Año 2, N.39, Domingo 6 de julio de 2003
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Sentencia por paro de micros de 2002
"Juez, nos lleva por menos"
(Por Juan S. Cofré)El próximo mes se cumple un año desde que los micreros bloquearan las principales calles de Santiago y el gobierno se querellara por infracción a la ley de seguridad del Estado. Todo indica que el ministro a cargo del caso rebajará la sentencia recomendada por la fiscalía de la corte de Apelaciones de 5 años y un día.

Como una de las miles de máquinas amarillas de la locomoción colectiva que pululan por la capital, el ministro de fuero Raúl Rocha marcha a paso lento, pero seguro, con su investigación.


Fuentes judiciales confirmaron al El Periodista que el magistrado comenzará a redactar el fallo en los próximos días, pues espera tenerlo listo antes de mediados del próximo mes, precisamente, cuando se cumpla un año de la polémica protesta que encabezó la directiva central de los empresarios del transporte público.

La insólita movilización obedeció al malestar que había en los cabecillas del negocio de la locomoción colectiva, los cuales alzaron la voz por los supuestos vicios que hubo en el proceso de licitación que culminó este año con la adjudicación de varios recorridos de microbuses para José Yuraszeck.

Según consta en el informe de la fiscal del tribunal de alzada, Beatriz Pedrals, el 8 de marzo del año pasado "se celebró una asamblea del denominado Consejo Superior del Transporte Terrestre, que tenía como objeto tratar el tema de la licitación de los vehículos que servían la línea Metro-Bus y en dicha asamblea se acordó realizar un paro de la locomoción colectiva en carácter de total por 48 horas a partir de las cero horas del lunes 12 del referido mes".

El primer día de paralización sacó de sus casillas al Gobierno, pues Santiago cayó en caos producto del bloqueo de las principales vías de acceso y salida de la capital.

Por tal motivo, no extrañó que el Presidente de la República, Ricardo Lagos, ordenara al departamento jurídico de La Moneda presentar una querella en contra de quienes resultaran responsables del hecho.

La movida judicial del Ejecutivo tenía la intención de mandar un recado más que directo, pues argumentó que se puso en riesgo la ley de seguridad del Estado.

La resolución de la fiscal de la corte de Apelaciones indica "que se pasaron a llevar las letras c y d del artículo 6 de la ley N° 12.927 sobre Seguridad del Estado, pues mediante las referidas acciones, de hecho, se produjo la interrupción del funcionamiento de los servicios públicos o de utilidad pública, industriales, comerciales, de transportes o de distribución, impidiéndose el libre acceso a puentes, calles, caminos y otros bienes de uso público".

"SI QUIEREN SANGRE VAN A TENERLA"

Tras la presentación de la querella, se designó como ministro de fuero a Raúl Rocha, quien inició el desfile de empresarios microbuseros en el palacio de tribunales.

No era sorpresa la visita de Manuel Navarrete, Demetrio Marinakis, Armando Huerta, Orlando Panza y Marcel Antoine al tercer piso del edificio ubicado en calle Compañía.

En una ocasión, Marinakis mostró sus garras y amenazó al gobierno "si quieren sangre van a tener sangre". La molestia del dirigente se basaba en una "supuesta" campaña de desprestigio del gobierno en su contra.

En ese contexto, el presidente de una de las tantas organizaciones de choferes, Pedro Monsalve, sacó a colación la existencia de un mapa, mediante el cual los cabecillas del transporte organizaron el bloqueo de calles, lo que ellos negaron desde un principio.

Con ese dato, el magistrado a cargo de la investigación ordenó varias diligencias, entre otras, la incautación de los computadores de la asociación gremial metropolitana de transporte terrestre, el edificio que llama la atención por el yacuzzi que tiene en el último piso.

Según fuentes judiciales, consultadas por El Periodista, el famoso mapa nunca existió. No obstante, se indica que habría otras pruebas más contundentes que darían cuenta de la organización de los microbuseros para colapsar las calles de Santiago.

FALLO INMINENTE


El inminente fallo que recibirían en los próximos días tiene sin cuidados a los procesados en este caso. De hecho, sus abogados se pasean como Pedro por su casa por el palacio de La Moneda y el palacio de Tribunales.

Incluso, una fuente cercana al ministro Raúl Rocha, confidenció a El Periodista que los profesionales de derecho se jactaban muy seguido de los contactos que tienen con las autoridades oficiales. De hecho, a más de 12 meses de investigación, aún sueñan con que el Gobierno se desistirá en algún momento del requerimiento presentado en su contra.

Según se comenta, el ministro de fuero tiene fama de lento entre sus pares de la corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo, sus más cercanos lo sindican como una persona muy acuciosa. Pero para nadie es un misterio que Raúl Rocha se ha quejado de que tiene muy poco tiempo para dedicarse a la etapa final del caso: la redacción del dictamen. Incluso, precisó a El Periodista que, si fuera por él, "redactaría ahora mismo el fallo".

El magistrado dijo que en el tribunal de alzada capitalino hay mucha "pega" atrasada y que los casos de corrupción y Derechos Humanos han dado trabajo extra a varios ministros.

Así y todo, fuentes judiciales afirmaron que el ministro no acogería la resolución de la fiscal de la corte de apelaciones, Beatriz Pedrals, quien recomendó presidio mayor en su grado mínimo, es decir, 5 años y un día para Navarrete, Marinakis, Antoine, Huerta y Panza, quienes regularmente van a firmar su libertad provisional a tribunales.

El magistrado está analizando un punto clave para guiar su dictamen y que tiene relación con que la fiscal del tribunal de alzada capitalino señala que

"favorece a los imputados la minorante de su irreprochable conducta anterior contenida en el artículo 11 N° 6 Código Penal, acreditada con sus extractos de filiación y antecedentes libre de anotaciones pretéritas y con las informaciones de testigos que se rindió en caso".

Por tal motivo, y a pesar de que fue invocada la ley de seguridad del Estado, los 5 procesados podrían recibir una pena mucho menor, la cual tendría carácter de remitida. Con ese panorama el fantasma de que vuelvan al anexo cárcel Capuchinos es muy lejano, por no decir imposible.

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