Año 2, N.39, Domingo 6 de julio de 2003
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Peajes Eléctricos
`La mujer del césar no sólo debe ser honesta...'
(Por Nelson Soza)¿Hay conflictos de interés sólo cuando una autoridad gubernamental va, o también cuando viene de desempeñar un alto cargo en el sector privado? La pregunta es relevante por estos días: el ministro de Economía -ex gerente de la generadora eléctrica Guacolda- delegó en tres empresas del sector la tarea de concordar una fórmula de consenso respecto de las tarifas de peaje contenidas en el proyecto de reformas conocido como Ley Corta. Una de ellas es AES Gener, de la cual depende la termoeléctrica Guacolda.


El conflicto afloró tras serias discrepancias existentes entre el ministro Jorge Rodríguez y la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Vivianne Blanlot, relacionadas con las definiciones tarifarias para los peajes de trasmisión eléctrica. La CNE y el ministerio de Economía han terminado confrontándose ya no sólo en torno a `definiciones conceptuales' -como se explicó inicialmente-, sino con concepciones contrapuestas sobre los intereses en juego y las señales que uno y otro estiman procedentes dar al sector. La definición de las políticas eléctricas compete a la CNE, pero aquéllas son visadas por un Consejo de Ministros. El problema es que el jefe del ente normativo es el ministerio de Economía, cuyo titular respalda una fórmula tarifaria radicalmente distinta a la que defiende la CNE.

Las muy confrontadas visiones de las empresas respecto de cómo distribuirse el pago de los peajes era uno de los obstáculos que hasta ahora impidieron al Gobierno enviar estas indicaciones al proyecto de Ley Corta. Pero la inmovilidad de estas reformas ha creado un cuadro de incertidumbre regulatoria y dilatado peligrosamente la materialización de inversiones sectoriales por unos 4 mil millones de dólares, que en la próxima década deberán duplicar la actual capacidad instalada.

Dado este escenario, Rodríguez no halló nada mejor que delegar en las principales empresas generadoras del Sistema Interconectado Central (SIC) -Colbún, AES Gener y Endesa- la tarea de consensuar una fórmula que pusiera fin a las divergencias existentes entre ellas. A partir de unos principios que él estableció, las empresas lograron definir una "solución no traumática", según sus propias palabras. Pero la realidad es otra: el acuerdo secciona en tres al SIC -que va desde Taltal a Chiloé- y aplica la fórmula convenida sólo al tramo que reúne el nivel de mayor consumo nacional. En éste, los pagos se repartirían en un 80 por ciento por los generadores conectados al sistema de trasmisión y el 20 restante por los consumidores. Los autores de la propuesta aseguran que la fórmula es respaldada por un criterio económico, por lo que elimina los conflictos entre las partes. En cambio, aseguran que la propuesta de la CNE debilitaba las señales de eficiencia económica para la asignación de los costos, sus criterios económicos eran inadecuados y arriesgaba crear un conflicto permanente.

La fórmula permitiría que Endesa baje su pago de peajes, mientras que las demás empresas los subirán. Las empresas de generación cancelan unos 150 millones de dólares anuales en peajes de trasmisión, pero esta cifra subiría entre 10 y 15 por ciento al establecerse el pago por la totalidad de los tramos (hoy algunos de ellos están exentos). Hasta antes del acuerdo, Endesa decía no estar dispuesta a aceptar un período de transición -por mínimo que fuese- e insistía en que cualesquiera fuese la alternativa elegida, ésta debía comenzar a operar desde el momento en que rija la nueva norma. En cambio, AES Gener -controlada por la estadounidense AES Corp.- aceptaba la transición de ocho años, pero además coincidía con Colbún -filial de la belga Tractebel y del grupo chileno Matte- en rechazar un mecanismo que significase menores peajes para Endesa.

LOS ARGUMENTOS DE LA CNE

También la CNE criticó el hecho de que sólo tres generadoras de uno de los dos Sistemas Interconectados del país determinen un sistema de peajes que no sólo afectará al conjunto de las demás empresas, sino que a las futuras inversiones y a los consumidores.

La CNE rechazó la propuesta de las tres empresas generadoras del SIC y optó por defender la suya -distribuir los peajes para todos los tramos del Sistema Troncal en una proporción pareja entre consumidores y centrales- ante el Consejo de Ministros. Dos son los principales argumentos de su oposición: la propuesta de las generadoras es un mal sistema regulatorio y tendría "efectos nefastos para el desarrollo eléctrico". Acusa que el mecanismo mantendría concentrada la generación en las tres empresas más importantes, mismas que elaboraron la propuesta.

