Año 2 N.34, abril 14, 2003

Conflicto Miguel Bauza-Fluvio Rossi

El combate legal de Iquique

El empresario Miguel Bauzá pidió a la Corte de Apelaciones de Iquique que el diputado Fulvio Rossi sea desaforado y, así llevarlo ante los tribunales para que sea juzgado por el delito de injurias y calumnias, debido a que el socialista acusó a Bauzá de una serie de delitos tributarios por cerca de 5 mil millones de pesos. Por su parte, Rossi presentó el viernes 4 de abril pasado una querella por el mismo delito (calumnias e injurias con publicidad) en el juzgado de Garantía de la misma ciudad. ¿Cuál es el origen de este conflicto político-judicial? El Casino de Juegos de Iquique.

La sociedad que tenía la concesión del Casino norteño, desde 1991 hasta el 1 de abril de 1997, era Miguel Bauzá y Compañía Limitada; sin embargo, desde el inicio de la concesión hasta 1995, ésta no pagó el IVA al hecho gravado -el juego-. En 1994, el Servicio de Impuestos Internos (SII), presentó una querella por evasión de impuestos, la que ascendía a 870 millones de pesos. Pero la Corte de Apelaciones de Iquique desestimó la demanda, la que después se hizo efectiva cuando el Fisco apeló a la Corte Suprema. Es en estas circunstancias, Bauzá modifica la sociedad y crea Juegos Electrónicos SA.

El pago de IVA en los juegos de azar, que hasta ese entonces no era obligatorio, se debatió en el Tribunal Supremo, el que determinó finalmente que las entradas por juego debían gravar: el juego paga impuestos. Con esta resolución, la Tesorería ordena a la sociedad Miguel Bauzá y Compañía Limitada a cancelar una suma superior a los 420 millones de pesos, la que consta en la orden de embargo que está en contra de esta sociedad (ver imagen) y que es parte del expediente que se abrió el 12 de agosto de 1997.

La sociedad del ex vice presidente de la ANFP y actual marido de la diputada de RN, Lily Pérez, fue notificada y se requirió el pago a través de su representante legal, Alex Ahumada, el 16 de junio de 1998, la que no se pudo llevar a cabo, porque la sociedad concesionaria del Casino había cambiado a otra sociedad que ahora era anónima: Juegos Electrónicos SA. De esta manera, se había puesto término de manera anticipada al contrato de concesión entre el Municipio de Iquique y la sociedad Miguel Bauzá, asumiendo hoy día Juegos Electrónicos. Es así también, que cuando se va a embargar los bienes a los socios de Bauzá, la sociedad original ya no existe y no es la concesionaria del Casino, por lo tanto, no había ningún activo, bien o mueble o máquina alguna que embargar. El argumento que se dio en ese momento era que ellos ya no tenían la concesión del centro de juegos y que ahora éste le pertenecía a Juegos Electrónicos SA. Este nuevo concesionario apareció el 1 de abril de 1997 y en esta empresa también está Miguel Bauzá y el mismo representante legal, el señor Ahumada. ¿Qué pasa, entonces, con la deuda tributaria?


Ante la notaria Laura Andrea Galecio, la sociedad Miguel Bauzá y Compañía Limitada es modificada, el 29 de abril de 1998, a Payero y Compañía, por lo tanto, es este nuevo conglomerado quien asume la deuda tributaria, la que según el último informe de Tesorería (1 de abril de 2003), asciende a 2 mil 53 millones de pesos -con los reajustes de intereses y de capital-. Sin embargo, como consta en dicom, la nueva sociedad conformada por Hernán Payero Marín, Rolando Palacios Macari y Carlos Torres Astorga (hermano de uno de los accionistas de Miguel Bauzá y Compañía Limitada), no podía asumir la deuda, porque Payero tiene diez protestos vigentes sin declarar; 27 protestos internos con el Banco de Crédito de Inversiones, que tampoco han sido declarados, y es una persona que no tiene patrimonio alguno.

La relación entre Payero y Bauzá queda establecida en una sociedad llamada Gastronomía y Bares Limitada -compuesta por Sociedad Payero y Compañía Limitada, Miguel Bauzá, Sociedad Juegos Electrónicos SA y Alex Ahumada-, le presta servicios al Casino. Ahumada, a su vez, es el representante legal de esta sociedad, además, de ser el contralor del Casino de Juegos de Iquique en la actualidad, también está junto con Bauzá en Juegos Electrónicos SA y Payero y Compañía Limitada.

