Año 2 N.34, abril 14, 2003
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Notas para entender la ética privada y la moralidad publica (¿o al revés?)
(Por Nelson Soza M.)Los episodios de la consultora Gate, de Corfo y del conglomerado financiero Inverlink no son sino una más de una secuela de manifestaciones de larga data en nuestro país. Para que haya corrupción se necesitan dos: uno que soborne y otro que se deje hacerlo, sea con caballos de carrera, un cargo de director u otros favores. Esto, que es una regla lógica, parecen olvidarlo muchos de quienes representan a la dirigencia política y empresarial criollas.

Salvo unas pocas reacciones de sanción gremial adoptadas en respuesta a estos hechos, la lectura predominante en "los actores del mercado" ha sido que la responsabilidad básica compete al Gobierno. Por acción o por omisión. Pocos en cambio se han aventurado en una reflexión que, por una vez siquiera, permitiese olvidar los árboles para ver el bosque: la existencia de una cultura política y económica, de una ética (o, más bien, de una ausencia suya) y de una institucionalidad que supiese discernir la diferencia entre el interés privado y el social.

Lo ocurrido con Gate o con Inverlink es relativamente reciente, pero está umbilicalmente ligado a hechos incubados desde al menos mediados de los '80: el tráfico de influencias y la escasa capacidad regulatoria de los entes del Estado para prever y sancionar los abusos cometidos y en muchos casos amparados por "el mercado".

Tanto entonces como ahora se produjo un ubicuo desempeño de altos funcionarios gubernamentales que establecían unas normas para luego aprovecharlas como accionistas, directores o ejecutivos de empresas (recién) privatizadas o (como hoy) afectas por unas regulaciones supuestamente concebidas en función del bien social.

Alimentada por el silencio obligado de "leyes de amarre" dictadas en los últimos meses del régimen militar que impidieron investigar las privatizaciones, por la omisión de influyentes medios de prensa o la actitud componedora de quienes debían fiscalizar, nuestra "memoria social" ha olvidado que lo de Gate o Inverlink no se diferencia en su esencia de las trasferencias de activos públicos a redes de intereses integradas por militares y conglomerados; de los "perdonazos" de deudas a grandes empresas; de normativas dictadas y reformuladas sobre la marcha para acomodarlas a las presiones de determinados grupos, o de cruciales decisiones económicas filtradas a intereses privados en las décadas de los '70 y '80.

Pero una de las principales lecciones que dejan los recientes episodios es que éstos han ocurrido al alero de unos poderes ya no reunidos en cinco personas, sino que electos, representativos y que debían gobernar y legislar en función del interés general. Ello se ha intentado, pero no siempre se logró. El cabildeo o lobby se masificó y llegó a convertirse en una poder parasitario de aquéllos; el tráfico de influencias reorientó parte de cruciales proyectos debatidos en el Congreso (uno de los casos más sonados fue el de los carrier telefónicos), y el ir y venir desde la esfera pública a la privada o al revés acentuaron a tal punto los llamados "conflictos de intereses", que se hacía difícil distinguir cuándo se hablaba con un ministro o el director de un servicio y cuándo con el director o el gerente de una empresa privada...

La práctica del lobby, del tráfico de influencias y de los conflictos de intereses ha llegado a un punto en que nadie se asombra por su masividad. Un ex ministro cabildea contra los subsidios para la industria azucarera, mientras que el ex Presidente del Metro, en tiempos de Patricio Aylwin, lo hace contra los importadores de edulcorantes y defendiendo los intereses de la empresa azucarera que preside. Un ex gerente de AFP es luego Superintendente del ramo -desde el cual establece normas, entre otras de inversión de cartera- y meses más tarde ingresa como alto ejecutivo de un holding que invierte en el patrimonio de las mismas AFP. El Presidente de una empresa de trasporte público es al mismo tiempo defensor de una empresa telefónica que mantiene una millonaria demanda contra el Estado. Abogados del Consejo de Defensa del Estado representan intereses litigantes con el mismo fisco. El ex jefe de la División de Proyectos del Ministerio de Obras Públicas crea una empresa que, en sociedad con un consorcio español, postula a concesiones que debía visar la misma unidad del MOP. Un ex subsecretario de OO.PP. representa más tarde a intereses de las mismas empresas que debía regular... Y todo ello ha ocurrido en el marco de unas funciones fiscalizadoras y reguladoras carcomidas por el lobby o los conflictos de intereses, o la sumatoria de ambos; mermadas en su eficacia ante la complejidad o permanente cambio de los mercados que se intentaba regular, o autocensuradas en su capacidad por la presunción predominante en los gobiernos concertacionistas de que toda regulación entraña en sí misma un cercenamiento de la inversión y el crecimiento.