El ente normativo considera esencial no perder de vista que la forma cómo se distribuya el peaje afectará a dos variables claves: la rentabilidad global de las empresas generadoras -lo que redunda en la inversión en generación- y la elección de localización de nuevas centrales, que influye en la competitividad de las mismas.

La CNE defiende la necesidad de preservar un solo Sistema Troncal, al cual tengan acceso todos los consumidores y con un solo esquema de peajes. Blanlot sostiene que a Endesa, Colbún y AES Gener les importó sólo el tramo que acumula más inversión, mientras que a los consumidores del resto del SIC les preocupa saber cómo se pagarán las inversiones de estos tramos. Lo más probable es que las centrales futuras deban instalarse hacia el sur del país, pero en una parte del SIC cuyos peajes quedarían indeterminados. Esta incertidumbre impondría restricciones a la entrada del mercado y alentaría bajas inversiones en generación. Ello debilitaría a los centros de consumo que quedan fuera del tramo regulado por el peaje, pondría en riesgo su abastecimiento energético y dejaría a quienes son abastecidos por sólo una central expuestos a `altísimos pagos de peajes', todo lo cual limitaría su capacidad de competir.

...Y DE LOS DEMAS ACTORES

Tanto Transelec -la principal empresa de trasmisión del país, ex filial de Endesa y hoy controlada por la canadiense Hydro Québec- como las generadoras del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) criticaron que las empresas dominantes en el mercado definieran un tema clave y no la autoridad.

Transelec dijo que "el interés general no puede estar representado por un grupo de generadores dominantes que tienen un enorme incentivo a inhibir el desarrollo de la trasmisión, pues éste es el principal mecanismo disponible para promover la competencia". Pero también denunció que "el Estado no puede renunciar a su rol ineludible de definir las reglas del juego cautelando el bien común. El Ministro (de Economía) está muy equivocado al sostener que cuando habla con los generadores lo está haciendo con los consumidores: aquéllos tienen intereses no necesariamente coincidentes con los de éstos. El coste de la generación representa más del 40 por ciento del precio a público, y con las barreras de entrada que existen en este segmento del mercado y la elevada concentración de oferentes, siempre les resulta atractivo posponer inversiones para aumentar el precio a los consumidores".

También los operadores del SING rechazaron tanto la posibilidad de que tres compañías diseñen políticas que involucran a todos los actores del sector, como el que en la discusión sobre los peajes predominase una mirada de corto plazo: cómo tres generadores del SIC acuerdan entre sí la distribución de ciertos pagos. "La discusión debiera centrarse en el desarrollo futuro de los sistemas de trasmisión y en dar señales adecuadas para la instalación de nuevas centrales", dijo Gas Atacama -uno de sus principales operadores.

UN PRECEDENTE PELIGROSO

Dos son, pues, los reparos que se han levantado a la `fórmula pacificadora' del ministro Rodríguez. Uno apunta al fondo y el otro a la forma. El primero radica en quién norma y regula al sector eléctrico y sobre qué bases (o intereses) se legisla. La CNE conoce lo suyo y defiende la fórmula que le parece más conveniente a los intereses del país y no solamente de tres empresas -por dominantes que sean. También reivindica ser el único ente del Estado encargado de definir la política energética del país. Sin embargo, el ministro Rodríguez dice que no es así.

La otra arista son las formas, en esta caso tan importantes como el fondo. Al endosar a las propias generadoras la responsabilidad de ponerse de acuerdo sobre el cobro de los peajes de trasmisión, el ministerio de Economía cedió a terceros una función que compete exclusivamente a la autoridad. Ello, ni más ni menos, deteriora el rol cautelador del bien público que compete al Estado. El tema no es menor, si además ello configura un marco normativo discriminatorio y consolida la presencia dominante de un reducido número de empresas (¿tres?) en el mercado.

El rechazo de la CNE a la fórmula consensuada entre las generadoras y su decisión de defender su propia propuesta ha generado un inusual escenario: el Consejo de Ministros deberá dirimir entre dos fórmulas sustentadas por sendas autoridades públicas, la defendida por el titular de Economía -elaborada por la empresa privada- y la del ente normativo. El diferendo fue momentáneamente resuelto por la intervención de La Moneda. En teoría, debiera ser el Consejo de Ministros quien escoja entre una u otra propuesta, pero Rodríguez al parecer ha resuelto no esperar a esta instancia y enviar a la Cámara de Diputados unas indicaciones no del todo consensuadas.

¿Debió abstenerse el ministro Rodríguez de intervenir de manera tan directa en el tema? ¿Ha sido lo más inteligente ceder a terceros directamente interesados definir una norma tan relevante? Y -quizás lo más importante- ¿por qué ignorar la opinión de un ente técnico y público? Tal vez debió recordar que `la mujer del César no sólo debe ser honesta, sino que además parecerlo'.

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