Año 2, N.39, Domingo 6 de julio de 2003
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Análisis Político
Giro en la transición
( Escribe Libio Pérez )No era necesario que la UDI irrumpiera sorpresivamente con su intención de "cerrar" el capítulo de problemas pendientes de derechos humanos heredados de la dictadura de Pinochet. La tienda opositora sólo se adelantó en hacer estallar un asunto que -por el ambiente que rodea la conmemoración de los 30 años del Golpe de Estado y el avance de procesos judiciales- ya era explosivo.


Cuando Pablo Longueira dijo ante las cámaras de TV que tenía una propuesta elaborada para "avanzar en una solución", incluso con el aporte de familiares de víctimas de la represión de los 17 años de dictadura, más de dos centenares de militares estaban encausados o en vías de ser sometidos a proceso por delitos de homicidios o secuestros calificados. Casi cincuenta de ellos han pasado por los recintos militares de reclusión para luego obtener sus libertades bajo fianza, sin considerar a la treintena que cumple condena en Punta Peuco.

Longueira tuvo -reconocen el gobierno e incluso entre los familiares de las víctimas- la virtud de poner con fuerza sobre la mesa uno de los problemas claves de la transición. Una oportunidad que han buscado aprovechar desde la propia UDI, el gobierno, los militares e incluso las agrupaciones humanitarias, éstas últimas casi sin fuerzas a estas alturas de empujar por sí mismas un debate nacional.

Pero si Longueira abrió la rendija, fue el jefe del Ejército, el general Juan Emilio Cheyre el que abrió la compuerta. Su "nunca más" marca un giro trascendente en este esfuerzo por "cerrar definitivamente" este capítulo. Cheyre es el más antiguo oficial del Ejército, era teniente al momento del golpe y cuando entregue el mando el 2006 ya no habrá en las filas de la institución ningún efectivo que haya estado enrolado al momento del asalto militar al poder. Por eso los militares ven este momento como el adecuado para despegarse del legado pinochetista. Y si para ello hay que hacer "mea culpa" colectivo, hay que hacerlo, dicen los uniformados.

El cálculo de la derecha lavinista corre por un carril paralelo. Resolver este asunto ahora le despeja a Joaquín Lavín -el candidato del 2005- un problema no menor, que además queda legitimado por las gestiones y propuestas de la UDI.

El Gobierno de Ricardo Lagos también vio de inmediato una oportunidad para cerrar la transición, al menos en este capítulo y para desde ahí entrar de lleno en los cambios constitucionales pendientes. En el escritorio de Lagos, en menos de un mes, se acumuló una decena de propuestas que recibió de la UDI, pasando por todos los partidos, representantes religiosos y las agrupaciones de familiares de las víctimas. Tiene en sus manos desde la propuesta de dar plazos a los jueces para que éstos decreten la muerte de los desaparecidos y cierren los juicios a los responsables de los crímenes (el nudo central del documento gremialista), hasta la derogación de la Ley de Amnistía (una aspiración de las víctimas de la represión que no encuentra eco).

"Esto no entrará en una coctelera ni tampoco será un término medio", dicen en La Moneda, aunque la propuesta de Lagos no estará lejos de eso. Por lo pronto la iniciativa que presentará Lagos apunta a "fortalecer las instituciones"; es decir a que sea la justicia la que resuelva las causas pendientes sin plazos ni coerción para que modifique la doctrina aplicada hasta ahora: el delito de secuestro calificado es permanente mientras no aparezca el cuerpo de la víctima. Una buena señal de esto recibió La Moneda con el nombramiento del juez Sergio Muñoz (caso Tucapel Jiménez) a cargo de una veintena de casos que incluye remociones de cuerpos y que se suma a los seis jueces con dedicación exclusiva en la Región Metropolitana.

También propondrá un detallado paquete de medidas de reparación a los familiares de las víctimas (aumento de pensiones, becas, asistencia de salud y reconocimiento de las víctimas como luchadores sociales, entre otras) y, mirando hacia delante, la más pronta suscripción de los pactos internacionales de justicia y derechos humanos, sobre todo el del Tribunal Penal Internacional que todavía está en el Parlamento luego que fuera impugnado ante el TC por la derecha.

En la línea del fortalecimiento de las instituciones, Lagos hará un nuevo reconocimiento -similar al que ya hizo cuando finalizaron los trabajos de la Mesa de Diálogo- a las Fuerzas Armadas, pero esta vez focalizado hacia el general Cheyre, por la contribución que hacen a la reconciliación al reconocer las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

El fortalecimiento de la jefatura de Cheyre no es un detalle. En poco tiempo más el jefe militar deberá enfrentar la condena que reciba su suegro, el general retirado Carlos Forestier, involucrado en diez casos de detenidos desaparecidos en Pisagua en 1973.

Ello explica el contundente apoyo que recibió Cheyre el pasado 3 de julio de parte de ocho generales en retiro que ocuparon la vicecomandancia del Ejército, integraron la Junta Militar o fueron ministros de Pinochet. Entre los firmantes del documento que fue entregado a La Moneda, estaba Forestier y Jorge Zincke, también encausado por cinco delitos de secuestro en Linares en 1973. Todos ellos, junto con reconocer las violaciones a los derechos fundamentales durante el régimen de Pinochet y condenar las remociones de cuerpos de desaparecidos posteriores, dedicaron un cuidado párrafo de respaldo a la gestión de Cheyre.

Así las cosas, a dos meses de las tres décadas del golpe militar que dejó más de tres mil muertos o desaparecidos cada uno de los actores juega sus cartas para "cerrar" el capítulo más postergado de la transición, uno de los más negros de la historia y del cual todos tratan de salir lo mejor parado posible.

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