Año 2, N.40. Domingo 20 de Julio de 2003
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La Junaeb y los concesionarios del PAE (II Parte)
LAS INJUSTICIAS DEL ALMUERZO
(Por Mariano Cubillos y Marcelo Miranda)Para los cien mil estudiantes más pobres del país, que no comen al día más que las raciones estatales licitadas por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), el almuerzo es un tesoro invaluable. También lo es para las empresas concesionarias que se adjudican este servicio y los miles de millones de pesos que esto comporta. La alimentación de un millón 350 mil niños y jóvenes no es solamente uno de los programas sociales más importantes de cuantos administra el Gobierno, es también uno de los más atractivos para la empresa privada. La última licitación de la propuesta pública realizada por la Junaeb contiene serias irregularidades. Pero ello no significa que los hombres precisos, en el momento y lugar adecuados, no puedan hacer la diferencia entre una licitación favorable y una desventajosa.


El 30 de junio pasado concluyó el proceso de licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para el periodo comprendido entre marzo de 2004 y febrero de 2007.

Ese día, en alguna dependencia de la Junaeb, ésta seleccionó y adjudicó a doce empresas el servicio de 346 mil 400 raciones estatales diarias para las regiones IV, V, IX, XII, y para un tercio de la Metropolitana, por un precio de 102 mil 440 millones de pesos.

Pero había algunas irregularidades.

Ese 30 de junio, la Comisión de Adjudicación –compuesta por seis representantes del organismo y otros cinco de Integra, Junji, Hacienda y Educación- no advirtió la no concordancia de ciertos datos primordiales; situación que, según las normativas que rigen el proceso, lo invalidaba y echaba por tierra.

Aun así, la reunión continuó.

La primera en hablar fue la encargada del Departamento de Gestión de Recursos de la Junta, Valentina Valpuesta, quien en el pasaje más significativo de su intervención señaló: "En el proceso de inscripción y calificación de las empresas en el Registro de Proveedores, calificaron un total de 32 empresas"; de las que sólo 28 presentaron ofertas.

Concluido el informe de Valpuesta, la Comisión oyó a la jefa del Departamento de Auditoría Interna de la Junta, María Sharp. La auditora explicó por qué las ofertas de ocho empresas se desestimaban, apoyando su argumentación en que "el reporte de la Universidad de Chile y el de Auditoría Interna coinciden plenamente". Sharp sabía que la correspondencia de estos dos informes –uno magnético, el otro impreso- es condición también indispensable para las empresas favorecidas, e ineludible para validar la adjudicación de estas enormes sumas de dinero público.

Zanjados los alcances de la Auditoría y despachados otros asuntos técnicos, se procedió al examen del informe de la consultoría de la U. de Chile. Este presentaba 384 escenarios posibles. Del análisis de las mejores alternativas, propuso seleccionar "la solución número 39 para la adjudicación definitiva".

El Director Nacional de la Junaeb, Francisco Espejo, atendiendo el supuestamente invulnerable método del "modelo matemático de programación lineal" de la U. de Chile decidió que sí, que la 39 era la mejor.

Sólo entonces el notario público, Osvaldo Pereira, abrió los sobres sellados que contenían los nombres de las empresas adjudicatarias -antes anónimas, por los códigos secretos que hasta entonces les correspondían (Ver recuadro1).

VALPARAISO SIN COMIDA, NO HAY PROBLEMA.


El error del proceso consistía en una pequeña pero significativa diferencia: si bien los números de oferta asociados a los códigos de dos empresas coincidían en ambos informes, no sucedía lo mismo entre esos números de oferta y las Unidades Territoriales (UT) asignadas a éstas por uno y otro. Los antecedentes magnéticos proporcionados por las entidades privadas, y que procesara la U. de Chile según el "modelo matemático", diferían de los impresos que refrendaba la Junaeb en su Acta de Selección y Adjudicación.

