Año 2 N.36, mayo 12, 2003
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FFAA-Concertación
El secreto "germen legal" para cerrar la transición
(Por Jacmel Cuevas)En el afán de encontrar una solución final para cerrar el tema de las violaciones a los DDHH, el sector más duro de la derecha pinochetista encontró una buena moneda de cambio para tranquilizar a los militares en retiro. Ahora, el gobierno debería elegir entre darle una salida política a los casos judiciales que afectan sus funcionarios o posicionar a la administración de Lagos como la que alcanzó la democratización definitiva del país.

A cerca de cuatro meses para conmemorar el trigésimo aniversario del golpe militar, el acercamiento entre sectores del oficialismo y las instituciones castrenses se ha hecho de forma pública. La idea común es encontrar una moneda "transable" para lograr que el período de transición a la democracia -por el que Chile a atravesado 13 años- encuentre un epílogo que, si bien no deje a todos contentos, sea una salida "razonable" ante la ciudadanía para encontrar una solución global a varios problemas que aquejan al país.


Distintas propuestas emanadas desde la cartera de Defensa se han hecho llegar a los integrantes de la derecha más dura del Senado, con el fin de sondear las sensibilidades para lograr un pacto que encuentre el punto final al problema de los derechos humanos a cambio de la meta política que ha sido la frustración de los gobiernos de la Concertación: la democratización de la Constitución Política.

Esa fue la idea que la ministra de la cartera, Michelle Bachelet, hizo llegar a algunos integrantes de la Cámara Alta. Sin embargo, la contingencia nacional despertó los intereses de los senadores institucionales ligados a las Fuerzas Armadas, quienes ya barajan otras alternativas para negociar el tema, sobre todo mirando la necesidad real que tiene el gobierno de buscar una salida política a los casos de corrupción que ya afectan a funcionarios activos de su administración, como los ocho Seremis de OOPP en ejercicio procesados en el caso Ciade.

SECUESTRO: DELITO PERMANENTE

El Periodista tuvo acceso a un documento reservado donde expertos en materia penal analizaron la doctrina criminal chilena bajo la premisa de "corregir" la jurisprudencia que se generalizó en un fallo de la Corte Suprema, magistratura que en julio de 1999 reinterpretó la Ley de Amnistía y sustentó que el secuestro era un delito permanente porque los detenidos desaparecidos no pueden ser declarados muertos mientras no aparezcan sus cuerpos.

De esta forma, la sala penal del máximo tribunal ratificó los procesamientos de cinco ex uniformados, entre ellos el general (r) Sergio Arellano, por parte del ministro en visita para investigar el caso Caravana de La Muerte, Juan Guzmán Tapia.

Esta interpretación jurídica, que resultó clave para desaforar al senador Augusto Pinochet el ocho de agosto de 2000, fue planteada por primera vez por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Carlos Cerda, quien sometió a proceso a 40 ex uniformados por el proceso denominado Comando Conjunto en 1985.

El magistrado estableció que el secuestro era un ilícito permanente, argumento bajo el cual no aplicó la Ley de Amnistía de 1978, como lo establecía en esos años la Corte Suprema. Esa acción le valió una grave amonestación disciplinaria que casi le significó la expulsión del Poder Judicial.

La normativa, redactada por los entonces ministros Sergio Fernández y Mónica Madariaga, ha recibido duras críticas de los sectores castrenses, lo cual se refleja en las palabras del ex auditor del Ejército, Fernando Torres Silva, quien estimó que "pudo haber quedado mejor, en el sentido de precisar si se aplicaba a los hechos cuyo comienzo de ejecución se encontraba dentro del período cubierto por la amnistía. Así, el vacío que originó la interpretación del secuestro permanente hubiera quedado salvaguardado".

LA PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL

El pacto que se ha negociado entre senadores institucionales, encabezados por el ex comandante en jefe de la FACH, Ramón Vega, y algunos de sus homólogos de la Concertación -bajo la figura de Andrés Zaldívar- busca lograr un consenso que conforme a los dos sectores más involucrados en el tema de las violaciones a los derechos humanos.

