Año 2 N.34, abril 14, 2003
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Fallo Mop-Gate
Le tocó el turno a Lagos
(Por Maura Brescia)Dos años antes de la elección presidencial (16/12/99), el ex seremi Héctor Peña Véliz con su novel empresa Gate comienza a realizar asesorías para el MOP. Después Gate se hace cargo del outsourcing que hasta ese momento realizaba la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, siendo contratada por la Administración del Sistema General de Concesiones para realizar todo tipo de asesorías, por un monto total de mil 400 millones pesos.

La designación de la Corte Suprema a la ministra Gloria Chevesich Ruiz venía acompañada de una bomba de racimo, cuyo poder se expande en las diligencias decretadas por la 7° Sala de la Corte de Apelaciones. La ministro cumplió a cabalidad las instrucciones de sus superiores. Tanto, que el 1° de abril dio luz a un fallo judicial, en cuyo punto IX, acápite c) se lee el nombre del ex Ministro del MOP y actual Presidente de la República. "Con el visto bueno del Ministro de Obras Públicas de la época, don Ricardo Lagos Escobar (...) se aprobaron los Términos de Referencia y el Convenio Ad-Referéndum para la realización de la asesoría denominada ‘Elaboración de un Indice de Calidad de Servicio de Obras Viales Concesionadas’, autorizándose el gasto de UF 12.970, incluidos todos los impuestos, correspondiente al valor total del trabajo que se contrata". (Resolución N° 560 del 27 de julio de 1998).

El dictamen señala que fruto de esta disposición rubricada por Lagos, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la "U" firmó siete convenios con la empresa Gate S.A. para realizar la asesoría "Elaboración de un Indice de Calidad de Servicio de Obras Viales Concesionadas', encomendado por el MOP "con abierta infracción de lo dispuesto en el artículo 57 del Decreto Supremo Nº 48 que aprueba el nuevo Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría".

En su fallo por el cual procesó a 22 personas, funcionarios públicos y ejecutivos de empresas consultoras por los delitos de fraude al fisco y estafa, la jueza estableció que, de las nueve figuras que dieron origen a los delitos, en siete de ellas aparece la firma del ex ministro de Obras Públicas, Jaime Tohá González, (Resoluciones de junio de 1999 a febrero de 2000), en una la de Lagos, y en otra la de Carlos Cruz Lorenzen (Resolución N° 1831 de 27 de junio de 2000), visando los estudios contratados y cuyos montos fueron "abultados por ardid", además que "las beneficiarias no prestaron ningún servicio y tampoco intervinieron en las consultoría encargadas".

El ex ministro Carlos Cruz, quien estuvo 64 días en Capuchinos, aclaró los alcances de su responsabilidad: "No sé cómo definirla. Lo que asumo es, como en cualquier organización, haber sido el jefe que tiene la responsabilidad en última instancia. Ahora, eso no significa que yo me haga cargo de los comportamientos individuales de quienes trabajaban conmigo. Todos somos grandecitos y respondemos por nuestros actos. No se le puede pedir a un ministro que tiene la función que yo entendía que el Presidente me había encomendado - promover inversiones- que estuviese, además, pendiente de cómo los actos administrativos que emanaban de ese proceso se llevaban a cabo. Ahí hay un acto de delegación natural que yo esperaba que se cumpliera bien, pero da la impresión de que no fue así".

Frente al hecho de aparecer mencionado, el Primer Mandatario declaró: "No aparezco mencionado. Aparezco autorizando una manera de hacer un determinado contrato. Pero lo que el ministro hace es que ese contrato, que lo hace el director de Obras Públicas, el ministro le da una autorización para hacerlo de determinada forma. Pero no tiene que ver con el contrato mismo". El Mandatario subrayó la responsabilidad de los privados involucrados en el caso. "Es importante tener claridad en que la forma de enfrentar esto es común, es de todos. Fíjese que el número de funcionarios (de gobierno procesados por la jueza Chevesich), son los menos, los más son personeros que trabajan en el sector privado", dijo. Luego hizo una analogía con los procesados del caso Gate y del escándalo Corfo-Inverlink: "Fíjese lo que ha pasado con Inverlink. ¿Quiénes son los que están presos? Los funcionarios de Inverlink, que es una empresa privada que corrompió a funcionarios públicos y privados en los bancos. En consecuencia, el grueso de los funcionarios que están allí, en un proceso de esta naturaleza de corrupción, pertenecen a una empresa privada que tenía muy buenos abogados, que hacía sus cosas y que aparecía muy respetables".

El Presidente reiteró que "en las irregularidades que han afectado a Chile en los últimos meses, tanto el sector público como el privado tienen la misma responsabilidad", en referencia al fallo de la jueza Chevesich.

Precisamente será la ministra Chevesich a quien le corresponderá ponderar si amerita la declaración de los ex ministros del MOP, el Presidente Ricardo Lagos y el intendente de la Octava Región Jaime Tohá.

Según fuentes judiciales, la jueza indagaría sobre los contratos suscritos entre el MOP y la Universidad de Chile entre el 2000 y el 2001, cuando Lagos había asumido su mandato. De acuerdo a la normativa actual, el Presidente tiene la facultad de firmar contratos de este tipo en situaciones de emergencia o cuando se trata de ámbitos que involucran a dos ministerios.

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