Debido a la complejidad de estas relaciones comerciales y al hecho de que en la actualidad existe un deudor insolvente, es que el diputado Fulvio Rossi ha solicitado a la Tesorería para que esto sea aclarado por oficio. Además cree fundamental que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte en el caso. "Es un fraude tributario, donde habría una simulación de contrato y habría distracción de bienes -los bienes van a otra parte-", asegura el socialista.

La segunda denuncia pública realizada por Rossi fue una investigación en el Departamento de Delitos Tributarios del SII por algunos supuestos irregularidades de ahora Juegos Electrónicos SA, por sobre dos mil millones de pesos más. O sea, una deuda de esta sociedad más eventuales delitos tributarios. "Esto en la actualidad no se está viendo en la Tesorería, porque una cosa es la deuda ‘a firme’ que tiene Payero y Compañía y otra cosa es lo que investiga Impuestos Internos con respecto a que Juegos Electrónicos habría incurrido en una serie de actos de tipos delictuales", asegura el parlamentario. Lo que demuestra la veracidad de la investigación es el documento del Municipio de Iquique (ver imagen), porque por la confidencialidad tributaria el SII no entrega información sólo hasta que la deuda este a firme. Con fecha del 14 de marzo de 2003, de la Dirección Asesoría Jurídica a la Dirección de Administración y Finanzas y Rentas Municipales, memorandum 179/2003, se solicita "el orden de ingreso municipal por conceptos de casino y sus correspondientes planillas por meses de enero 1998 a diciembre de 2002, pagados por la Sociedad Juegos Electrónicos SA a la I. Municipalidad de Iquique, según contrato de concesión. Planta del personal correspondiente al concesionario Juegos Electrónicos SA. Todo lo anterior, se solicita a fin de poder remitir estos antecedentes a la subdirección Jurídica Departamento de Investigación de Delitos Tributarios, del SII". Según Rossi "este documento es la prueba fehaciente que hay una investigación en curso que el señor Bauzá ha desmentido y, además, ha omitido al señor Payero".

1. Robo sin clarificar

Gracias a una auditoria interna, a mediados del año pasado, se descubre en el Casino de la ciudad nortina, un robo por un poco más de 400 millones de pesos. La prensa lo calificó como autorrobo. El encargado de velar por el patrimonio es la planta administrativa del centro de azar, en donde está Alex Ahumada y el gerente general de Juegos Electrónicos, Sergio Argomedo, quien además, es gerente general de la Sociedad Payero y Compañía. Hoy en día, existe una querella en los tribunales -en el 2º Juzgado del Crimen de Iquique-, contra Argomedo y Ahumada, porque además del robo, desaparecen los libros de registro de balances correspondientes a ocho meses de 1999.

Este hecho desencadenó una fuerte disputa entre Miguel Bauzá y sus socios, según publica La Tercera el 9 de febrero de este año. El ex presidente de Coquimbo Unido, presentó una querella en contra de quienes resulten responsables, a éste se le agrega el del abogado legal de Bauzá, Arturo Yuseff, quien junto con sus hijos tiene el 3 por ciento de Juegos Electrónicos SA. Este responsabilizó a Argomedo y Ahumada del robo. Sin embargo, algunos que apoyan la tesis del autorrobo, aseguran que la plata desaparecida se dirigió para ayudar al financiamiento de algunas campañas parlamentarias.

2. La demanda de Rossi

"Las fuentes del diputado Rossi, seguramente son los mismos que sustrajeron los libros de registro del casino", era una de las frases que se podían leer en la inserción que hizo Miguel Bauzá en el diario "La estrella de Iquique", y a partir éste nace la querella por injurias y calumnias con publicidad presentada contra Bauzá el 4 de abril por el diputado socialista Fulvio Rossi. "Me está vinculando con delincuentes y eso es una calumnia y junto a toda la inserción que pagó con el claro afán de denostarme, me motivó a querellarme en su contra por injuria y calumnias con publicidad", aclara el parlamentario.


Con respecto a Juegos Electrónicos SA, Rossi está esperando que el Departamento Tributario del SII se querelle, "porque se está hablando de delitos, porque habría sido con malicia y dolo la intención de utilizar subterfugios legales para evadir el cumplimiento de una obligación de cualquier persona o empresario que es pagar los impuestos", asegura Rossi, quien además agrega que la suma total de la evasión tributaria -5 mil millones de pesos- es más que el caso MOP-Gate.


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