La información magnética y codificada de la Universidad de Chile establecía que para la oferta número 3537 de la empresa 6528 se adjudicaban las UT 1355 y 1339. El documento impreso -parte del Acta de Selección y Adjudicación de la Junaeb-, en cambio, sólo consignaba la 1335.

La U. de Chile destinaba a la oferta 834, de la empresa 7504, las UT 506, 508, 510 y 511. El reporte impreso de la Junta no adjudicaba las mismas, sino la 506, 508, 511 y 1339 (Documentos en www.elperiodista.cl).

En definitiva, en el caso de estas dos empresas lo refrendado, validado, auditado y notariado por la Junta, era irregular. Los acápites números 2 y 3 del artículo Nº16 de las Bases Administrativas Generales que rigen la propuesta, establecen que el proceso será regular en tanto haya validez y consistencia entre la oferta digital –magnética- y el respaldo documental o impreso.

El hecho se traduce, al menos teóricamente, en que los estudiantes más pobres de la ciudad de Valparaíso-UT 510– no comerán en los próximos tres años, ya que esta UT no aparece adjudicada.

Asimismo, y de acuerdo a las UT asignadas, SAI S.A. y Sodexho –empresas partes de un holding e involucradas en la irregularidad-, habían dejado en clara desventaja las ofertas de sus competidoras. Además, la UT que perdía SAI S.A la ganaba Sodexho, compensando en parte la que ésta perdía en Valparaíso.

Después de examinar los documentos de la adjudicación, y tras advertir las inconsistencias antes señaladas, los concesionarios se reunieron con el director nacional de la Junaeb y sus asesores más cercanos. Al día siguiente, Espejo entraba en las oficinas del ministro de Educación, Sergio Bitar.


El director de comunicaciones de este último confirmó a El Periodista que el ministro se había reunido con Espejo, pero que este tema específico no fue tratado; situación que Espejo se encargaría de matizar: "Normalmente nos reunimos con el ministro, para ver la marcha de la institución. Allí tocamos distintos temas (…), pero prefiero no comentar: son temas reservados, institucionales".

No obstante, respecto del proceso de licitación, Espejo asevera: "No está suspendido, está vigente. Han aparecido algunas discordancias menores, pero ante la duda vamos a elevar una consulta a la Contraloría".

El director entiende que "puede haber interpretaciones distintas" respecto de los datos consignados en los informes, pero que ello es "menor", secundario, adjetivo, comparado con los beneficios que reporta la nueva adjudicación: "De hecho estamos contratando a empresas que han tenido un muy buen nivel de desempeño".

Espejo asegura que los datos que se utilizan (en ambos formatos) para adjudicar, son idénticos. "Lo que ha cambiado…, la discrepancia observada es respecto de la numeración. Es como el orden de página. Si usted busca por el correlativo le aparece otra oferta, porque lo que cambia no es la oferta, es el correlativo. Pero si usted busca en el formato de papel, usted encuentra la oferta que tiene otro correlativo".

En la aclaración que redactó, y que después formalizara en la notaría de Osvaldo Pereira, el director de la Junta señala, en términos generales, que la oferta X magnética equivale a la oferta Y del papel. "Pero si usted abre esas ofertas –advierte- va a ver que son exactamente iguales. Aparecen distintas porque hubo una alteración en la compaginación de la impresión del listado. Pero las ofertas son idénticas…, pero en otro orden".

Un orden que, no obstante, no está contemplado en las Bases Generales de la propuesta pública.

El error: ¿un acto fallido?, ¿un mero error de administración?, ¿una intervención premeditada en los registros magnéticos, e inadvertida hasta ese momento? ¿Qué harán los concesionarios, especialmente los perjudicados? ¿Recurrirán a los tribunales? ¿O el problema de la solución 39 se arreglará mucho antes, y sin el concurso de las entidades fiscalizadoras del empleo del erario fiscal?



