Año 2 N.36, mayo 12, 2003
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Sobresueldos
¿Solución política o impunidad?
( Escribe Juan Pablo Cardenas )"Los Tribunales estarían pecando de estrictos y diligentes en la investigación y esclarecimiento de una serie de episodios de corrupción que afectan a personal de confianza del Ejecutivo y a integrantes de destacadas instituciones públicas.

Hay quienes sugieren una amnistía o algún "borrón y cuenta nueva" para detener la ola de procesamientos a funcionarios públicos y empresarios que faltaron a la probidad o cometieron graves faltas administrativas. Se insinúan de nuevo "razones de estado" para frenar la acción de la justicia, tal como se hizo hace algunos años para inhibir el enjuiciamiento a familiares del ex dictador, o lo que el país conoció como los "pinocheques" . Esta vez, los Tribunales estarían pecando de estrictos y diligentes en la investigación y esclarecimiento de una serie de episodios de corrupción que afectan a personal de confianza del Ejecutivo y a integrantes de destacadas instituciones públicas.

El país está conmovido con el descubrimiento de prácticas sucias o poco prolijas que se escondían debajo de las alfombras de la propia Moneda y de algunos ministerios. Un secreto a voces entre los miembros de toda la clase política y que explica el celo de los partidos por cuotearse los cargos públicos y pasar por alto los despropósitos que en el pasado cometieron quienes ahora están en la oposición. Ciertamente no era puro altruismo ni vocación de servicio público. Desde los ministros hasta los seremis recibían sobresueldos u honorarios extras, mientras que el grueso de los empleados públicos, profesionales, secretarias, auxiliares y otros ciertamente se conformaban con los pagos -en este caso sí que miserables- establecidos por las plantas y escalafones de la Administración Pública.

Todos los días estalla un escándalo nuevo y el país y el mundo se acongojan al descubrir cómo se derrumban otros de los mitos de nuestra pretendida identidad nacional: la trasparencia y corrección de nuestros procedimientos y cuentas fiscales. Existe la tentación de la solución política para frenar a nuestros jueces, lo que en la práctica podría llevarnos a volver a esconder la basura y legislar a prisa para modernizar al Estado, pagar sueldos "competitivos" a quienes los chilenos les debemos tantas carreteras, puentes y obras de infraestructura financiadas, finalmente, por todos los contribuyentes y construidas por la empresa privada nacional y extranjera. Y lo increíble: a los procesados y detenidos por acción del Poder Judicial se les da poco menos que rango de héroes y de presos políticos.

Sin embargo, nada sería más fatal que inhibir la acción de la Justicia, por más que haya jueces infectados por el protagonismo. Es en esta hora que los magistrados tienen la ocasión de ser reconocidos realmente como un PODER DEL ESTADO y ganar la dignidad perdida por sus propias acciones y omisiones. Con más prudencia que nunca deben acometer su tarea de hacer cumplir la ley, desoír los "cantos de sirena" y desatender los temores que se propalan respecto a la inminencia de una nueva crisis institucional. Asimismo, lo peor que podría ocurrirle a instituciones tan sólidas y permanentes como la Universidad de Chile es que se cubriera todo bajo el manto de la impunidad, cuando apenas pueden llegar a ser un puñado de sus docentes o funcionarios los que cometieron falta, ante los miles de académicos, investigadores y funcionarios que sirven abnegada y patrióticamente al presente y al futuro del país. Ciertamente más por vocación que compensación.

Permitir que funcionarios procesados mantengan sus cargos, más allá de la certeza que muchos tienen de su inocencia, puede contravenir el buen sentido. Alentar, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas y otras entidades procedan de igual manera con sus inculpados y acaso insistan por una ley de punto final que los libre de los obvios trastornos institucionales que les ocasionan los procesos contra los que fueron o son sus integrantes.

En los hechos, ofrecer impunidad y arriesgar otras impunidades.

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