Fuentes ligadas a ambos actores reconocieron la existencia de un preacuerdo en que se plantea aprobar una "sutil" modificación al artículo 95 del Código Penal, donde se aclare que "la prescripción de la acción penal empieza a correr desde el día en que se hubiere dado principio a la ejecución del delito".

Las ventajas de esta iniciativa, según argumentaron, es distinguir que si bien el delito de secuestro es de carácter permanente, el plazo que la justicia tiene para sancionar a los responsables se extingue en 15 años desde que comenzó a cometerse el delito, es decir, desde el día que fueron aprehendidos aquellos opositores al régimen de Pinochet y de los que, hasta la fecha, permanecen desaparecidos.

En esos círculos se estima que esta "pequeña" aclaración permitiría terminar con la ambigüedad de la actual norma, la cual establece que la extinción de la acción de castigo criminal comienza a prescribir "desde el día que se hubiere cometido el delito", idea que ha significado en la práctica deducir que el secuestro al no tener un término con el hallazgo del cuerpo del desaparecido, aún se está llevando a cabo, por lo cual no ha prescrito.

De este modo se dejaría abierto el camino para que los juicios para establecer el destino de los más de 540 casos que está investigando la justicia, pero dando la posibilidad de que los que sean declarados responsables tengan una sanción desde el punto de vista moral, no así punitivo. Es decir, se evita que cumplan penas de prisión.

La forma de negociar esta "salida" se prevé más o menos expedita, dado que es una normativa legal que necesita sólo el respaldo del 50 por ciento más uno en ambas Cámaras del parlamento, por lo cual sólo se necesita la aprobación de la idea de legislar en el Senado, la discusión en detalle por parte de los diputados y su ratificación por parte de la primera instancia.

LAS REFORMAS A LA CONSTITUCION

Aunque en un principio, los sectores militares y de la derecha que aún mantienen lealtades con el pinochetismo pensaron en transar esta reforma judicial a cambio de aportar sus votos al consenso necesario para aprobar las reformas constitucionales, la contingencia nacional les ha dado la ocasión para negociar el tema a cambio de una ley de amnistía para todos los casos judiciales en que tanto ex integrantes como actuales funcionarios de confianza del gobierno tienen la calidad de procesados.

La primera idea se sustentó en que dado el difícil escenario que le ha tocado enfrentar al mandato de Lagos, el oficialismo tendría en cuenta que una de las formas de rescatar la alicaída imagen de su administración sería la democratización plena del país. Es decir, salvar los escollos más importantes desde hace varios años: la modificación al sistema electoral, composición del Senado y Estatutos de las Fuerzas Armadas.

Para modificar estos tres puntos no sólo basta la mitad del Senado, compuesto por 48 miembros en igualdad de proporciones si se toma en cuenta a los representantes de la derecha y los institucionales en un mismo bando. Las leyes de carácter constitucional requieren de quórum calificado para su aprobación, lo cual se traduce en tres quintos o dos tercios de la votación total.

LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Pero no sólo eso forma parte de las cartas de los miembros de la bancada militar, sino también la posibilidad de lograr una sentida reinvindicación para los sectores ligados a las víctimas del régimen militar, como lo es la ratificación por parte de Chile de la Corte Penal Internacional (CPI), cuya creación se originó tras la detención de Pinochet en Londres en 1999.

Este Tratado Internacional fue aprobado por el Congreso nacional, pero luego rechazado por el Tribunal Constitucional por considerar que este acuerdo amerita de una reforma a la Carta Fundamental, ya que modifica la esencia de ella en el entendido que otorgaba facultades jurisdiccionales a una magistratura extranjera por hechos ocurridos dentro del territorio del país, prerrogativa que la pueden ejercer sólo tribunales chilenos.

No obstante, la flexibilidad de los institucionales ligados a las FFAA para alcanzar una solución -a la situación de casi una cincuentena de ex militares que se encuentran requeridos por la justicia- se encuentra a la expectativa de encontrar el mejor escenario para poder lograr zanjar con la Concertación un "acuerdo reservado". En éste parte del oficialismo ha comprometido el piso necesario para la modificación al Código Penal, mientras ellos alinean a los parlamentarios de la derecha que ya no le temen al fantasma de un sistema proporcional para ganar escaños en el Congreso.

