Año 2 N.35, abril 28, 2003

Autocracia en las escuelas viola los Derechos del Niño

... y el que se ríe se va al cuartel

La Oficina 600, dependiente del Mineduc, ha recibido durante el último año más de cinco mil reclamos por abusos y arbitrariedades cometidas en contra de estudiantes de enseñanza media y básica. Sólo algunas de estas denuncias han salvado el cerco del anonimato para situarse en el terreno de la opinión pública y la Justicia. Ninguna ha prosperado.


"POR EL BIEN DEL NIÑO"

Fue el año 2001. Pedro andaba cerca de los diez años de edad y apenas se alzaba por sobre el metro de estatura cuando cursaba su 4º año básico en el centro educacional Doctor Amador Neghme de Estación Central.


Fallo de Natalia VergaraFallo de Natalia Vergara
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Pedro era un buen alumno, pero una de sus profesoras estimó que la inteligencia y aplicación del niño no bastaban, que era demasiado inquieto para su edad, que había que hacer algo para corregir esa conducta. Resolvió azotarlo con varillas y palos.

Al cabo de un tiempo Pedro habló, y las huellas del castigo encaminaron los pasos de su madre, Lorena Guzmán, hacia el entonces vigente Centro Regional de los Derechos del Niño (Creden) a fin de efectuar una denuncia. Luego de recabar los antecedentes del caso y confirmar el maltrato, la entidad emitió e hizo llegar un informe al director de la escuela, Jorge San Martín, enterándolo del abusivo proceder de la docente e instándolo a esclarecer la situación.

El director resolvió de inmediato el problema: canceló la matrícula de Pedro para el año 2002. También recomendó a la madre cambiar a Pedro de escuela "por el bien del niño", ya que en ese lugar se le maltrataba. Sólo después rescindió el contrato de la profesora.

Sin los recursos necesarios como para contratar un abogado, la mujer resolvió acudir a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales (UDP). Allí funciona un pequeño departamento que ha echado sobre sus hombros el peso de estas denuncias: la Clínica de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos.

Los abogados de ésta presentaron el 30 de mayo del año 2002 un recurso de protección -único recurso legal para hacer respetar los Derechos del Niño- ante la Corte de Apelaciones de Santiago a favor de la madre de un Pedro desconcertado y sin matrícula. La decisión de San Martín, decía el escrito, era "arbitraria" y violaba el derecho de Pedro a educarse; derecho garantizado en la Constitución y en el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en 1990, en el que se señala que la enseñanza primaria es obligatoria.

Entre otros argumentos, el documento precisaba que el artículo 6 de la Ley Nº18.962, Orgánica Constitucional de la Enseñanza, "destaca la función de la fase educativa primaria: `Es el nivel educacional que procura fundamentalmente el desarrollo de la personalidad del alumno y su capacitación para su vinculación e integración activa a su medio social'".

Pese a los fundamentos legales, por cuestiones de "forma" el recurso de protección no prosperó. Y hoy de Pedro no se sabe sino la esperanza de que haya podido seguir estudiando.

1. "DEBERIAN IRSE"

Javier, Gabriel y Andrés son tres hermanos que estudiaban en la escuela The Geenland School el año pasado. El primero comenzaba a dar sus primeros pasos en el prekinder, los otros los suyos en kinder y primer año básico.

Todo iba bien hasta que la madre de los niños se aventuró a manifestar ciertas dudas y comentarios respecto de la administración del colegio por el cual estaba pagando.


Se enteró de que la nueva profesora de uno de sus hijos estaría menos horas con su curso debido a que haría reemplazos en otros niveles; debió resignarse a los "cambios en las reglas" en la administración de las reuniones periódicas de apoderados; descubrió un mal día que sus hijos estaban repartidos en otros cursos y no con las educadoras de párvulos que debían hacerse cargo de ellos. Todo esto en el transcurso de unos pocos meses. Todo aquello al margen de lo contemplado en el contrato suscrito.