"EL REVES DE LA TRAMA"


Si el problema es "menor" -según el calificativo del director nacional de la Junaeb-, ¿por qué se recurre a la Contraloría General de la República? Francisco Espejo responde que "esta práctica es habitual".

Y tiene razón: en octubre del año 2002, la primera licitación tuvo que ser declarada desierta: se excedió en mil 500 millones de pesos el presupuesto asignado por Hacienda. En aquella oportunidad, Espejo reconoció que haber exigido a las concesionarias reducir el índice de manipuladoras –de una por cada 100 alumnos, a una por 80-, como asimismo enchapar con formalita los mesones de cocina e implementar el uso de bandejas de acero, "no incidía en la calidad de la alimentación, aunque sí en los costos".

Pero lo que en ese momento no incidía en la calidad de la alimentación, sí había tenido resultados "de otro orden" en la licitación del año anterior.

En esta última las concesionarias habían comprado cerca de 450 mil bandejas de acero. Cada una valía alrededor de tres mil 500 pesos. Esto quiere decir que Tai Ping, un comerciante e importador taiwanés, obtuvo más de mil 500 millones de pesos por la venta de éstas. Un buen negocio; pero no para la Junaeb, que pese a estar pagando una especie de arriendo por las mismas, no le pertenecen.

El asunto es que no hubo necesidad de bandejas de acero ni de chapas de formalita para la segunda licitación. Tampoco hubo la necesidad de mejorar las condiciones laborales de las cocineras, hecho que sí significaba y significa un mayor ahorro para las concesionarias: un simple ejercicio matemático demuestra que menos trabajadoras por más raciones equivale a menos gastos en sueldos.

Sin embargo, la optimización de los recursos estatales para esta segunda licitación no impidió que la empresa Osiris se adjudicara algunas UT por un precio mayor que el ofertado por Hendaya por las mismas. Aun así, la Contraloría tuvo que aceptar las atribuciones "discrecionales" de Francisco Espejo, quien reafirmó el resultado de la adjudicación.

No hubo mayores reclamos en esa oportunidad. Y menos de Osiris o de uno de sus dueños y representante legal, Emilio Escobar Fernández, primo hermano del presidente de la República.

La que sí realizó un amago de denuncia, aunque por otros motivos, fue la empresa de Carlos Carvallo Escola –ex funcionario de la Junaeb-, quien se desistiría de llevarla hasta sus últimas consecuencias después de obtener nueve mil raciones en el sector oriente de la capital; raciones cedidas muy solidariamente por la empresa Raciocil fuera del proceso normal de licitación.

Carvallo no es el único ex funcionario público consagrado al ámbito privado. Yerko Marinovic, actual presidente ejecutivo de Dipralsa S.A., fue jefe del Departamento de Finanzas de la Junaeb durante la dictadura.

A ello tal vez cabría agregar la situación irregular de la empresa Alisur. Esta opera actualmente en la UT 501, correspondiente a las comunas de La Ligua, Zapallar, Cabildo, Papudo y Petorca, en la V Región.

A mediados del año pasado esta empresa quebró, o al menos no pudo seguir operando debido a problemas financieros. A pesar de ello se presentó en esta nueva licitación. El Título XI –sobre vigencia, término y cesión de contrato- , Artículo 64, punto 11, de las Bases Generales de las propuestas 1/3003, señalan expresamente que se excluirá del proceso a la empresa que no califique por incapacidad financiera.

Providencialmente, la empresa Acalsil le cedió la UT 501. El administrador público Cristián Martínez Ahumada, actualmente en el cargo de Jefe del Departamento de Planificación y Estudios de la Junaeb, está emparentado con un ejecutivo de Alisur, Carlos Contreras.