Mientras los sectores castrenses ya están acordando la posibilidad que los comandantes en jefe puedan ser removidos de sus cargos con respaldo de un quórum calificado del Senado, miembros de la oposición sacan la cuenta que si el escenario adverso en el que se ha desarrollado el gobierno se mantiene, las próximas elecciones Presidenciales y parlamentarias pueden ser ganadas con holgura bajo una buena estrategia política de su parte. Además, esto evitaría que la Concertación incremente su votación debido al sistema binominal de representación en el Congreso, la cual permite resguardar los denominados "equilibrios políticos".

UNA ADAPTABLE "MONEDA DE CAMBIO"

A pesar de estas negociaciones iniciales, la idea de la bancada militar es llegar a un consenso sobre la corrección al Código Penal lo más rápido posible, debido a que muchos de los juicios de derechos humanos entraran en su fase acusatoria a mediados de este año, lo cual los dejaría en situación de pronunciar condenas contra los agentes de organismo represivos que están procesados.

Por esto, la idea planteada el martes de la semana pasada por el senador socialista Carlos Ominami encendió las luces de alerta en el equipo asesor de esta propuesta, lo que incluso los llevó a trasladarse e Valparaíso para ver la eventualidad de negociar el piso de la votación a cambio del respaldo de una normativa tendiente a dar un punto final a los casos que afectan a más de una cuarentena de procesados por los casos MOP - Gate y Ciade.

Pero las ambiciosas expectativas de este sector fueron diluyéndose durante el transcurso de esa mañana en los pasillos del Congreso, dado que la mayoría de los parlamentarios de derecha se opuso a respaldar una salida política a la hecatombe judicial que afecta al gobierno, ya nadie de ellos está dispuesto a pagar los costos políticos de esa solución. Sin embargo, la salida de negociar las reformas constitucionales -en dos de sus cuatro puntos más conflictivos- aún sigue en pie, aseguraron fuentes de ambos sectores.

En esa línea, fuentes de la Alianza por Chile evaluaron que "una conveniente moneda de cambio" es llegar a acuerdo en los temas concernientes a las FFAA y el sistema de elecciones parlamentarias, junto con "incrementar los esfuerzos" para reconocer la existencia de la Corte Penal Internacional, pero que con la nueva acotación del Código Procesal no podría perseguir delitos de secuestro cometidos durante la era Pinochet.

LEYES DE PUNTO FINAL

La primera de las iniciativas impulsadas para "solucionar" el tema de las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de facto fueron las "Leyes Cumplido", enviadas al Congreso en agosto de 1990. En este contexto también llegó a discutirse con la oposición el "Acuerdo Marco", que buscaba recabar información sobre los detenidos desaparecidos bajo el principio de la compensación

En agosto de 1993, vino la "Ley Aylwin", abortada por los sectores más duros del PS. La propuesta buscaba agilizar los procesos tendientes a encontrar a los desaparecidos, pero también a dictar normas para asegurar la aplicación de la Amnistía. Hoy, los nulos avances en el tema son considerados un error en el pinochetismo. "Se dejó un flanco abierto. Los hechos demuestran que este tema no se trató bien, por eso estamos en el mismo lugar", reconocieron fuentes judiciales.

Durante el gobierno de Eduardo Frei y RN -partido en ese entonces liderado por Andrés Allamand- se negoció un acuerdo que pretendía enfrentar dos problemas: buscar un procedimiento que permitiera establecer el paradero de los desaparecidos, e impedir que estos procesos fuesen usados políticamente en perjuicio del personal uniformado. No obstante, éste fracasó porque ni la UDI ni el sector más duro del PS lo apoyaron.

Allamand, uno de los principales impulsores del acuerdo Figueroa-Otero, ha considerado en diversas oportunidades que "no haber aprobado esta suerte de ley de punto final fue un "error descomunal del propio pinochetismo".

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