Ante tal cúmulo de anomalías pidió entrevistarse con el director del establecimiento. Este, luego de escuchar las demandas de la apoderada, replicó: "Todos los apoderados que critican al colegio deberían irse y hacer un colegio aparte". Javier Castillo se llama este director; el mismo que días después, por medio de una carta rubricada con su firma, comunicaba a la madre de Javier, Andrés y Gabriel, que se cancelaba para el año siguiente la matrícula de sus tres hijos.

El 12 de octubre de 2002 la Clínica de la UDP presentó un recurso de protección contra Castillo, fundamentado en el artículo 19 -números 2 y 3, inciso 5, 11 y 24- de la Constitución, referido a la Igualdad ante la Ley, Debido Proceso, Libertad de Enseñanza y Derecho de Propiedad; todas normas que, en su conjunto, consagran los derechos de los pequeños.

La madre de los niños, señaló: "Lo que más me duele (...) como madre, no es sentirme pasada a llevar en mis derechos como apoderada, sino el cómo esta situación injusta afecta a mis hijos (...) El verse rechazados y alejados de sus compañeros y amigos no será nunca para ellos una enseñanza buena y justa".

En esta ocasión, la Justicia tampoco pudo hacer nada por remediar el asunto.

2. EL CHICLE DE LA MADRE ANA

La niña de seis años, Natalia Vergara, estudiaba el año pasado en el colegio franciscano María Reina.

Durante una clase de la jornada de ese 2 de octubre. su profesora la sorprendió masticando un chicle en la sala. Sin mediar consideración alguna, tomó la libreta de comunicaciones de la niña y redactó en dos de sus páginas el terrible acontecimiento, exigiendo a los padres presentarse en el colegio.


Intimidada, Natalia arrancó las hojas del escrito sin prever las nefastas consecuencias de tan inocente idea. Al enterarse de la acción, la directora del colegio, la religiosa Ana Campos, resolvió comunicar a los padres de Natalia que la cancelación de la matrícula era un hecho irrevocable.

El 24 de octubre de 2002, la Clínica presentó un recurso de protección en contra del colegio y la directora.

El escrito de la Clínica precisaba que, "si bien el reglamento interno del colegio establece sanciones para casos en que `de forma constante y reiterada no se respete la normativa disciplinaria', dichas sanciones van de acuerdo al tipo de falta. La cancelación de matrícula es la última en una serie de sanciones contempladas para estos casos".

El colegio arguyó que actuaba de acuerdo a sus facultades discrecionales, apelando a una cláusula de matrícula en la cual se estipula que si no se respetaba el reglamento el colegio se reservaba el derecho de no renovar esa matrícula.

El abogado de la Clínica, Jorge Contesse, explica que "efectivamente, eso dice el reglamento. Pero también dice que cuando se producen problemas entre el apoderado de la alumna y el personal del colegio, lo que corresponde es que se designe otro apoderado. En este caso nunca se tuvo oportunidad de nombrar a otra persona".

El recurso fue acogido. Y el fallo de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago fue categórico: al cabo de siete carillas de exposición y fundamentos, los tres ministros integrantes del tribunal de alzada, entre los que se contaba la jueza Gloria Ana Chevesich, establecieron que "(...) la Madre doña Ana Campos, representante del Colegio Franciscano María Reina deberá renovarle a la menor la matrícula para el presente año (...)".

"El caso de Natalia Vergara reviste una particular importancia puesto que la naturaleza y el carácter del fallo judicial que acogió el recurso de protección es inédito en Chile", decía Jorge Contesse, después de conocida la resolución judicial. "El fallo que lo fundamenta -explicaba el abogado- sienta un precedente potente porque incorpora elementos que a veces uno echa de menos en la jurisprudencia chilena. Toma posición respecto de qué es el proceso educacional de los niños. Es un fallo unánime. Y esperamos que la Corte Suprema lo ratifique".

Así decía el abogado días antes de que la máxima instancia judicial -específicamente su Tercera Sala- rechazara el fallo del tribunal de alzada.