Entre los años 1999 y 2000 se reajustó el sueldo mínimo. En Valdivia, algunas empresas no pagaron esta diferencia a las manipuladoras, pese a que el Estado transfirió los montos a las concesionarias. La Junta decidió realizar una investigación interna, la que fue encomendada a Neftalí Dinamarca. El resultado de estas indagaciones está en el departamento de Auditoría Interna de Junaeb, pero "es información reservada". Una fuente cercana a la Junta asegura, sin embargo, que "la investigación quedó en nada, ni siquiera se cursaron multas o algo parecido".

En aquellos años, Martínez Ahumada se desempeñaba como subdirector del Departamento de Supervisión. ¿Qué papel le cupo a éste, al director regional de la X Juan Cárdenas y al en ese entonces relacionador público de Acalsil, Ramón Araneda, en esas irregularidades?

Esta serie de hechos, ¿también serán parte de los "errores de interpretación" a los que alude Francisco Espejo cuando habla de las adjudicaciones?



En acta de selección y adjudicación del 30 de junio de 2003



- UT: Unidad (es) territorial (es).

- $M: Millones de pesos; $MM: Miles de millones.

- *Anualmente se licitan cuatro regiones y un tercio de la metropolitana para un periodo de tres años.

- (*) No aparece en el Registro de Proveedores de la Junaeb para la licitación 1/2003.

- (**) La comparación entre las asignaciones de UT, entre el Modelo Matemático de Programación Lineal (de la U. de Chile) y las del protocolo de acuerdo ratificado por la auditoría interna de Junaeb, no coinciden. (Ver documentos en www. elperiodista.cl)

El abogado Adolfo Ballas Azócar, además de presidir el directorio de la Empresa de Servicios Sanitarios Atacama (Emssat S.A.) es dueño de la sociedad Distribuidora Alimentos Nacional S.A. (Dialsa), actualmente concesionaria de Junaeb en la III Región.

No son pocos los ejecutivos de algunas empresas concesionarias que han hablado de "rumores" en la III Región, y que circulan dentro del gremio. Pero estas afirmaciones vagas, sin antecedentes ni consecuentes observables tienen, en los documentos cedidos a El Periodista por fuentes del organismo público y de las direcciones del trabajo de la III Región, bases sólidas y comprobables.

El abogado y presidente ejecutivo de la empresa Dialsa S.A, esposo de María Campos, y familiar del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Claro, dice el informe, "ha cometido una serie de irregularidades en la entrega de alimentación (verificable en los ‘formularios de certificación de raciones’ o fichas PAE). Además los trabajadores no reciben el sueldo oportunamente. La Dirección del Trabajo regional ha cursado ya varias sanciones en este sentido. En las Inspecciones del Trabajo de Copiapó y Vallenar están los antecedentes que acreditan el no pago o los incumplimientos relacionados con las remuneraciones. Todos los abusos son encubiertos por las autoridades regionales". No hay multas. Y según la calificación por desempeño, esta empresa es intachable.

El siguiente es un extracto de los términos de los contratos que suscribe Ballas con sus empleados:

- Primero: "(…) contrata los servicios de la trabajadora para realizar las labores de Manipuladora de Alimentos y cualquier otra actividad que se relacione con la limpieza, preparación, cocción y conservación de alimentos (…) e "higienizar cocinas y otros lugares destinados (…) a la preparación" de éstos.

- Segundo: La trabajadora "podrá ser trasladada a otro establecimiento dentro de la comuna (…) de acuerdo a las necesidades de la empresa".

- Séptimo: "El trabajador será responsable por las pérdidas, roturas, quebrazón o deterioro de refrigeradores, equipos, insumos, mercaderías, bandejas (…) lo cual será descontado de sus propias remuneraciones (...)".

- Décimo: "La manipuladora será responsable de las multas aplicadas por infracción a lo establecido en el Código Sanitario, bases Junaeb y reglamento interno de la empresa (…) y serán descontadas de la liquidación (…)".

Sueldo: 111 mil 200 pesos. Jornada: 48 horas semanales.

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