 21 de junio de 1997, ocasión en que el magistrado Juan Carlos Urrutia decretó el sobreseimiento temporal, "hasta que se presenten nuevos y mejores datos de investigación", pero lo cierto es que el "supremazo" de la Cuarta Sala le había propinado un golpe letal.

Tras la paletada nadie dijo nada, y Bardón pudo reintegrarse tranquilamente al Consejo de Redacción de El Mercurio, desde donde descarga furibundas invectivas contra las prácticas corruptas de los funcionarios del sector estatal. .

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