3. ALO, GRACIAS

Las de Pedro, Javier, Andrés, Gabriel y Natalia, son sólo algunas de las cientos de situaciones en que los Derechos del Niño son lisa y llanamente ignorados o transgredidos por los nuevos comerciantes de la educación; arbitrariedades que, de cierto modo, fueron durante un tiempo atendidas por algunos organismo estatales competentes.

En 1998 se instauró en Chile el Creden -organismo dependiente de los ministerios de Educación, Salud y Justicia- que tendría como objetivos "prevenir e intervenir frente a las prácticas abusivas, discriminatorias o arbitrarias que afectaran a los niños y niñas en los establecimientos educacionales". El organismo pudo constatar, mediante los miles de testimonios que recogió en su corta vida, que los derechos de los niños eran vulnerados con frecuencia: suspensiones, expulsiones, cancelaciones de la matrícula, por enfermedad, embarazos, morosidad en los pagos, discapacidad y un largo etcétera.

El ente gubernamental alcanzó a funcionar sólo tres años. El 8 de abril del año 2002 fue sustituido en parte por la Oficina 600 del Ministerio de Educación (Mineduc), especie de central telefónica que atiende a los padres y apoderados con algún problema este orden.

Eugenio Severín, encargado de esta repartición, informa que en el transcurso de estos últimos once meses han recibido "más de 260 mil llamadas de todo el país". De éstas, afirma, la mayoría corresponde a consultas relativas a trámites generales. "Sólo el dos por ciento -especifica- es por denuncias". Este porcentaje, aun cuando parezca menor, equivale a algo más de cinco mil llamadas. Es decir: la Oficina 600 recibe como promedio 420 denuncias mensualmente, equivalentes a 14 llamadas diarias.

Severín sostiene que la entidad orienta sus esfuerzos a la mediación entre las partes; accionar que, según señala, "ha permitido solucionar el 99 por ciento de los casos".

Una apoderada, que prefirió la reserva de su identidad, y que recurrió a esta instancia, no concuerda con la afirmación del encargado: "No resuelven nada. Lo único que hacen es decirle a una que se vaya a la Diego Portales o que se contrate un abogado particular".

El Mineduc no ha podido aún dar una respuesta satisfactoria a las demandas. La Dirección Provincial de Educación y la Oficina 600 no hacen hasta ahora sino remitir los casos a la Diego Portales. "Nos dicen que les enviemos los antecedentes. El problema es que los plazos van corriendo -dos, tres semanas - y los recursos de protección quedan sin efecto por cuestiones de forma. También hay que considerar que la mayoría de las personas que acuden a nosotros son de escasos recursos, y no siempre se tiene el dinero y el tiempo suficientes para estos trámites", afirma Contesse.

Independientemente de la eficiencia o no de la Oficina 600, los problemas se suscitan a raíz del marco legal en el que se inscribe el actuar de los establecimientos educacionales.

Los colegios se rigen hoy conforme a su relativa autonomía como cuerpos intermedios de la sociedad. "Ellos dicen: `Nosotros no administramos ni gestionamos, y en consecuencia podemos hacer lo que consideremos bueno'. Ello implica desconocer políticas directrices o normas constitucionales o legales que existen en Chile", señala Contesse.

Estas arbitrariedades se explican en parte por el vacío legal que las permite. El encargado de la Oficina 600 señala que entre algunas iniciativas legales en trámite en el Congreso existe una en particular, relativa al marco regulatorio de la Educación: la referida a los reglamentos internos. "Hoy -afirma- la ley dice de manera muy general que los colegios deben tenerlos para regular la convivencia. El proyecto busca precisar el procedimiento efectuado para aplicar una sanción, las instancias de revisión de las mismas, y que éstos sean entregados a las familias en el momento de la matrícula".

Mientras éste y otros proyectos relativos a la Educación en Chile siguen en el tránsito de los hemiciclos legislativos, los proyectos de vida de Pedro y Natalia y de un número importantes de niños en Chile siguen a la deriva.


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