Palabras al viento

La página 14 de un libro publicado por el Ministerio de Economía a fines de 2000, hecho a modo de balance de una década de fijaciones tarifarias en teléfonos, electricidad y servicios sanitarios dice: "La tradicional 'captura técnica' del regulador -producto de la mayor disponibilidad de recursos por la empresa regulada- puede ser neutralizada mediante equipos técnicos poderosos, con alto espíritu de servicio público (...) La nueva administración del Estado deberá adoptar numerosas iniciativas en el campo de la promoción de la competencia y de la regulación. Una tarea fundamental es la reforma de la institucionalidad reguladora y de promoción de la competencia. Hasta hoy fue dificultoso que algunos sectores consideren los costos que una mala regulación arroja sobre las personas y la economía. La crisis eléctrica de 1999 (y, agregaríamos, lo de Inverlink, Corfo y Gate en 2002-2003) desnudó un tema que hasta entonces parecía lejos de los intereses cotidianos"

Sigo repasando este libro, ideado como una suerte de Guía de Navegación para la entonces flamante administración Lagos: "Esta reforma no puede concebirse como una multitud de proyectos puntuales sectoriales, sino como una propuesta global, que radica en un Ministerio las funciones políticas, normativas y de supervisión de la regulación; que opta por la Superintendencia como agencia de regulación, superando la actual heterogeneidad institucional; que abre al escrutinio público los procesos tarifarios, y crea instancias de participación para todos los afectados" (en negritas en el original).

Eso era dicho a fines de 2000. En 2002, el ministerio de Hacienda cercenó de raíz propuestas contenidas en los Planes Ministeriales para crear la Defensoría del Usuario o fortalecer la Fiscalía Nacional Economía y la Comisión Antimonopolios. El mismo año dictó una nueva Ley de Pesca que no sólo pospuso de manera indefinida una completa regulación sectorial, sino que flexibilizó generosamente su tratamiento para un conglomerado pesquero. En 2003, "la" Reforma Eléctrica -tras casi cinco años de ires y venires legislativos- se ha convertido en una "ley corta" que intenta apagar coyunturas pero no despeja incertezas ni desarrolla una base energética de largo plazo.

En el primer caso pudo ser por necesidades presupuestarias o quizás porque Hacienda no consideró políticamente correcto impulsar el tema. Pero en los dos últimos ha sido por las presiones de los consorcios eléctricos ejercidas precisamente sobre los entes normativos y reguladores.

Las casi 330 mil unidades agropecuarias del país son fiscalizadas por un cuerpo no mayor de 70 inspectores del SAG, hipotéticamente responsables de controlar el uso (y abuso) de pesticidas, plaguicidas y fungicidas y otras sustancias altamente peligrosas para la salud de quienes trabajan en esos predios o consumen sus producciones. "Nuestra propensión es a ver cómo se regula, cómo se distribuye, cómo se evitan situaciones injustas, pero no ha estado nunca en el centro de nuestra preocupación el hecho simple y crudo de crecer", decía el inefable Eugenio Tironi al diario La Tercera en abril de 2002 -cuando ya tenía en sus narices lo de Gate y de Inverlink.

La preeminencia de este discurso neoliberal presente en dichos y hechos de muchas ex y actuales autoridades gubernamentales y legisladoras de la última década es la misma que -guardando las proporciones- causó las debacles de Enron, Worldcom, Global Crossing, Adelphia y otras trasnacionales estadounidenses; provocó daños por 300 mil millones de dólares a la economía de ese país, y contribuyó a seis de las diez mayores quiebras de la historia del capitalismo. Es un discurso que muchas veces -lobby y conflictos de intereses mediante- desprecia o subestima el ejercicio de las demandas ciudadanas, desplazándolo por la más redituable práctica de las presiones de unos pocos conglomerados y grandes empresas.

Hora de respuestas

¿Por qué las recomendaciones de (buen) manejo de la cartera formuladas en 2001 y 2002 por la Contraloría General fueron recogidas sólo a modo de inventario por Corfo? ¿Quizás por el mismo discurso autosuficiente escuchado de otras autoridades? ¿Por qué si todo ello era tan evidente no se fortaleció el entramado regulatorio de unos mercados así de oscuros, ni se extirpó de raíz a los conflictos de interés o al tráfico de influencias? Una respuesta es que mal podría haber interés del legislador en prohibir unas actividades que amparan el enrarecido mundo del financiamiento político. Otra es que todo ello resulta de la convicción de que los mercados se autorregulan o autodisciplinan, de que no es necesario normar a unas empresas o empresarios que tienen su propia ética. También pueden ser ambas.

Es probable que haya una ética empresarial... aunque sus acciones no sean necesariamente morales. Pero los episodios recientes han demostrado que aquélla generalmente se contrapone (algunos dirían 'anula') a la social. También lo de Inverlink ha llevado a endilgar(nos) preguntas sobre si es toda nuestra sociedad la que ha relajado su moralidad, patrón que luego reproducirían quienes ofician como 'servidores públicos'. Uno cosa sí es cierta: ya no podrá -corrijamos: no debiera- hablarse con el mismo desparpajo respecto de que bastan la ética privada, la buena fe y el autocontrol. El punto es ahora qué hacer con esa convicción. ¿Será el momento de desempolvar lo que decía en 2000 el Ministerio de Economía?

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